Consecuencias históricas: El colapso del bloque soviético y otras dictaduras

(Minghui.org) El partido comunista chino (PCCh) sobrevivió a las consecuencias de haber iniciado la Masacre en la Plaza de Tiananmen en 1989 y pudo continuar su régimen totalitario. Pero muchos regímenes comunistas en Europa del Este no sobrevivieron, y colapsaron uno tras otro, país por país. El régimen iraquí de Saddam Hussein se encontró con consecuencias similares. En esos casos, no solo los culpables principales fueron enjuiciados y castigados, sino que oficiales, colaboradores y hasta élites sociales como los jueces, científicos y profesores también sufrieron las consecuencias de su vergonzosa conducta.

Esta dispersión apareció por primera vez en Polonia y luego se expandió a los países del antiguo Pacto de Varsovia: Alemania del Este, Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria y Rumania, culminando en la desintegración del Partido Comunista Soviético y de la Unión Soviética. A continuación, presentamos algunos ejemplos.

El declive repentino de Ceausescu y el Partido Comunista Rumano

Durante la ola anticomunista en Europa del Este, todos los países eligieron poner fin a los disturbios con elecciones libres y una transferencia pacífica del poder por parte de los partidos comunistas.

La mayoría de los oficiales de alto rango de los partidos comunistas en estos países abandonaron voluntariamente el poder porque lograron entender qué quería realmente la gente, y vieron que el partido comunista había perdido el apoyo del pueblo. Entendieron que la mejor forma de concluir el asunto era seguir el curso natural de los eventos.

Pero Rumania fue la notable excepción al patrón de acontecimientos que dieron lugar a la paz.

Nicolae Ceausescu estableció una dictadura poco después de asumir la presidencia y ordenó a la policía secreta monitorear a su pueblo, lo cual efectivamente privó a la gente de su libertad de expresión y sus derechos humanos más básicos.

En la década de los ochenta, Ceausescu hasta se atrevió a promulgar la infame: “Gran Acta Rumana de la Máquina de Escribir” bajo la cual cada ciudadano rumano, negocio, institución y escuela que poseía una máquina de escribir tenía que buscar y recibir permiso de la policía para obtener una licencia para su uso. Para convertirse en mecanógrafo, uno debía pasar por el mismo proceso y reportar a la policía ejemplares de cualquier cosa que escribiera; si una máquina de escribir necesitaba ser reparada, tanto el usuario como la máquina tendrían que renovar sus licencias. Esto permitía que cualquier tipo de literatura disidente que se escribiera pudiera ser rastreada directamente a la fuente original.

Ceausescu también fue muy nepotista al asignar cargos importantes. Cuando se encontraba al mando de la secretaría general del Partido Comunista Rumano, le asignó a su esposa el cargo de viceprimer ministro; sus hijos, familiares y amigos también recibieron cargos importantes en departamentos gubernamentales. Su vida llena de lujos estaba muy por encima de lo que cualquier ciudadano rumano común podría imaginar.

El 21 de diciembre de 1989, Ceausescu realizó una manifestación masiva en la ciudad capital de Bucarest. Durante su discurso, se pudo escuchar repentinamente entre la multitud, una voz diciendo: “¡Abajo con Ceausescu!”, seguida de gritos que decían: “¡Muerte al criminal!” aquí y allá. Policías armados acordonaron las calles alrededor del área, y varios oficiales le gritaron a la multitud que se dispersara.

Se dice que el ministro de defensa rumano en aquel momento, Vasile Milea, había ordenado al ejército solo “disparar cartuchos de fogueo”. Pero el alcalde de Bucarest dio una orden diferente a los soldados, la cual venía de Ceausescu: “Pueden disparar municiones reales. Disparen al cielo primero como advertencia; si no funciona, dispárenles en las piernas”.

Poco después, Milea fue encontrado muerto en su oficina, de un aparente suicidio.

En la mañana del 22 de diciembre, el ejército, que era leal a Ceausescu, cambió de bando y comenzó a retirarse del centro de la ciudad. Sin su apoyo, la policía no podía detener a la multitud que protestaba. Luego, protestantes entraron por la fuerza al Comité Central del Partido y lanzaron por la ventana toda la literatura de Ceausescu, sus retratos oficiales y libros propagandísticos.

Ceausescu y su esposa entraron en pánico y huyeron desde el techo por helicóptero a un suburbio al norte de Bucarest, pero fueron capturados esa misma tarde por el Frente de Salvación Nacional de Rumania. Tres días después el 25 de diciembre, fueron enjuiciados ante un tribunal militar por el genocidio a 60.000 ciudadanos rumanos, la malversación de más de un billón de dólares, el sabotaje a la gestión pública, y daño a la economía nacional.

