A medida que la persecución se extiende de los practicantes de Falun Gong al público en general, más funcionarios del PCCh se enfrentan a las consecuencias

(Minghui.org) Después de que el Partido Comunista Chino (PCCh) comenzara a perseguir a Falun Gong, un sistema de ejercicios y meditación que sigue los principios de Verdad-Benevolencia-Tolerancia, en 1999, ha desarrollado numerosas técnicas de persecución, incluyendo arrestos masivos, torturas brutales, lavado de cerebro, persecución a las víctimas sin ninguna base legal, implicación de los miembros de la familia, vigilancia omnipresente de los ciudadanos e internamiento involuntario en hospitales mentales.

Por ejemplo, según el sitio web Minghui.org, hasta el 27 de diciembre de 2021, al menos 865 practicantes de Falun Gong de toda China han sido recluidos en hospitales psiquiátricos en un momento u otro a lo largo de los años. La Sra. Zhang Caixia, una mujer sana de la ciudad de Baoji, provincia de Shaanxi, fue detenida por la policía cuando se dirigía al trabajo y llevada a un hospital psiquiátrico. Se le ordenó escribir declaraciones en las que renunciaba a su fe. Cuando su marido solicitó su liberación, también fue amenazado para que escribiera las mismas declaraciones o también fuera detenido.

En China, los no practicantes también han sido objeto de tácticas de persecución similares. Li Tiantian, profesora de idiomas del condado de Yongshun, en la provincia de Hunan, publicó en las redes sociales el 17 de diciembre, expresando su apoyo a un profesor de Shanghái que fue objeto de persecución por expresar sus dudas sobre las víctimas reales de la Masacre de Nanjing. Dos días después, la oficina local de educación de Li y su familia la enviaron a un hospital psiquiátrico.

Li no es la única persona no practicante que ha sido atacada. Durante la pandemia, numerosos ciudadanos se han visto afectados por las draconianas medidas de "cero-covid". En Xi'an, una moderna ciudad de 13 millones de habitantes y capital de la provincia de Shaanxi, dos mujeres embarazadas perdieron sus embarazos fuera de los hospitales locales, después de que se les negara la admisión por no presentar resultados válidos de la prueba COVID-19.

Además, los uigures, los cristianos y los disidentes (incluidos los hongkoneses que se atrevieron a enfrentarse al PCCh) también han sido víctimas del régimen comunista.

Expertos: La maquinaria de represión de China es ahora una característica permanente del aparato de gobierno

Dos expertos resumieron bien la extensión de la persecución del PCCh a Falun Gong al público en general.

En el artículo titulado "Keeping Our Eyes Open to China's Machinery of Repression: Caylan Ford y David Matas para Inside Policy" en el sitio web del Instituto canadiense Macdonald-Laurier, la documentalista Ford y el renombrado abogado de derechos humanos Matas señalaron: "La maquinaria de opresión que se construyó para aplastar a Falun Gong ha hecho metástasis, convirtiéndose en una característica permanente del aparato de gobierno del Partido Comunista. La persecución a los musulmanes uigures y, en menor medida, de los cristianos fieles, es llevada a cabo por muchas de las mismas personas, con las mismas tácticas, que Falun Gong ha soportado durante décadas: encarcelamiento masivo, tortura, trabajos forzados, desconversión religiosa y, quizás, extracción de órganos. Los que ignoraron la brutal represión a Falun Gong durante décadas no pueden pretender ahora sorprenderse".

Consecuencias para los represores

Esta maquinaria del PCCh que persigue a Falun Gong contiene tres componentes principales: El Comité de Asuntos Políticos y Jurídicos (PLAC), la Oficina 610, y los sistemas judiciales y de aplicación de la ley.

El PLAC es el centro de mando y el órgano de elaboración de políticas para la persecución. Establece la política y supervisa la persecución en general. La Oficina 610 es el órgano ejecutivo. La policía, la Procuraduría, los Tribunales y los organismos judiciales son los ejecutores reales.

El PLAC tiene un alto estatus organizativo dentro del aparato del PCCh. El jefe del PLAC central solía ser miembro del Comité Permanente del Politburó del PCCh, la unidad de mayor poder dentro de los órganos del PCCh. A nivel local, el jefe del PLAC, que suele ser también el jefe de la Oficina 610 local, es un miembro del Comité Permanente del Comité local del Partido del PCCh.

Al supervisar las fuerzas del orden, con más de diez millones de funcionarios y un presupuesto que supera el gasto militar -debido a los esfuerzos de "gestión de la estabilidad" del PCCh-, el PLAC dispone de recursos todopoderosos.

Como resultado, el sistema del PLAC creció hasta convertirse en el "Segundo Centro de Poder" cuando Zhou Yongkang ocupaba la dirección del PLAC central. Zhou, un leal a ultranza del exjefe del PCCh, Jiang Zemin, no quiso escuchar al entonces jefe del PCCh, Hu Jintao, e incluso se dice que trabajó en un golpe de estado para derrocar al nuevo jefe del PCCh, Xi Jinping.

En 2013, Xi comenzó a purgar a sus oponentes políticos en el PLAC y su sistema de aplicación de la ley vinculado.

