(Minghui.org) Muchos practicantes de Falun Gong que fueron condenados a prisión por defender su fe en los últimos años también vieron suspendidas sus pensiones por la oficina local de la seguridad social.
La mayoría de las oficinas de la seguridad social citaron una carta emitida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en 2001, titulada "Carta de respuesta de la Oficina General del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sobre cuestiones relativas a las prestaciones del seguro de pensiones para los jubilados después de ser condenados". Argumentaban que, según la carta, los jubilados condenados a prisión no tienen derecho a ninguna prestación de jubilación mientras cumplen condena.
Pero, según la legislación laboral china, la pensión es un patrimonio legítimamente ganado por el jubilado y no puede perderse por el mero hecho de ser condenado. Como organismo administrativo, la oficina de la seguridad social solo gestiona los fondos para el jubilado y no tiene potestad para suspender los fondos de ningún individuo.
A pesar de la falta de base legal, las oficinas de la seguridad social de todo el país siguen exigiendo a los practicantes de Falun Gong que devuelvan los fondos de jubilación que se les entregaron durante sus condenas a prisión. Cuando los practicantes se niegan a cumplir, las oficinas les suspenden la pensión para que "devuelvan" el fondo.
Tal es el caso de la Sra. Zhu Chunrong, residente en la ciudad de Jixi, provincia de Heilongjiang.
Pocos días después de que la Sra. Zhu fuera puesta en libertad en mayo de 2021 tras cumplir una condena de 2,5 años por su fe en Falun Gong, se le ordenó devolver la pensión de 81.782,64 yuanes (unos 12.349 dólares) que recibió durante su encarcelamiento.
La oficina de seguridad social alegó que, de acuerdo con una nueva política, Zhu no tenía derecho a recibir ninguna prestación de jubilación durante su condena. Dijeron que si devolvía el fondo, podrían empezar un nuevo ciclo de pago de su pensión a partir de junio de 2021.
Para asegurarse de que seguía teniendo unos ingresos estables, su familia reunió rápidamente 53.873,94 yuanes (unos 8.135 dólares) y los presentó a la oficina de la seguridad social.
En julio, tras dos meses de recuperación de las torturas sufridas bajo custodia, la Sra. Zhu acudió a la oficina de la seguridad social con su familia y exigió a la oficina que le mostrara la base legal para ordenarle que devolviera el fondo. Los funcionarios le mostraron la carta mencionada.
La Sra. Zhu dijo a los funcionarios que la carta era contraria a la legislación laboral china. Decidió que no debía cooperar con la oficina y se negó a hacer otro pago de los 27.908,7 yuanes (4.214 dólares) restantes. Por ello, la Seguridad Social le suspendió la pensión a partir de julio.
El 28 de agosto de 2021, la Sra. Zhu escribió a la oficina de la seguridad social exigiendo que le restituyeran la pensión, pero fue en vano. Posteriormente, se puso en contacto con la oficina varias veces más, pero siempre las respuestas fueron evasivas.
La Sra. Zhu presentó una moción de reconsideración administrativa ante la Oficina de Apelaciones del Gobierno de la ciudad de Jixi el 16 de diciembre de 2021, exigiendo una investigación de su caso. La agencia aceptó el caso el 27 de diciembre y decidió rechazar su moción el 26 de enero de 2022.
El 16 de febrero de 2022, la Sra. Zhu interpuso un contencioso administrativo ante el Tribunal del Distrito de Jiguan. El juez aceptó su caso al día siguiente.
Antes de la vista del 15 de abril de 2022, los funcionarios del tribunal le pidieron que no mencionara en su demanda que practicaba Falun Gong y si el documento que le había entregado la oficina de la seguridad social era legal o no. Ella se negó a hacerlo.
La Sra. Zhu argumentó en la vista que ninguna ley laboral china ha dictaminado que los ciudadanos chinos deban verse privados del pago de pensiones cuando cumplen penas de prisión. La notificación en sí es solo una carta, no una ley promulgada. Por tanto, era ilegal que la oficina de la seguridad social la utilizara como referencia legal para suspender su pensión.
Señaló que, según otra carta emitida por el Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social en 2017, "los documentos normativos no establecerán licencias administrativas, sanciones, coacciones, tasas u otros asuntos fuera del ámbito legal; los organismos pertinentes no vulnerarán los intereses de los ciudadanos, las personas jurídicas u otras organizaciones sin basarse en leyes y reglamentos administrativos". Así, la carta emitida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en 2001 ha violado claramente lo establecido por la carta de 2017.
La Sra. Zhu añadió que, cuando la oficina de la seguridad social suspendió su pensión, aplicó la ley de sanciones patrimoniales. Pero en realidad, como organismo administrativo, la oficina no tenía derecho a hacerlo.
El 19 de mayo se notificó a Zhu la decisión del juez de rechazar su caso. Apeló ante el Tribunal Intermedio de la ciudad de Jixi el 1 de junio de 2022. También presentó ejemplos de jueces de otras provincias que habían fallado a favor de practicantes de Falun Gong en casos similares de disputas sobre pensiones. Sin embargo, el Tribunal Superior decidió mantener el veredicto original el 31 de septiembre de 2022.
La Sra. Zhu dijo que, a pesar de los obstáculos, no se desanimaba, sino que continuaría con su esfuerzo por buscar justicia.
Información de contacto de los represores:
Sun Yong (孙勇), presidente del Tribunal Intermedio de la ciudad de Jixi.
Tian Jinghui (田晶辉), juez: +86-467-2881897.
Yan Guangdan (闫广丹), presidente del Tribunal del Distrito de Jiguan: +86-17645355001, +86-467-2638333.
Xu Chunbo (徐春波), director de la Oficina de Seguridad Social de la ciudad de Jixi: +86-15604675077, +86-467-2386601.
(Más información de contacto de los represores en el artículo original en chino)
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Categoría: Hechos de la persecución
