El 8 de diciembre de 2016, La Ley de Responsabilidad Global Magnitsky Derechos Humanos, aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en una votación de 92-7 debería ser una advertencia para los violadores de derechos humanos en todo el mundo y particularmente en China.

La ley permite al presidente negar visados a los Estados Unidos y congelar las acciones de quienes violen los derechos humanos y funcionarios extranjeros corruptos de los Estados Unidos. Muchos chinos que han estado involucrados en la corrupción y/o crímenes contra la humanidad, como la sustracción de órganos a presos de conciencia (principalmente practicantes de Falun Gong) pueden ser reclamados por la ley.

Muchos de ellos tienen negocios en los Estados Unidos y han transferido acciones a los Estados Unidos y otros países occidentales para evitar las denuncias.

Estas personas cometen sus crímenes en China y disfrutan de los ingresos en América y Occidente. Queda por ver cuánto tiempo los países que siguan las leyes continuarán permitiendo estas actividades.

El 20 de abril, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, envió una carta a los Presidentes de los Comités de Asignaciones y Judicatura de la Cámara de Representantes y del Senado, a los Comités de Relaciones Exteriores y Servicios Financieros de la Cámara de Representantes y a los Comités del Senado de Relaciones Exteriores y Banca, Vivienda y Asuntos Exteriores.

El presidente Trump adjuntó un informe inicial sobre la aplicación de la ley. El informe, compilado por los Departamentos de Estado, el del Tesoro y otros departamentos y agencias ejecutivas relevantes; en la carta, dijo el Presidente “resume el apoyo de mi Administración a esta importante legislación y deja claro nuestro compromiso con su aplicación sólida y exhaustiva”.

La carta dice: “Como se señala en el informe, mi administración está identificando activamente a personas y entidades a quienes se pueda aplicar la ley y está reuniendo las evidencias necesarias para aplicarla. En las semanas y meses que vienen, las agencias procederán a una meticulosa revisión para asegurar que cumplimos nuestro objetivo de hacer responsables a los perpetradores de corrupción y de abusos a los derechos humanos y la corrupción”.

“A medida que implementemos esta legislación, Estados Unidos continuará su liderazgo en la defensa de los derechos humanos fundamentales y una gobernanza sana y transparente”.

Dicha ley puede ser una mala noticia para aquellos que han estado o están involucrados en la persecución de Falun Gong en China.

De acuerdo con las estadísticas publicadas por Minghui.org, 4.103 practicantes de Falun Gong han sido torturados a muerte por negarse a renunciar a su fe y al menos cientos de miles han sido enviados a prisiones y campos de trabajo forzado desde que comenzó la persecución en julio de 1999.

La persecución, lanzada y dirigida personalmente por el ex jefe del partido comunista Jiang Zemin, no tiene base legal. Según la ley china actual, practicar Falun Gong siempre ha sido legal.

Para impulsar las políticas de persecución, Jiang Zemin aprovechó la corrupción de los funcionarios del gobierno. Muchos autores clave de la persecución, incluyendo a Zhou Yongkang y Bo Xilai, depositaron secretamente su dinero ilegal en el extranjero.

Para ayudar en la implementación de la ley, los practicantes de Falun Gong han estado recolectando pruebas activamente contra estos criminales y las presentarán al Departamento de Estado.

Los practicantes creen que el bien es recompensado mientras el mal es castigado. Muchos seguidores de las políticas de persecución ya han sido llevados ante la justicia por varias razones. La persecución ha fracasado. Esperamos que aquellos que continúan las políticas de persecución vean la tendencia, dejen de cometer crímenes y compensen sus errores tratando a los practicantes de Falun Gong con justicia. Solo entonces tendrán un futuro brillante.