(Minghui.org) Han pasado casi cuatro meses desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia del coronavirus el 11 de marzo de 2020 y han surgido innumerables pruebas que demuestran el intenso encubrimiento del brote en sus inicios, por parte del partido comunista chino (PCCh).

Ahora que una viróloga de Hong Kong ha decidido revelar cómo el PCCh engañó al pueblo chino y al mundo sobre el virus, ha encontrado graves represalias: sus padres le rogaron que guardara silencio para evitar convertirse en el blanco de los ataques de las autoridades. Su empleador retiró sus datos de su sitio web y la despidió.

Li-Meng Yan es una investigadora de la Universidad de Hong Kong. Aunque su página en el sitio web de la universidad ha sido eliminada, información en Internet como la de los prestigiosos simposios Keystone, en los que Yan hizo una presentación sobre la vacuna contra la gripe en 1998, indica que recibió formación como doctora en medicina y un doctorado.

Yan dijo que el gobierno chino aunque conocía la existencia del coronavirus a finales de diciembre de 2019, optó por retener la información, según informó Fox News el 10 de julio en un artículo titulado: "La viróloga china que acusa a Beijing de encubrir el coronavirus huye de Hong Kong: 'Sé cómo tratan a los denunciantes'".

La transmisión de humano a humano se conocía en diciembre de 2019

Yan huyó a los Estados Unidos el 28 de abril de 2020 después de que le dijeran que dar a conocer el encubrimiento del PCCh en Hong Kong, podía poner en peligro su integridad, pudiendo resultar en su encarcelamiento o "desaparición".

Trabajando en un laboratorio de referencia de la OMS, fue una de las primeras científicas en el mundo en estudiar el nuevo coronavirus. Su supervisor, un experto de alto nivel en la materia asociado de la OMS, le pidió que investigara los casos similares al SARS que salieron de China continental a finales de diciembre de 2019.

"El gobierno chino se negó a permitir que los expertos extranjeros, incluidos los de Hong Kong, hicieran investigaciones en China", dijo Yan en la entrevista, "así que recurrí a mis amigos para obtener más información".

A través de su extensa red de colegas médicos, Yan supo que el virus se transmitía de persona a persona el 31 de diciembre de 2019. Al informar sobre esto a su supervisor, se limitaron a decirle que siguiera trabajando. Sin embargo, el CDC chino no anunció la transmisión de humano a humano hasta el 21 de enero de 2020, tres días antes de cerrar la ciudad de Wuhan, el epicentro del virus.

El testimonio de Yan es consistente en relación con la información obtenida de otras fuentes. Ai Fen, directora del Departamento de Emergencias del Hospital Central de Wuhan, dijo que los resultados de las muestras de los pacientes confirmaron la existencia del coronavirus en su hospital el 30 de diciembre de 2019. Además de informar de esto a las autoridades sanitarias, también lo compartió a través de las redes sociales. Esto la condujo a recibir múltiples acciones disciplinarias por parte de los funcionarios. Uno de sus compañeros de trabajo, Li Wenliang, también fue silenciado y más tarde moriría de la enfermedad el 7 de febrero de 2020.

El encubrimiento de los funcionarios

La experiencia de Li-Meng Yan describe una historia similar. Afirma que la OMS anunció el 9 de enero que no se transmitía de persona a persona, basándose en información procedente de China. Además se prohibió a los profesionales médicos de China discutir el asunto. "Aunque no podemos hablar de ello, necesitamos usar máscaras", todos sus contactos en China continental le decían básicamente lo mismo.

Volvió a intentar dar la voz de alarma comunicándoselo a su supervisora el 16 de enero; sin éxito. "Guarda silencio y ten cuidado", le dijeron. "No cruces la línea roja", añadió la supervisora: "De lo contrario, nos meteremos en problemas y desapareceremos".

Añadió que Malik Peiris, codirector de un laboratorio afiliado a la OMS, también estaba al tanto de la situación, pero no hizo nada para alertar al público.

Aunque sentía la obligación de compartir la información con la gente, ya que se podrían haber salvado muchas vidas, Yan también conocía las posibles consecuencias. "Sé cómo tratan [los funcionarios del PCCh] a los denunciantes", explicó.

