Amenazas veladas y presiones del Partido Comunista Chino al gobierno de España

[Minghui Net]

Por un corresponsal del periódico La Gran Época

La reciente resolución judicial de la Audiencia Nacional de España aceptando a trámite la querella contra el genocidio del Tíbet, ha molestado al parecer muy seriamente al gobierno comunista de Pekín que, reaccionando de forma inmediata, ha intentado ejercer presiones diplomáticas sobre el gobierno de España.

Según ha podido conocer La Gran Época a través de fuentes del propio Ministerio de Asuntos Exteriores de España, el gobierno comunista chino está muy preocupado por esta decisión judicial que puede permitir que en España se lleve a cabo una investigación acerca del genocidio y crímenes contra la humanidad que se ha venido cometiendo contra el pueblo tibetano desde hace décadas.

La admisión a trámite de la querella contra altos dirigentes comunistas chinos incluido el Ex presidente Jiang Zemin supone colocar en una situación difícil a la dictadura comunista, más interesada en estos momentos en transmitir al mundo occidental su potencial de inversión bajo el llamado supuesto "milagro económico" y sugerir la conveniencia de invertir en el país asiático que cuenta con mercado de más de 1300 millones de personas, que en la posibilidad de que sea descubierto y desvelado su verdadera imagen de cómo violador de los derechos humanos más esenciales.

Las fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores español han confirmado la existencia de presiones directas al gobierno de España desde la embajada de China en Madrid con la finalidad de evitar que la decisión judicial implique el inicio de cualquier tipo de investigación sobre el genocidio tibetano, algo que ha sido rechazado por el gobierno español por ser de imposible realización en un sistema donde el funcionamiento del Estado de derecho y de las libertades funciona con plenitud.

El gobierno de España ha dado las explicaciones oportunas al gobierno chino acerca de la realidad del sistema democrático español que impide cualquier tipo de interferencia del Ejecutivo en las decisiones judiciales. En un estado democrático y de derecho como es el español, la división de poderes no ofrece posibilidad alguna al gobierno para interferir en el ámbito del Poder Judicial que goza de la debida independencia consagrada en la Constitución de España de 1978.

Este funcionamiento esencial de los sistemas democráticos parece no ser entendido ni compartido por el Partido Comunista de China que busca el bloqueo del gobierno de España a la decisión adoptada en el marco de una libre determinación de los jueces de la Audiencia Nacional, lo que ha generado una corriente de indignación y de condena por parte de la opinión pública española en los últimos días al comprobar las intenciones amenazantes de un gobierno dictatorial frente a la aplicación de la justicia y el derecho de un país democrático.

Las citadas fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han podido confirmar como desde la Embajada de China en Madrid se ha manifestado que este "incidente" puede afectar seriamente a las relaciones entre los dos países y a los recientes acuerdos económicos suscritos por distintas empresas españolas y chinas con ocasión de la visita que hizo a España durante el pasado mes de noviembre el Presidente chino Hu Jintao. En esa ocasión grandes empresas españolas como Telefónica o Gamesa establecieron acuerdos comerciales de gran contenido económico con empresas vinculadas al poder político del gobierno comunista chino.

Estas amenazas de riesgo comercial tienen la evidente intención de generar presión al gobierno de España por el evidente interés que los acuerdos comerciales suscitan para las citadas empresas españolas y para el propio gobierno español y se enmarcan en la estrategia que continua desarrollando el Partido comunista de China en cuantas relaciones diplomáticas establece con los países occidentales bajo el lema "acuerdos económicos sin interferencia en asuntos internos de China", lo que en definitiva viene a significar ignorar cualquier tipo de violación de derechos humanos que se produzca en su territorio.

La presión no solo se ha producido en territorio español, sino que según han confirmado las mismas fuentes gubernamentales españolas, el propio Embajador español en Beijing, D. José Pedro Sebastián de Erice fue llamado a consultas por el gobierno de Beijing para transmitirle el malestar y la preocupación del régimen comunista chino ante la decisión de los jueces españoles, algo que sin duda supone un hecho sin precedentes para la diplomacia española.

En estos momentos se especula con la posibilidad de que el propio gobierno chino intente seguir ejerciendo presión directa sobre los empresarios españoles para evitar por todos los medios que la justicia en España investigue los crímenes del Partido Comunista chino contra el Tíbet. El temor del régimen de Beijing se multiplica ante las querellas interpuestas en España contra el propio Jiang Zemin, Luo Gan y otros dirigentes comunistas chinos por el genocidio cometido contra los millones de practicantes de Falun Gong.

Fecha de edición: 29/1/2006
Categoría: Medios de difusión