Informe anual de 2022 del CECC: El PCCh continúa persiguiendo a Falun Gong

(Minghui.org) La Comisión Ejecutiva del Congreso sobre China (CECC) publicó su informe anual el 14 de noviembre de 2022. En el informe se afirma que el Partido Comunista Chino (PCCh) ha seguido reprimiendo al budismo tibetano, a los musulmanes, a los practicantes de Falun Gong y a otros grupos minoritarios.

"Los practicantes de Falun Gong han afrontado dificultades brutales, como muertes bajo custodia, largas condenas de prisión y acoso, y un estudio revisado por expertos validó años de espantosos relatos anecdóticos de presos de Falun Gong ejecutados mediante la sustracción forzada de sus órganos", afirma el resumen ejecutivo.

Una persecución impulsada por regulaciones y políticas

El término "Falun Gong" aparece 65 veces en el informe de 376 páginas. En la sección Libertad Religiosa, el informe escribía que la policía china y las autoridades judiciales siguen reprimiendo a Falun Gong y a otros grupos religiosos utilizando el artículo 300 de la Ley Penal, que persigue a las "sectas supersticiosas" y a las "sociedades secretas", cuando Falun Gong es en cambio un sistema de ejercicios y meditación abierto al público que mejora la mente y el cuerpo.

"Los autores de un estudio de 2022 publicado en el American Journal of Transplantation concluyeron que era muy probable que los cirujanos de trasplantes en China hubiesen participado en la ejecución de prisioneros 'para trasplante de órganos' tan recientemente como en 2015", escribió el informe. "Además, coincidieron con anteriores relatos 'anecdóticos y textuales' proporcionados por organizaciones afiliadas a Falun Gong que denunciaban la sustracción forzada de órganos a presos de conciencia".

Esto se explicó con más detalle en la subsección dedicada a Falun Gong. Las autoridades chinas continúan persiguiendo a los practicantes de Falun Gong en virtud del artículo 300 de la Ley Penal de la República Popular China, que tipifica como delito "la organización y el uso de una secta para socavar la aplicación de la ley", según el informe. "El sitio web Minghui, afiliado a Falun Gong, informó la muerte de decenas de practicantes de Falun Gong debido al trato que recibieron mientras estaban detenidos y cientos de casos de practicantes de Falun Gong condenados por las autoridades, aparentemente por su relación con Falun Gong", escribió.

Cita varios casos

El informe cita varios casos de persecución procedentes de diversas fuentes, entre ellas Minghui.org.

"En noviembre de 2021, el Tribunal del Distrito de Xiangyang, en el municipio de Jiamusi, provincia de Heilongjiang, condenó a la practicante de Falun Gong y exprofesora Liu Lijie a tres años y seis meses de prisión", dice el informe. Liu fue detenida en octubre de 2020 y posteriormente fue puesta en libertad bajo fianza. Sin embargo, en 2021 fue juzgada y condenada sin contar con representación legal. Tras rechazar su apelación, la encarcelaron el 12 de enero de 2022.

Algunos de estos casos estaban relacionados con la censura del PCCh de la información sobre la pandemia. El 16 de enero de 2022, las autoridades condenaron a once practicantes de Falun Gong detenidos en 2020 por compartir materiales relacionados con el COVID-19 con fuentes extranjeras. "Las autoridades del municipio de Beijing impusieron una condena de ocho años al artista Xu Na, a quien también se le impuso una multa de 20.000 yuanes (aprox. 3.000 dólares estadounidenses)", dice el informe. Las fotos que Xu compartió con fuentes extranjeras "mostraban a Beijing durante los primeros días del brote de COVID-19 en China".

El sistema judicial como instrumento político

El sistema de justicia penal sigue siendo un instrumento político utilizado para mantener el orden social en favor del régimen autoritario del Partido Comunista Chino, explica el informe en la sección "Estado de derecho en el sistema de justicia". Hubo varias formas de detención extrajudicial, como la desaparición forzada, las cárceles negras, los centros psiquiátricos, la detención administrativa y los campos de internamiento masivo.