Su temor se confirmó cuando compartió su dilema con su marido. "Él me culpó, intentó romper mi confianza... Dijo que nos matarían a todos", recordó. Eso la hizo decidirse a ir a los EE. UU. y hablar.

Las represalias no se hicieron esperar. La Universidad de Hong Kong retiró su página y le revocó el acceso a sus portales y correos electrónicos. Un portavoz de la institución dijo que Yan ya no es su empleada.

Algunos funcionarios también fueron a su ciudad natal en Qingdao, provincia de Shandong, y saquearon su apartamento mientras amenazaban a sus padres. Aterrorizados, sus padres le rogaron a Yan que volviera y abandonara la lucha, que permaneciera en silencio.

Pero Yan dijo que no dejaría de hablar, a pesar de las continuas amenazas del PCCh.

Una invisible pero sólida línea roja

Li-Meng Yan no es la primera en desenmascarar la desinformación del PCCh. Pero al igual que Ai Fen y Li Wenliang antes mencionados, casi todos los que se atrevieron a hacerlo se enfrentaron a graves consecuencias por su valor y honestidad.

De acuerdo con los Defensores de los Derechos Humanos Chinos (Chinese Human Rights Defenders), una organización sin fines de lucro con sede en Washington, D.C., los funcionarios chinos arrestaron al menos a 325 residentes solo entre el 22 y el 28 de enero de 2020. Fueron acusados de "difundir rumores", "crear pánico" o "intentar alterar el orden social". Fueron castigados con detención, multas o "educación disciplinaria".

Además, las autoridades chinas de todos los niveles han seguido de cerca el tono oficial del PCCh. El 30 de diciembre de 2019, día en que Ai confirmó la infección por coronavirus en su hospital, la comisión de salud de Wuhan emitió un aviso urgente sobre numerosos casos de una neumonía desconocida relacionada con el mercado de mariscos de Huanan, en Wuhan. También prohibió a las instituciones médicas o a las personas que revelaran cualquier información del asunto sin autorización.

Además, la información obtenida por Minghui indicaba que la comisión nacional de salud de China emitió una normativa el 3 de enero de 2020 (Documento 2020 Nro. 3) con las siguientes instrucciones:

1) Todos los gobiernos regionales y las comisiones de salud deben gestionar las muestras de coronavirus que causaron la neumonía de Wuhan de acuerdo con las normas sobre "Microorganismos altamente patógenos (Tipo 2)".

2) Sin autorización, no se permite a ninguna organización proporcionar los resultados de las pruebas a ninguna otra organización o persona.

3) Todas las instalaciones médicas deben detener inmediatamente cualquier análisis o prueba viral en curso.

4) todas las instalaciones médicas deben destruir todas las muestras tomadas a los pacientes.

(5) los médicos de primera línea en Wuhan no están autorizados a revelar ninguna información sobre la neumonía de Wuhan.

Bajo el régimen del PCCh, los funcionarios chinos siguen de cerca las narrativas del partido, erradicando cualquier intento de desafiar la gestión del PCCh o de cruzar la "línea roja", como mencionó Yan anteriormente. También se han visto muchos otros ejemplos de este tipo durante la persecución a Falun Gong, una práctica para la mejora de cuerpo y mente basada en los principios de Verdad-Benevolencia-Tolerancia.

Después de que Chen Zixiu, un practicante de la provincia de Shandong, muriera como consecuencia de graves torturas bajo custodia policial, su historia fue publicada en el Wall Street Journal por Ian Johnson, que posteriormente recibió el Premio Pulitzer en 2001 por esa historia. Sin embargo, la hija de Chen fue arrestada tres días después de la publicación del artículo. Más tarde fue acusada de "divulgar secretos de Estado" y encarcelada durante cuatro años.

Otro ejemplo es el de Wei Xingyan, una estudiante graduada de la Universidad de Chongqing, que fue arrestada por mantenerse fiel a su fe en Falun Gong. Fue violada por un oficial de policía delante de dos reclusas en el centro de detención de Baihelin en mayo de 2003. Después de que su caso fuera denunciado por Minghui.org, la oficina 610 de Chongqing tomó medidas excesivas para hacer desaparecer la historia y arrestó a más de 40 personas por exponer el incidente. Al menos diez personas fueron condenadas a prisión, con penas de entre 5 y 14 años. Todos fueron acusados del delito de "divulgación de secretos de Estado".