Fueron declarados culpables y ejecutados poco después a las afueras del tribunal, marcando el fin del Partido Comunista Rumano.

Saldando cuentas por crímenes de lesa humanidad

Luego de la caída del Muro de Berlín en noviembre de 1989, el gobierno de Alemania del Este (GAE) decidió adoptar el concepto de la liberalización. Al año siguiente, se disolvió y se convirtió en el estado soberano de la República Federal de Alemania.

Pero, los crímenes cometidos por el régimen comunista no pasaron sin ser castigados. Ocho años después, los alemanes comenzaron a saldar cuentas con el antiguo régimen comunista de Alemania del Este por sus crímenes de lesa humanidad.

Egon Krenz, el exlíder de la Juventud Libre Alemana y el último secretario general del Partido Socialista de Unidad (PSU), fue convocado ante un tribunal en Berlín para ser juzgado. Otros dos exmiembros del Politburó del PSU también aparecieron en los tribunales. El juicio a Krenz y a sus dos seguidores fue el caso más significativo en lo que respecta a Alemania del Este.

Los tribunales sentenciaron a Krenz a seis años y medio en prisión por matar a personas que intentaban escapar de Alemania del Este. En 1997, Günther Kleiber, economista y exmiembro del Politburó del PSU, y Günter Shabowski, ex primer secretario del PSU, fueron ambos sentenciados a tres años en prisión por las mismas acusaciones.

El expresidente de Yugoslavia Slobodan Milosevic también fue juzgado por sus actos dictatoriales.

En el año 2001, Milosevic fue extraditado a la Corte Penal Internacional (CPI), un tribunal internacional en La Haya, y acusado de 66 crímenes durante las tres guerras en Croacia, Bosnia y Kosovo, entre ellos: genocidio; cómplice de genocidio; deportaciones; asesinato; persecuciones en base a razones religiosas, raciales o políticas; actos inhumanos y transferencia forzada de personas; exterminación; aprisionamiento; tortura; asesinato a voluntad.

Murió en marzo de 2006 en su celda en el centro de detenciones de la CPI en La Haya antes que su juicio pudiera concluir.

Otro caso ejemplar fue la ejecución de Saddam Hussein.

En el 2003, Saddam Hussein, quien fuera en aquel entonces el líder de la dictadura represiva iraquí de 1979 a 2003, fue arrestado por el Ejército de los Estados Unidos durante la guerra que inició la coalición para despojarlo del poder. Fue luego entregado al gobierno interino iraquí para ser enjuiciado junto con otros 11 líderes de alto rango de su administración por crímenes de lesa humanidad y otras ofensas.

Aunque Saddam insistió en que era inocente y negó todos los cargos hechos en su contra, fue condenado por el Tribunal Especial iraquí por crímenes de lesa humanidad y sentenciado a morir por ahorcamiento el 5 de noviembre de 2006. La ejecución se llevó a cabo el 30 de diciembre de ese mismo año.

Los casos anteriores demuestran que hasta jefes de estado que cometen crímenes de lesa humanidad son traídos ante la justicia.

Depuración en Polonia

Polonia adoptó una nueva constitución en su Asamblea Nacional el 2 de abril de 1997, que abrogaba todos los partidos políticos y organizaciones con programas de gobierno basados en métodos totalitarios, tales como el nazismo, fascismo y comunismo.

La Asamblea Nacional también aprobó un Estatuto de Depuración, visto como un proceso de reconocimiento del pasado. Requirió a las personas que asumieran o fueran candidatos a cargos en la administración pública del estado, realizar una declaración sobre su cooperación con la policía secreta durante el régimen comunista. Ya que este estatuto solo apuntaba a personas en agencias gubernamentales y aquellos de alta clase social, era relativo a no más de 30.000 personas, lo cual dejó a la mayoría de los exinformantes de la policía secreta sin ser identificados.

En el 2006, luego de que los hermanos gemelos Jaroslaw y Lech Kaczynski del partido de Ley y Justicia asumieron los cargos de presidente y primer ministro de Polonia, respectivamente, iniciaron un llamado a investigar de manera más exhaustiva y transparente a la Polonia de la era comunista.

Los hermanos Kaczynski creían que “redes grises” formadas por exmiembros del partido comunista, economistas corruptos, e informantes de la policía secreta, todavía tenían el control del país, causando caos en la sociedad polaca. Así que les fue necesario continuar investigando el pasado.