Dos ejemplos fueron Gao Zhisheng y Tang Jititan, que habían defendido a practicantes de Falun Gong por sus derechos legales. "En febrero de 2022, el abogado de derechos humanos Gao Zhisheng permanecía sin ser localizado desde su desaparición en agosto de 2017, después de escribir un libro en el que detallaba su experiencia al ser torturado y su punto de vista sobre la democratización en China", señala el informe.

Asimismo, las autoridades detuvieron a Tang en diciembre de 2021, antes de que asistiera a un acto sobre derechos humanos organizado por la Unión Europea. En junio de 2022, aún se desconocía el lugar de detención de Tang y "al parecer se desmayó debido al deterioro de su salud, lo que hizo temer que estuviera siendo sometido a malos tratos".

También hay muchos casos como este. "En diciembre de 2021, funcionarios de la Oficina de Justicia de Beijing inhabilitaron al abogado original de Xu Na, Liang Xiaojun, en parte por sus publicaciones en las redes sociales que defendían los derechos de los practicantes de Falun Gong", afirma el informe.

Sustracción forzada de órganos

En un estudio revisado por pares y publicado en el American Journal of Transplantation, los autores compartieron sus hallazgos de ''una revisión forense de 2.838 artículos extraídos de un conjunto de datos de 124.770 publicaciones sobre trasplantes en idioma chino'' publicadas entre 1980 y 2015, escribió el informe de la CECC.

"Observando el uso común de prisioneros condenados a muerte en China para extraer órganos durante este período, los autores del estudio concluyeron que era muy probable que los cirujanos de trasplantes en China hubieran participado en la ejecución de prisioneros 'por extracción de órganos', en violación de la 'regla del donante muerto' del campo médico", explicó el informe. "También describieron que sus hallazgos coincidían con anteriores relatos 'anecdóticos y textuales' proporcionados por organizaciones afiliadas a Falun Gong en relación con la sustracción forzada de órganos a presos de conciencia".

Además, el documento descubrió que otros grupos minoritarios también fueron objeto de sustracción forzada de órganos.

Responsabilizar a los represores

El informe también incluyó una declaración del senador James Lankford, uno de los miembros del CECC. "No hay mayor amenaza para Estados Unidos y la causa de la libertad que el PCCh", escribió. "Es esencial que nos centremos en los abusos más graves y atroces contra los derechos humanos, como el genocidio en curso, los crímenes contra la humanidad, la eugenesia y la sustracción forzada de órganos, por mencionar algunos".

Además de atacar a diversos grupos minoritarios, el PCCh también ha cometido "crímenes incalificables" contra "periodistas, abogados defensores y otras personas que sufren graves abusos por las políticas de asimilación a la fuerza que aplica China".

Por ello, el informe pide al gobierno chino que garantice la libertad de religión a todos los ciudadanos, de acuerdo con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y con la legislación de la República Popular China. Más concretamente, "pide la liberación de los líderes y practicantes religiosos a los que las autoridades chinas recluyeron, detuvieron o encarcelaron por practicar pacíficamente sus creencias religiosas". Esto se aplica a varios grupos religiosos, como "los practicantes de Falun Gong Xu Na y Zhou Deyong, así como a las personas confinadas, detenidas o encarceladas en relación con su asociación con esos ciudadanos".

El informe también insta a la Administración estadounidense a utilizar las leyes existentes para "responsabilizar a los funcionarios del gobierno chino y a otros cómplices de las graves restricciones a la libertad religiosa". Entre ellas se incluyen las sanciones previstas en la Ley Magnitsky de Responsabilidad Global en materia de Derechos Humanos (Ley Pública N.º 114-328) y la Ley de Libertad Religiosa Internacional de 1998 (Ley Pública N.º 105-292).