(Minghui.org) Cinco residentes del condado de Suiling, provincia de Heilongjiang, fueron sentenciados a prisión el 16 de octubre de 2025 por su fe en Falun Gong, una disciplina espiritual perseguida por el Partido Comunista Chino desde julio de 1999.

El Sr. Li Zhongyuan fue sentenciado a cinco años y el Sr. Wang Yu a cuatro años y medio. Los Sres. Xiu Zhongchen y Zhao Shuquan fueron sentenciados a dos años y medio cada uno, con cuatro años de libertad condicional. El Sr. Jiang Ming fue sentenciado a dos años, con tres años de libertad condicional. Los cinco también recibieron una multa de 10.000 yuanes cada uno.

Los practicantes fueron arrestados el 10 de mayo de 2025, por orden de la División de Seguridad Nacional de la provincia de Heilongjiang. La policía de las ciudades de Hailun y Suihua estuvo a cargo de los arrestos, con la asistencia de sus homólogos del condado de Suiling. Hailun está bajo la administración de la ciudad de Suihua.

Los practicantes fueron atacados después de que agentes vestidos de civil los vieran distribuyendo material informativo sobre Falun Gong en la ciudad de Hailun. Fueron grabados en video y fotografiados. El material distribuido también se utilizó como prueba en su contra.

Los arrestos comenzaron a las 3:00 a. m. del 10 de mayo. Un practicante fue detenido nada más salir de su casa por agentes vestidos de civil que habían estado apostados afuera. La policía no presentó sus identificaciones ni una orden de registro, ni notificó a su familia del arresto.

Los cinco practicantes fueron llevados al Centro de Detención de la ciudad de Hailun el día de su arresto. El Tribunal de la ciudad de Hailun los sentenció el 16 de octubre de 2025. Se desconoce cuándo fueron acusados o juzgados.

Los Sres. Li y Wang ingresaron en la Prisión de Beian. Dado que los Sres. Jiang,  Xiu y Zhao fueron puestos en libertad bajo fianza antes del juicio, este último fue puesto en libertad bajo fianza tras enfermar bajo custodia, los tres fueron obligados a escribir declaraciones de renuncia a su fe y se les ordenó usar una aplicación móvil para comunicarse con las autoridades diariamente y presentarse en persona en la oficina judicial local cada mes.