Una nueva Ley de Depuración con artículos adicionales fue decretada en Polonia el 15 de marzo de 2007, que buscaba exponer a los oficiales del gobierno que habían colaborado con la policía secreta en el exrégimen comunista antes de 1989. La ley requiere que políticos, oficiales gubernamentales, abogados, líderes escolares, profesores, reporteros y ejecutivos de compañías del estado, declaren por escrito si alguna vez cooperaron con la policía secreta comunista. El gobierno le encomendó al Instituto de la Memoria Nacional recolectar y mantener todas las declaraciones para ser resguardadas e investigadas.

Bajo esa ley, alrededor de 700.000 polacos tendrían que confesar y explicar cualquier conducta deshonrosa que hayan tenido en colaboración con la policía secreta o con sus espías e informantes. Quien se negara a llenar el formulario de la declaración o mintiera sobre los hechos sería suspendido durante 10 años.

En el 2008, el Parlamento Polaco aprobó una ley que reduciría significativamente las pensiones a exoficiales de la policía secreta y del partido comunista que estuvieron involucrados en reprimir a disidentes y partidos de oposición. Quienes apoyaron esta ley creían que la pensión preferencial a la policía secreta violaba los principios de la justicia social que la Constitución Polaca había establecido. La ley fue criticada fuertemente por la izquierda política de Polonia, quienes apelaron al Tribunal Constitucional para que la cancelaran. Pero les negaron la solicitud.

Luego de que la ley entrara en vigencia en enero de 2010, las pensiones de más de 40.000 exoficiales del partido comunista, policía secreta, guardias fronterizos y de prisión, fueron reducidas en aproximadamente más de un 50% por violaciones a los derechos humanos.

Los Archivos de la Stasi en Alemania

En Alemania, el “Acta para la Documentación del Servicio de Seguridad del Estado de la antigua República Democrática Alemana” (también conocida como el “Acta de los Documentos de la Stasi”) fue aprobada por el Parlamento Federal alemán en diciembre de 1991. Con esta acta Alemania utilizó una gran cantidad de recursos financieros para restaurar registros de documentos destruidos y realizó investigaciones intensivas a los aproximadamente 3.1 millones de individuos que sirvieron al exgobierno de la Alemania del Este.

Los resultados fueron impactantes: Además de contar con 90.000 policías secretos, la Alemania del Este contrató a 180 informantes; alrededor de 6 millones de personas (más de un tercio de la población total en aquel entonces que era de 17 millones de personas) tenían documentos secretos archivados en su contra; y 78.000 ciudadanos fueron sentenciados a prisión por el gobierno comunista, acusados de “poner en peligro la seguridad nacional”.

A consecuencia de las investigaciones, 20.000 de 180.000 profesores fueron despedidos, y casi la mitad de los jueces y fiscales en lo que solía ser la Alemania del Este fueron despedidos, y varios oficiales del PSU y miembros de alto rango de la policía secreta fueron juzgados y sentenciados.

La implementación de tales leyes no solo le recuerda a la gente lo que ha sucedido en la historia, sino que también sirve como advertencia a oficiales gubernamentales que hoy en día se ponen del lado del partido comunista chino (PCCh).

La crueldad del PCCh hoy en día

Desde que el PCCh tomó el poder en China en 1949, ha gobernado a China y a su gente con mano de hierro, y decenas de millones de chinos han muerto por causas no naturales debido a sus políticas represivas y sus purgas políticas. El PCCh ha destruido completamente la civilización de 5.000 años de historia y valores morales de China a través de lavado de cerebro forzado a toda la población con falacias ateístas y doctrinas comunistas; también ha destruido a todas las creencias espirituales fuera del alcance de sus teorías comunistas.

Tiene las manos bañadas en sangre por sus persecuciones sistemáticas a cristianos caseros, miembros clandestinos de la iglesia católica, budistas tibetanos, uigures en Xinjiang, y más cruelmente, a las decenas de millones de practicantes de Falun Dafa que creen en los principios de Verdad, Benevolencia y Tolerancia.

El PCCh cree firmemente que la forma más efectiva de mantener su poder en China es lavándole el cerebro a la gente China y evitando que sepan la verdad. Para lograr esto, ha gastado billones construyendo un “Gran Cortafuegos” para imponer censura en Internet y bloquear a sitios web, herramientas de Internet y aplicaciones móviles extranjeras “hostiles”.

