(Minghui.org) Jiang Zemin, un exlíder del Partido Comunista Chino (PCCh), comenzó la represión contra Falun Gong en julio de 1999 y ha continuado sin cesar. En nombre de la ley, el régimen ha detenido y encarcelado arbitrariamente a practicantes y los ha enviado a campos de trabajos forzados y prisiones.
Una mirada más cercana muestra que la persecución es ilegal en muchos aspectos: ha violado la Constitución china, las leyes del país y el estado de derecho.
Violación a la Constitución
La Constitución protege los derechos básicos de los ciudadanos chinos. La represión contradice los artículos 33, 35 y 36:
Artículo 33: "El Estado respeta y preserva los derechos humanos". La detención arbitraria, la tortura y el lavado de cerebro a los practicantes, han violado sus derechos humanos básicos.
Artículo 35: "Los ciudadanos de la República Popular China gozan de libertad de expresión, de prensa, de reunión, de asociación, de procesión y de manifestación". El PCCh ha violado este artículo al prohibir a los practicantes la práctica grupal, informar a otros sobre la práctica y distribuir materiales de Falun Gong.
Artículo 36: "Los ciudadanos de la República Popular China gozan de libertad de creencias religiosas". Los practicantes de Falun Gong siguen los principios de Verdad-Benevolencia-Tolerancia. Al reprimir la práctica y maltratar a los practicantes, el PCCh ha violado este artículo.
Violación de las leyes
La persecución contradice las leyes chinas de varias maneras. En primer lugar, el anuncio emitido en 1999 de que Falun Gong iba a ser erradicado, fue un documento interno difundido por el PCCh, no una ley. De conformidad con la Ley Legislativa, una organización sólo puede ser prohibida por la Asamblea Popular Nacional o su Comité Permanente. Una decisión emitida por el PCCh por sí sola no tiene autoridad legal.
En segundo lugar, el PCCh ha detenido y encarcelado arbitrariamente a un gran número de practicantes y los ha enviado a campos de trabajo o los ha condenado a prisión sin seguir el proceso judicial de manera justa y abierta. Con ello se ha violado la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia del proceso debido y el derecho a la defensa de los ciudadanos.
En tercer lugar, el PCCh a menudo condena a los practicantes de Falun Gong utilizando el Artículo 300 del Código Penal que establece: "Quienquiera que forme o utilice sectas supersticiosas o sociedades secretas u organizaciones religiosas extrañas o utilice la superstición para socavar la aplicación de las leyes y las normas y reglamentos administrativos del Estado...". No hay ninguna ley que especifique a Falun Gong como una "secta supersticiosa" o una "sociedad secreta". Los anuncios emitidos por la Dirección General del Consejo de Estado y el Ministerio de Seguridad Pública son documentos administrativos y no tienen autoridad legal.
Poder Extrajudicial
Un mes antes del inicio oficial de la persecución en julio de 1999, Jiang estableció la Oficina 610 como una entidad extrajudicial para supervisar la persecución sistemática a Falun Gong, a escala nacional. Al penetrar todos los niveles del gobierno, tiene el poder supremo de dirigir la persecución, como policía secreta por encima de la ley.
Además de la Oficina 610, la policía y otras agencias gubernamentales también arrestan arbitrariamente a los practicantes, citando su deber de "mantener la estabilidad". Los practicantes con frecuencia están sujetos a detención penal, multas, detención en campos de trabajo, encarcelamiento y otros tipos de maltrato sin el beneficio de un juicio.
Violación del Estado de Derecho al abusar de la opinión pública y la justicia
A lo largo de la persecución, los medios de comunicación controlados por el PCCh a menudo han difamado a Falun Gong, con mentiras para justificar la persecución, violando así el principio de presunción de inocencia y el principio de independencia judicial.
En los casos relacionados con Falun Gong, las decisiones judiciales se tomaban con frecuencia, sobre la base de directivas políticas, lo que contradecía los principios de un juicio independiente y un proceso legal.
Resumen
La persecución a Falun Gong por parte del PCCh es ilegal porque contradice la Constitución y las leyes de China, las convenciones internacionales y el principio básico del estado de derecho. Aunque el sistema legal es creado para proteger los derechos básicos de un ciudadano, ahora se ha convertido en una herramienta para que el PCCh persiga a los disidentes y suprima la libertad de creencia y la libertad de expresión.
En los últimos 25 años, la persecución a Falun Gong en China, ha sido el problema más grave de los derechos humanos. Debido a los intereses económicos y los deseos del PCCh, la sociedad internacional ha evitado en gran medida este problema y no ha reconocido que esta es la persecución más extendida y grave basada en la fe en los tiempos modernos. Hay algunos funcionarios gubernamentales e individuos que se oponen a la persecución, pero su número es limitado porque los medios de comunicación en general y muchos gobiernos han estado ignorando el hecho de que: "el PCCh está persiguiendo a las personas que siguen los principios de Verdad-Benevolencia-Tolerancia".
Es importante reconocer que la represión interna no es el objetivo final del PCCh. La evidencia concreta ha demostrado que el régimen está impulsando activamente su ideología comunista en el extranjero, en un intento de dominar al mundo. Es importante que los funcionarios gubernamentales y los ciudadanos comunes de todo el mundo tengan esto claro y tomen medidas antes de que sea demasiado tarde.
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