(Minghui.org) Según la información obtenida por el sitio web de Minghui, el partido comunista chino (PCCh) lanzó una "campaña de reducción a cero" a nivel nacional a principios de 2020 después de que terminaron los cierres. La campaña tenía como objetivo intensificar la persecución en curso a Falun Gong con el propósito de obligar a todos los practicantes de la lista negra del gobierno a renunciar a su fe.

El comité de asuntos políticos y legales, una agencia extrajudicial que supervisa la seguridad pública y el sistema legal, está a cargo de organizar la campaña de acoso, y la policía local, los funcionarios de la comunidad y los empleados del gobierno llevan a cabo los detalles. Las autoridades del PCCh a menudo prometían a los practicantes que tan pronto como firmaran las declaraciones para renunciar a su fe o informaran sobre otros practicantes, serían eliminados de la lista negra del gobierno.

En agosto de 2020, con la persecución intensificada en el condado de Yitong, provincia de Jilin, las autoridades del PCCh comenzaron a obligar a algunos servidores públicos y funcionarios comunitarios a unirse al acoso. La larga duración y el número de practicantes seleccionados hicieron de esta operación una de las peores de los últimos años.

El esposo de una practicante murió de una hemorragia cerebral después de ser constantemente amenazado. Las autoridades locales no dejaron de acosar a la practicante incluso después de la muerte de su esposo. Un practicante masculino murió unos meses después de un arresto masivo en diciembre de 2020.

Los pasos que toman las autoridades del PCCh para perseguir a los practicantes generalmente siguen el siguiente patrón:

1. Convocar reuniones frecuentes para planificar la operación y crear una atmósfera de miedo.

2. Engañar a los practicantes y hacerles creer que los oficiales de la comunidad y los oficiales de policía quieren lo mejor para ellos.

3. Cuando la hipocresía falla, las autoridades amenazan con quitarles el sustento a los practicantes.

4. Después de que los practicantes se niegan a ceder, las autoridades luego amenazan con quitarles el sustento a sus familias para que estas los presionen o los persuadan para que renuncien a su fe.

5. Poner a los practicantes en centros de lavado de cerebro y torturarlos.

6. Cuando todo falla, hacen que los practicantes firmen documentos irrelevantes y gradualmente los engañan para que firmen las declaraciones de renuncia a Falun Gong.

Los complots y las medidas utilizadas por las autoridades del condado de Yitong para perseguir a los practicantes locales se detallan a continuación.

1. Premeditación

Las autoridades del condado de Yitong estudiaban detenidamente a los practicantes, a sus familias y su situación laboral antes de hacer planes para perseguirlos. A veces, las autoridades asignaban tareas a los cónyuges, hijos, hermanos y empleadores de los practicantes para ayudar a presionar a los practicantes para que renunciaran a su fe.

Por ejemplo, las autoridades amenazaron con impedir que el nieto de un practicante solicitara admisión a la universidad si el practicante se negaba a firmar las declaraciones. El nieto de otro practicante solicitó ingresar a la universidad el año pasado y un funcionario dijo que el joven tuvo suerte: "No podría hacerlo este año".

El esposo de una practicante fue suspendido del trabajo y no podría volver a trabajar a menos que obligara a su esposa a firmar las declaraciones.

Los practicantes que vivían fuera de la ciudad no se salvaron. Las autoridades llamaban para acosar a los practicantes o bien forzaban a sus familiares a guiarlos para encontrar a los practicantes.

2. Fabricar una atmósfera de miedo

Los funcionarios celebraban una reunión tras otra para planificar la persecución. Además de la policía, se vieron obligados a asistir a las reuniones agentes de la oficina 610, miembros de la comisión de asuntos políticos y legales y otros servidores públicos ajenos al sistema judicial. Cientos de practicantes fueron incluidos en una lista negra. A los familiares de los practicantes que trabajan en el gobierno o empresas estatales se les dio la tarea de hacer que los practicantes firmaran las declaraciones de renuncia a su fe o correrían el riesgo de perder sus trabajos o futuras promociones.

Los miembros del comité de asuntos políticos y legales ordenaron a la policía local y a los miembros del PCCh a ir de puerta en puerta y convencer a los practicantes locales para que firmen las declaraciones. Si los practicantes se negaban, irían a la cárcel, se revocaría el contrato de sus tierras de cultivo arrendadas o sus hijos no podrían continuar su educación, unirse al ejército o conseguir trabajos.

Al menos entre doscientos y trescientos practicantes en el condado de Yitong fueron amenazados para que firmaran las declaraciones. Contando a sus familiares, las autoridades acosaron al menos a mil personas en el condado.

Todos los practicantes de Falun Gong en el condado fueron acosados en algún momento. Los oficiales movilizaron a muchos oficiales y vehículos para acosar a los practicantes o actuaron de manera encubierta y usaron medios engañosos para perseguir a los practicantes. A mediados de diciembre de 2020, el condado movilizó 16 vehículos y dos decenas de oficiales para acosar a los practicantes en Majiatun Village. Los que se negaron a firmar las declaraciones fueron llevados directamente a un centro de lavado de cerebro.

La familia de un practicante recibió una llamada diciendo que su tubería de agua estalló. Más tarde llegó un oficial de policía y el practicante, creyendo que era de la compañía de agua, lo dejó entrar sin preguntar nada.