Muchos altos funcionarios fueron destituidos bajo cargos de corrupción, entre ellos Zhou Yongkang, entonces jefe del PLAC central; Meng Hongwei, expresidente de Interpol y exmiembro del Comité del Partido y viceministro del Ministerio de la División de Seguridad Nacional; Fu Zhenghua, ex viceministro ejecutivo del Ministerio de la División de Seguridad Nacional; Sun Lijun, ex viceministro del Ministerio de la División de Seguridad Nacional; Gong Dao'an, exteniente de alcalde de Shanghái y director de la Oficina de la División de Seguridad Nacional de Shanghái; y Deng Huilin, exteniente de alcalde de Chongqing y director de la Oficina de la División de Seguridad Nacional de Chongqing.

Según los sitios web de la Procuraduría Suprema y del Tribunal Supremo, así como los informes del Ministerio de la División de Seguridad Nacional, el sistema PLAC comenzó una "reorganización" a finales de febrero de 2021, abriendo una línea telefónica para que el público pueda denunciar los delitos. El Tribunal Supremo anunció "cargos exclusivos para los agentes de la ley, los procuradores y los jueces"; el sitio web de la Procuraduría Suprema declaró "pasar por un tamiz" y "retroceder" si algún caso violaba la ley en el pasado; y en 2021, las autoridades anunciaron un "retroceso de 20 años".

La Comisión Central del PCCh para la Inspección Disciplinaria anunció el 1 de septiembre de 2021 que, de enero a julio de 2021, más de 100 funcionarios del PLAC de los niveles de división y oficina o superiores fueron investigados y castigados.

A primera vista, estos funcionarios fueron investigados por delitos de corrupción. Pero una mirada más cercana reveló que muchos de ellos eran de la camarilla de Jiang, que se abrieron camino en el círculo político del PCCh siguiendo activamente la política de erradicación de Jiang contra Falun Gong.

Aunque Xi no quiso responsabilizar públicamente a los funcionarios por su participación en la persecución a Falun Gong, ya que esto podría poner en riesgo el gobierno fundamental del PCCh en China, su purga de estos funcionarios "corruptos" estaba sirviendo de hecho a la justicia para Falun Gong en cierta medida.

Según la información recopilada por Minghui, 68 funcionarios del PLAC, incluidos los más importantes de Henan y Heilongjiang, habrían tenido malos finales en 2021, como haber sido condenados, haber saltado/caído de edificios, haber sido arrestados y estar bajo investigación, o haber tenido familiares en prisión. Casi todos ellos han organizado, dirigido o participado personalmente en la persecución a los practicantes de Falun Gong.

¿Qué sucede en la comunidad internacional?

Muchos funcionarios del PCCh solían pensar que los países occidentales eran su refugio seguro en caso de ser víctimas de las luchas políticas dentro de China. Por ello, muchos de ellos transfirieron sus "ahorros" y trasladaron a sus familiares a esos países. Algunos también obtuvieron la ciudadanía extranjera.

Pero, como dice el viejo refrán, "lo que va, vuelve". Al salir a la luz cada vez más abusos contra los derechos humanos en todo el mundo, la comunidad internacional también empezó a exigir responsabilidades a los represores.

El 10 de diciembre de 2020, el Departamento de Estado de Estados Unidos identificó a Huang Yuanxiong, jefe de la Estación de Policía de Wucun, de la Oficina de la División de Seguridad Nacional de Xiamen, provincia de Fujian, para que fuera sancionado. Esto fue por su participación en "graves violaciones de la libertad religiosa de los practicantes de Falun Gong, concretamente su participación en la detención e interrogatorio de practicantes de Falun Gong por practicar sus creencias".

El 12 de mayo de 2021, el gobierno estadounidense sancionó a Yu Hui, exdirector de la Oficina 610 de la ciudad de Chengdu, en la provincia de Sichuan.

Una vez sancionado, se congelarían los activos de los funcionarios en Estados Unidos y se les prohibiría a ellos y a sus familiares volver a entrar en Estados Unidos.

Alrededor del 10 de diciembre de 2021, Día Internacional de los Derechos Humanos, los practicantes de Falun Gong de 36 países democráticos, incluidos Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá, entregaron una lista de responsables a sus respectivos gobiernos, solicitando que se sancionara a estos responsables en virtud de la ley Magnitsky.

Jeppe Kofod, Ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, dijo que el gobierno danés estaba muy preocupado por el hecho de que los practicantes de Falun Gong en China hayan sido detenidos y maltratados por el PCCh. Dijo que el gobierno danés trabajará con otros países en diálogos críticos con el PCCh para mejorar las condiciones de los derechos humanos de los grupos religiosos y minoritarios en China, incluidos los practicantes de Falun Dafa.

Actualmente, Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Australia y la Unión Europea (27 países) han aprobado la Ley Magnitsky de Responsabilidad por los Derechos Humanos. Esta ley autoriza a los gobiernos a sancionar a los represores de violaciones de los derechos humanos, a los funcionarios corruptos y a los ciberactores malintencionados mediante la congelación de los activos de los funcionarios, instituciones o grupos correspondientes en los respectivos países y la prohibición de entrada a los mismos.

Además, los países occidentales, como la alianza de los Cinco Ojos, compartieron entre ellos información sobre los represores de los derechos humanos. Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido ya colaboran estrechamente en este ámbito.

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