(Minghui.org) Cuatro residentes de la ciudad de Benxi, en la provincia de Liaoning, fueron detenidos el 23 de mayo de 2019 por distribuir materiales informativos sobre Falun Dafa, una disciplina espiritual perseguida por el régimen comunista chino desde 1999.

Uno de los practicantes, el Sr. Yang Liwei, sufrió un fallo orgánico múltiple debido a los abusos sufridos durante la detención y fue puesto en libertad bajo fianza. Los otros tres practicantes permanecieron bajo custodia y se les negaron las visitas de sus abogados y familiares.

El tribunal del condado de Hengren realizó audiencias virtuales de la Sra. Yang en su domicilio el 3 de julio de 2020 y los otros tres practicantes fueron juzgados en sus respectivos centros de detención el 18 de agosto de 2020.

El 4 de septiembre de 2020, el juez anunció las sentencias contra los practicantes: El Sr. Deng Yulin y la Sra. Yang fueron condenados a cuatro años cada uno y multados con 20.000 yuanes. La Sra. Zhang Limin recibió tres años y recibió una multa de 15.000 yuanes. El Sr. Zhang Pengzhu fue condenado a tres años y dos meses y recibió una multa de 10.000 yuanes.

Los practicantes apelaron ante el tribunal intermedio de la ciudad de Benxi. Sin llevar a cabo una audiencia, el juez del tribunal superior decidió mantener sus sentencias. Las familias de los practicantes presentaron una moción para reconsiderar el caso el 1 de diciembre de 2020 y aún no han recibido respuesta del tribunal intermedio.

Durante los dos últimos años, las familias de los practicantes han trabajado incansablemente en busca de justicia para sus seres queridos. A continuación, un resumen de sus esfuerzos.

Cuestionando las pruebas de la división de seguridad interna de Benxi

En septiembre de 2019, poco después de que los practicantes fueran acusados por la procuraduría del condado de Hengren, sus familias presentaron una solicitud al departamento de policía de la ciudad de Benxi, exigiendo que hicieran pública la base legal por la que la división de seguridad interna de Benxi identificaba los materiales de Falun Dafa como "pruebas de acusación" contra los practicantes. Las familias argumentaron que, como organismo de investigación, la policía tenía un conflicto de intereses al identificar las pruebas por sí misma.

Las familias de los practicantes exigieron conocer el nombre, el título y la cualificación profesional de los agentes que realizaron la autentificación de las pruebas, así como los datos de sus supervisores.

Como represalia, la policía pronto comenzó a vigilar a los familiares de los practicantes. Varios miembros de la familia fueron detenidos constantemente por la policía y se les pidió que mostraran sus documentos de identidad cuando tomaban el transporte público.

Las familias de los practicantes presentaron otra solicitud ante el departamento de policía de la ciudad de Benxi en octubre de 2019, exigiendo que la policía proporcionara una base legal para la vigilancia diaria y que la policía dejara de vigilarlos inmediatamente.

Recursos contra condenas injustas

Las familias también presentaron quejas ante la procuraduría de la provincia de Liaoning contra el tribunal del condado de Hengren y el tribunal intermedio de la ciudad de Benxi por condenar injustamente a sus seres queridos.

La procuraduría de la provincia de Liaoning remitió su queja a la procuraduría de la ciudad de Benxi, que envió una carta a las familias, alegando que Falun Dafa es un "asunto político".

El procurador Jiang Nan, de la procuraduría de la ciudad de Benxi, les dijo a las familias que dejaran de presentar denuncias y que, aunque siguieran haciéndolo, no podrían hacer nada al respecto. Las familias argumentaron que el procurador tiene que seguir la ley en la tramitación de los casos, pero Jiang respondió: "Ya les he dicho, dejen de escribir cartas. Y punto".

Las familias de los practicantes no se rindieron. Presentaron otra denuncia contra el procurador Jiang.

Cualificación judicial de jueces y procuradores

Después de que los recursos de los practicantes fueran rechazados, sus familias también escribieron a la oficina de justicia de la ciudad de Benxi en octubre y noviembre de 2020, exigiendo que hicieran públicas las cualificaciones judiciales del procurador Sun Jinjia de la procuraduría del condado de Hengren, de los jueces Wang Sijie y Chen Xiaoyun del tribunal del condado de Hengren y del juez Xiong Tiening del tribunal intermedio de la ciudad de Benxi.

Las familias de los practicantes recibieron una respuesta de la oficina de justicia de la ciudad de Benxi el 21 de diciembre de 2020, afirmando que las titulaciones judiciales son de carácter privado y que no divulgarían dicha información.

Días después, las familias elevaron su petición a la oficina de justicia de la provincia de Liaoning. La agencia les respondió el 6 de enero de 2021, dictaminando que la oficina de justicia de la ciudad de Benxi cometió un error al aplicar la ley de privacidad en relación con la titulación judicial de los jueces y procuradores. Se ordenó a la oficina de justicia de la ciudad de Benxi que revisara su decisión de no hacer públicas las cualificaciones judiciales de los funcionarios. En el momento de redactar este informe, aún no se había emitido una nueva resolución.

Buscando justicia en otras agencias gubernamentales

Además de los organismos mencionados, las familias de los practicantes también han pedido justicia a la procuraduría popular suprema, al comité de asuntos políticos y jurídicos de la provincia de Liaoning, a la comisión de inspección disciplinaria de la ciudad de Benxi y al congreso popular de la ciudad de Benxi. Todos los organismos aceptaron sus casos, pero aún no han comunicado ninguna decisión al respecto.

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