3. “Amigos” convertidos en agentes del PCCh

Algunos familiares de los practicantes tienen amigos que trabajan en el sistema judicial. Estos amigos revelaban lo que llamaban información privilegiada a los familiares diciéndoles cuán mala era la situación y las consecuencias graves que habría si los practicantes se negaban a firmar las declaraciones. Como la información reservada procedía de un amigo o de alguien cercano que intentaba ayudar, a los practicantes les parecía creíble y les generaba miedo. Esto ejercía una gran presión sobre los practicantes y sus familias.

La verdad es que la información privilegiada era probablemente un engaño para atacar a los practicantes a propósito. Estos supuestos amigos pueden ser normalmente amables, pero una vez que el PCCh les da órdenes, harían cualquier cosa para lograr el objetivo.

4. Hipocresía y engaño

El acoso lo solían llevar a cabo funcionarios de la comunidad o la policía local, y a veces los empresarios. Llamaban a los practicantes por teléfono, iban a sus casas o les decían que se presentaran en la comisaría. Les decían que querían ayudarlos sinceramente a salir de la lista negra del PCCh y les prometían no volver a molestarlos si firmaban las declaraciones. A veces hablaban con las familias de los practicantes y los engañaban para que firmaran las declaraciones por ellos. Las familias han estado aterrorizadas y en un estado de preocupación constante durante los últimos 22 años de persecución. Algunos de ellos no se dieron cuenta de la naturaleza engañosa del PCCh y cayeron en el engaño.

Algunas familias de los practicantes cayeron en las mentiras y firmaron las declaraciones por ellos. A uno de los practicantes incluso lo iban a acosar diferentes funcionarios. El hijo de una practicante firmó las declaraciones por ella y destruyó todos sus libros de Falun Gong. Al poco tiempo, los funcionarios del PCCh fueron a exigirle que asistiera a una clase de lavado de cerebro. Su hijo les gritó: "¡Prometieron no volver nunca y aquí están! La diabetes de mi madre ha reaparecido (porque dejó la práctica). Ahora son ustedes los responsables de cuidarla". Y así, los funcionarios del PCCh se retiraron.

5. Amenazas a los medios de subsistencia

Una vez que la hipocresía y el engaño fracasaban, los funcionarios del PCCh recurrían a quitarle al practicante su medio de vida. Todo lo relacionado con los intereses del practicante se utilizaba como moneda de cambio, como sus puestos de trabajo, los de sus familias, las oportunidades de educación, las pensiones, los subsidios básicos de subsistencia y las tierras de cultivo arrendadas. Los funcionarios amenazaban con cancelar la pensión a un practicante o el contrato de tierras a otro.

6. Acoso frecuente para crear presión mental

Tras el fracaso de todo lo anterior, las autoridades empezaban a llamar con frecuencia a los practicantes y a sus familias, que no eran practicantes, para presionarlos. Las familias culpaban a los practicantes y se volvían contra ellos. Esto hacía que el problema externo se convirtiera en uno doméstico, todo para impedir que los practicantes continuaran su práctica.

El marido de una practicante, tras ser acosado repetidamente, decidió ir a la comisaría y firmar las declaraciones por la practicante. Su hija se lo impidió más tarde.

7. Otros miembros de la familia implicados

Los cónyuges de los practicantes suelen ser los más perjudicados por el frecuente acoso del PCCh. La estrategia de implicación amplió el acoso a los hijos, padres ancianos, hermanos y nietos de los practicantes. Las autoridades amenazaban los puestos de trabajo de sus hijos en cargos públicos, y las futuras opciones educativas y militares de sus nietos. Esto creó ira y luchas internas en la familia.

La policía local amenazó con descalificar al nieto de una practicante para que no se presentara al examen de acceso a la universidad este año. La policía también amenazó con quitarle la pensión a ella y a su marido y arruinar el trabajo de su hijo. Al final, su hijo se enfrentó a ella y su marido la golpeó, obligándola a firmar las declaraciones.

Otra practicante se fue de la ciudad para evitar la persecución. Su hijo y su nuera la encontraron y querían su firma. Cuando se negó, su nuera la amenazó con divorciarse de su hijo y quitarle a su nieto, y le prohibió verlo.

8. Detenciones violentas y extorsión

Cuando todo lo demás fallaba, las autoridades movilizaban una fuerza policial excesiva para detener a los practicantes determinados. En ocasiones, las autoridades procedieron a detener a los practicantes sin los procedimientos arriba mencionados. Los funcionarios del condado celebraron una sesión de lavado de cerebro en julio de 2020 y tres más entre diciembre de 2020 y enero de 2021.

La extorsión y las golpizas son habituales durante y después de las detenciones. Una practicante se negó a renunciar a su fe tras ser llevada a un centro de lavado de cerebro. Wang Jiuqing, capitán de la oficina de seguridad doméstica del condado de Yitong, le golpeó la cara una decena de veces y le dijo: "¡Demándame, así podré calificar para una gratificación!".

Una practicante del municipio de Xinxing se negó a firmar las declaraciones y fue llevada al centro de lavado de cerebro de Siping.

Zhang Wei, contable de la ciudad de Xiwei, extorsionó a un practicante por 2.000 yuanes.

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