Un juez pide a la Corte que investigue al líder del PCCh por genocidio

[Minghui Net]

El Clarín (Pablo Abiad)

Domingo 22 de enero de 2006

Dice que Beijing persigue a sus minorías. El funcionario estuvo hace poco en el país.

Un juez federal porteño le pidió a la Corte Suprema que investigue al secretario general del Partido Comunista chino, Luo Gan, por el delito de genocidio. Sostuvo que hay elementos suficientes para sospechar que la República Popular China viene persiguiendo a una de sus minorías y que, en virtud del llamado Derecho de Gentes y de los tratados internacionales de derechos humanos, Argentina está en condiciones de juzgarlo.

La denuncia la formuló la representante en Buenos Aires de Falun Dafa, una organización budista que fomenta en todo el mundo ciertos ejercicios espirituales y la meditación. La presentación judicial cayó en el juzgado federal 9 de la Capital el 13 de diciembre pasado, justo cuando Luo Gan -a la vez vicedirector de la oficina china que controla a los Falun Dafa- estuvo en el país invitado por el gobierno argentino.

El juez subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid se pronunció la semana pasada. Por un lado, se declaró incompetente y le recomendó a la Corte que, tratándose de un cónsul extranjero, sea ella la que continúe con el tema. Por otro lado, admitió como querellante a la representante local de Falun Dafa, Liwei Fu.

El juez señaló: "El Estado Nacional tiene la responsabilidad de investigar, juzgar y castigar a quienes aparezcan como responsables de delitos de lesa humanidad, aun cuando (éstos se comentan) fuera del país".

El fiscal al que le tocó intervenir, Eduardo Taiano, dictaminó que correspondía desestimar la denuncia porque lo que debe predominar es el principio de territorialidad, que el Código Penal argentino plasma en el primer inciso de su primer artículo. Si esto se sostuviera siempre, los ex marinos Adolfo Scilingo y Ricardo Cavallo, acusados de crímenes de lesa humanidad en el ámbito de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), nunca podrían haber sido juzgados en España.

Aráoz de Lamadrid rectificó a Taiano y argumentó que el principio de territorialidad debe ceder ante posibles crímenes de lesa humanidad. Un dato: el fiscal y el juez subrogante -secretario de la Cámara de Casación Penal- compiten en el concurso para el último juzgado vacante en los tribunales de Comodoro Py.

Un mes atrás, cuando el secretario general del PC chino vino a Buenos Aires, frente al Congreso se vivieron escenas dignas de una película de Bruce Lee. Cultores de Falun Dafa fueron a repudiar la visita de Luo Gan, que iba a ser recibido por el vicepresidente Daniel Scioli, y se cruzaron con otro grupo de chinos que enarbolaban una bandera de su país. Hubo patadas voladoras y piñas, mientras policías y militantes peronistas de Merlo y San Isidro miraban pasmados.

Falun Dafa -o Falun Gong- es un movimiento creado hace quince años. En su sitio web oficial se explica que promueven "la cultivación de la naturaleza interior de la persona, de acuerdo con los principios elevados por el Sr. Li Hongzhi". En 1999, el gobierno de Jiang Zemin los consideró ilegales y desde entonces los persigue. Organismos internacionales de derechos humanos coinciden en que las minorías en general son acosadas en China. Amnistía Internacional -entre otros- ha denunciado casos de torturas y asesinatos de miembros de Falun Dafa.

Esos son los hechos que el juez Aráoz de Lamadrid encuadró como violatorios del Derecho de Gentes. "Se trata -dijo- de un derecho imperativo para los Estados que lo reconocen, al que no le es oponible la normativa de derecho interno, ni siquiera de naturaleza constitucional". También citó fallos recientes de la Corte ("Arancibia Clavel" y "Simón"). Y consideró que lo que ponía en juego la denuncia era "el derecho universal de acceso a la justicia".

La Corte puede aceptar el caso o pasárselo de nuevo al juez.

Fecha de edición: 29/1/2006
Categoría: Medios de difusión