(Minghui.org) El Departamento de Estado de EE. UU. publicó el 12 de mayo de 2021 el "Informe 2020 sobre libertad religiosa internacional", en el que se destaca la continua persecución religiosa contra el pueblo chino.
Desde 1999, año en que el partido comunista chino inició la persecución hacia Falun Gong, una antigua disciplina espiritual, China ha sido designada por el Departamento de Estado de EE. UU. como "País de especial preocupación" cada año.
Al igual que en el informe sobre la libertad religiosa del año pasado, el Departamento de Estado citó el sitio web Minghui.org por sus informes diarios que cubren los relatos de primera mano de la persecución contra los practicantes de Falun Gong.
El secretario de estado de EE. UU., Antony J. Blinken, dijo en la rueda de prensa del 12 de mayo que han compartido el informe con el Congreso de EE. UU., y que EE. UU. está trabajando para que los violadores a los derechos humanos rindan cuentas por sus crímenes.
"El gobierno [del partido comunista chino (PCCh)] siguió imponiendo el control sobre la religión y restringiendo las actividades y la libertad personal de los creyentes que percibía como una amenaza para los intereses del estado o del PCCh... Siguió habiendo informes de muertes bajo custodia y de que el gobierno torturó, maltrató físicamente, arrestó, detuvo, condenó a prisión, sometió a adoctrinamiento forzoso en la ideología del PCCh o acosó a adherentes de grupos religiosos, tanto registrados como no registrados, por actividades relacionadas con sus creencias y prácticas religiosas", dice el informe.
A continuación se exponen algunos aspectos destacados del informe.
Estadísticas sobre la persecución de Falun Gong
El informe sobre la libertad religiosa en 2020 citó los informes de resumen anual compilados por Minghui.org, que documentaron 6.659 detenciones y 8.576 casos de acoso a practicantes de Falun Gong en China en 2020, siendo Hebei, Heilongjiang, Shandong, Jilin, Sichuan y Liaoning los que registraron más casos. Los practicantes perseguidos procedían de todos los ámbitos de la vida, incluidos profesores, ingenieros, abogados, periodistas, escritores y bailarines.
El informe anual de 2020 incluía ejemplos de 27 practicantes y tres de sus familiares que fueron detenidos los días 22 y 23 de septiembre en la ciudad de Harbin, provincia de Heilongjiang, así como los 46 practicantes del condado de Gaomi, provincia de Shandong, que fueron detenidos y a los que se les tomaron muestras de sangre el 22 de julio. En otro caso de acoso, el 2 de agosto, la policía gritó a un practicante: "La ley no se aplica a ustedes. Vamos a acabar con todos ustedes".
El informe también citaba un informe del Centro de Información de Falun Dafa sobre el acoso a los practicantes en Beijing antes de las grandes reuniones políticas anuales de mayo, que incluía el saqueo de domicilios y breves detenciones.
Además, también hubo 622 practicantes condenados a prisión, con penas que van de 3 meses a 14 años, con una media de tres años y cuatro meses.
Se confirmó que otros 83 practicantes fueron perseguidos hasta la muerte, algunos fueron torturados hasta morir bajo custodia y otros fallecieron después de ser liberados.
En concreto, dos de los practicantes, entre ellos Zhang Zhiwen, de la provincia de Henan, y Li Ling, de la provincia de Shandong, murieron bajo custodia tras cuatro y dieciséis días después de ser detenidos en mayo y junio, respectivamente.
Discriminación y medios de vida afectados
Aunque ninguna ley criminaliza a Falun Gong en China, "el PCCh mantiene un aparato de seguridad extralegal, dirigido por el partido [oficina 610], para eliminar al movimiento Falun Gong y otras organizaciones", señala el informe.
Tras el estallido de la pandemia de COVID-19, las autoridades utilizaron "programas de reconocimiento facial y rastreo telefónico, para identificar y detener a miembros de grupos religiosos no registrados o prohibidos". Un empleado del gobierno en la provincia de Shandong informó que sus superiores le ordenaron buscar a los inquilinos no locales, especialmente a los practicantes de Falun Gong y a los miembros de otros grupos prohibidos.
Además de las detenciones arbitrarias, el acoso, la tortura y la condena de los practicantes, el informe constató que estos también se enfrentaban a una grave discriminación en "el empleo, la vivienda y las oportunidades de negocio".