A su vez, el PCCh ha organizado un ejército masivo de comentaristas en Internet que constantemente publican contenido en las redes sociales para manipular el diálogo público a favor del PCCh y atacar a sus “enemigos”.

El PCCh parece ser muy exitoso en su control de las mentes de la gente China. Por ejemplo, el día de hoy, una gran proporción de chinos no saben sobre la masacre sangrienta de miles de jóvenes estudiantes en la plaza de Tiananmen el 4 de junio de 1989.

El hambre de poder del PCCh no parece estar limitada solamente a China. Sus tentáculos se han diseminado por el mundo entero, infiltrando a una amplia gama de sectores económicos y sociales a través de proyectos como la “Iniciativa de la Franja y la Ruta” y “Hecho en China 2025”, institutos Confucio, la militarización de las islas artificiales en el Mar del Sur de China, y demás. La meta principal del PCCh, en sus propias palabras, es lograr la supremacía global económica, militar e ideológica.

Pero al enfrentar semejantes amenazas serias a la estabilidad socioeconómica y la paz mundial, muchos políticos y líderes de negocios y otros sectores han lamentablemente fallado en ver lo peligroso que es el PCCh. Todavía tienen la ilusión de que el PCCh va a cambiar para bien y se va a convertir en un socio confiable.

La comunidad internacional despierta

El encubrimiento intencional del inicio de la infección del coronavirus por parte del PCCh causó una devastadora pandemia a nivel mundial. Sus mentiras y la forma en que ha evadido la responsabilidad y desplazado la culpa a los demás ha despertado a muchas personas en la comunidad internacional, quienes han comenzado a ver la verdadera cara del PCCh.

La comunidad internacional ha hecho eco de los llamados a investigaciones independientes sobre el origen del coronavirus y a hacer al PCCh responsable por los daños que ha causado a través de la pandemia.

“El partido comunista chino mintió. Gente murió”, es una frase que el asesor de la Casa Blanca Peter Navarro ha usado en varias ocasiones al hablar sobre la pandemia. La frase transmite de manera impactante y concisa que el PCCh debe ser hecho responsable por todo el dolor y sufrimiento que le han causado a la gente del mundo.

La reciente Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong que el PCCh decretó ha también servido para despertar a aquellos en el mundo que creen en la libertad y los derechos humanos.

“China ha elegido romper sus promesas a la gente de Hong Kong e ir en contra de sus obligaciones hacia la comunidad internacional. El Reino Unido no dará la espalda a los compromisos que tenemos con la gente de Hong Kong”, dijo el secretario de asuntos exteriores Dominic Raab en Twitter.

El secretario de estado de los Estados Unidos Mike Pompeo expresó que esa “severa” ley “pondrá fin a la libertad de Hong Kong”, en un tweet el 30 de junio de 2020.

“El propósito de esta cruel y radical ley es espantar, intimidar y reprimir a la gente de Hong Kong que exige pacíficamente las libertades que les fueron prometidas”, dijo la presidenta de la cámara de representantes Nancy Pelosi.

“Esta ley pone en serios riesgos el alto grado de autonomía de Hong Kong y tiene un efecto perjudicial en la independencia del sistema de justicia y el estado de derecho”, dijo el presidente del consejo europeo Charles Michel. “Rechazamos esa decisión”.

“A Australia le preocupan las implicaciones de esa ley sobre la independencia judicial de Hong Kong, y los derechos y libertades que goza la gente de Hong Kong, los cuales han sido responsables por el éxito que ha experimentado la ciudad”, dijo la ministra de asuntos exteriores australiana Marise Payne.

Veintisiete países hicieron una solicitud en conjunto al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para expresar sus “profundas preocupaciones” sobre la nueva ley.

“Imponer esa ley sin la participación directa de la gente, sistema legislativo o judicial de Hong Kong perjudica el principio de ‘Un país, dos sistemas’ que garantizaba un alto grado de autonomía, derechos y libertades a Hong Kong”, dijeron los signatarios, entre quienes se encontraban Gran Bretaña, Japón, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Suiza, y 15 estados de la Unión Europea incluyendo a Francia, Alemania, Países Bajos y Suecia.

Hay un proverbio chino: “Quien comete maldades continuamente, no tendrá un buen final”. El PCCh está haciendo justamente eso, y no pasará mucho tiempo antes de que se desintegre como los partidos comunistas de Europa del Este. Cuando eso suceda, aquellos que han colaborado con el PCCh y le han ayudado a cometer crímenes también serán hechos responsables. Romper con el PCCh es la mejor forma de asegurarse un buen futuro.