Zha Zhuolin, supervisor de la policía en la ciudad de Yuzhou, provincia de Henan, fue despedido de su trabajo por no renunciar a Falun Gong. Su supervisor, Xu Wang, le dijo: "La primera regla para un policía es ser leal al partido [comunista chino]".
Sustracción de órganos
En los últimos años, cada vez son más los países y organizaciones que condenan los delitos de extracción forzada de órganos perpetrados contra presos de conciencia en China, especialmente contra practicantes de Falun Gong.
En el informe publicado por la ONG estadounidense Fundación Conmemorativa de las Víctimas del comunismo (VOC, por sus siglas en inglés), titulado "Organ Procurement and Extrajudicial Execution in China: A Review of the Evidence" (Adquisición de órganos y ejecución extrajudicial en China: una revisión de las pruebas), se afirma que "los practicantes de Falun Gong y los presos de conciencia musulmanes uigures eran la fuente más probable de órganos para la venta en el mercado de trasplantes de órganos del país".
El informe sobre libertad religiosa también documenta la sentencia final del Tribunal de China, creado por la ONG Coalición Internacional para Acabar con los Abusos en los Trasplantes en China, con sede en Australia, que confirma el programa estatal de sustracción forzada de órganos de presos de conciencia, principalmente practicantes de Falun Gong, que lleva décadas en marcha. La sentencia se basó en "relatos de testigos presenciales de personas de Falun Gong y uigures sobre exámenes médicos involuntarios, que incluían radiografías, ecografías, análisis de sangre y pruebas de ADN".
Se desconoce el paradero del abogado de derechos humanos Gao Zhisheng
El abogado de derechos humanos Gao Zhisheng, que estaba en el punto de mira por buscar justicia para los practicantes de Falun Gong, grupos cristianos y otras minorías, permanece "desaparecido" desde septiembre de 2017.
Jubilee Campaign, una ONG que aboga por los derechos humanos y la libertad religiosa, presentó un documento escrito en la 45.ª Sesión Ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2020, en el que pedía al PCCh que "liberara incondicionalmente y con efecto inmediato a todos los presos de conciencia políticos y religiosos, incluido el abogado Gao Zhisheng".
Aunque algunos medios de comunicación informaron que el abogado Gao "seguía bajo la custodia de la policía de seguridad del Estado", su hija presentó una declaración en vídeo al Consejo de la ONU en la que decía: "Al día de hoy, no sé si está vivo o no".
Estados Unidos adopta una postura más dura para condenar el deterioro del historial de derechos humanos del PCC
En los últimos años, Estados Unidos ha adoptado una postura más dura ante el historial de abusos de los derechos humanos por parte del PCCh.
Mike Pompeo, el anterior secretario de estado, condenó abiertamente la persecución a la libertad religiosa por parte del PCCh en múltiples ocasiones. En un discurso pronunciado en octubre de 2020 durante una visita a Indonesia, Pompeo dijo que "la amenaza más grave para el futuro de la libertad religiosa es la guerra del partido comunista chino contra las personas de todas las religiones: musulmanes, budistas, cristianos y practicantes de Falun Gong por igual".
Mientras tanto, el embajador y otros funcionarios de la embajada y el consulado general de EE. UU. iniciaron más reuniones para "abogar por una mayor libertad y tolerancia religiosas, y por la liberación de las personas encarceladas por motivos religiosos".
El mismo día de la publicación del informe 2020, el secretario Blinken anunció la sanción de Yu Hui, exdirector de la oficina 610 de la ciudad de Chengdu, provincia de Sichuan, por sus "graves violaciones a los derechos humanos, concretamente la detención arbitraria de practicantes de Falun Gong".
Yu es el segundo funcionario del PCCh que ha sido sancionado específicamente por su participación en la persecución a Falun Gong. El primer funcionario del PCCh fue Huang Yuanxiong, jefe de la oficina de seguridad pública de Xiamen de la comisaría de Wucun, en la provincia de Fujian.
"Huang está asociado a violaciones especialmente graves de la libertad religiosa de los practicantes de Falun Gong, concretamente a su participación en la detención e interrogatorio a practicantes de Falun Gong por practicar sus creencias. La acción de hoy también se aplica a la cónyuge del Sr. Huang", dice un comunicado del Departamento de Estado.
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