Informe USCIRF 2020: La sustracción de órganos a practicantes vivos de Falun Dafa continúa en China

(Minghui.org) "En 2019 las condiciones de libertad religiosa en China continuaron deteriorándose", escribió en su Informe Anual de 2020 la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) publicado el 28 de abril de 2020. El informe recomienda nuevamente designar a China como "País de especial preocupación" (PEP) como en los últimos 21 años consecutivos.

El informe de 2020 destacó la vigilancia masiva de su pueblo por parte de China. Declaró: "El gobierno chino ha creado un estado de vigilancia de alta tecnología, utilizando reconocimiento facial e inteligencia artificial para monitorear las minorías religiosas".

El informe continúa y analiza la represión de la que son objeto las religiones en China, incluyendo a Falun Dafa. "Miles de practicantes de Falun Dafa fueron arrestados durante el año 2019 por practicar los suaves movimientos de los ejercicios de meditación o por distribuir información sobre su creencia. Los abogados de derechos humanos y los científicos presentaron pruebas de que la sustracción forzada de órganos a prisioneros -muchos de los cuales se cree que son practicantes de Falun Dafa- continúa a una escala significativa".

El Comisionado de la USCIRF, Johnnie Moore, cree que "China es el principal violador de derechos humanos y de la libertad religiosa en el mundo" y "no puede compararse con ningún otro país no solo por sus acciones inexcusables, sino por la forma en que ayuda e incita a otros países de todo el mundo a realizar acciones similares".

Moore también señaló que otros países, en aras de sus propios intereses, siguen dejando que China actúe según sus propias reglas, y especialmente en las Naciones Unidas. "Esto es absolutamente inexcusable", dice.

Advirtió a los países que ignoran la maldad de China: "Pueden eventualmente encontrarse subordinados a ella". Ya es hora de que nuestros organismos mundiales y nuestras democracias liberales exijan más a China".

El Comité sugirió que el gobierno de los Estados Unidos "imponga sanciones específicas a los organismos y funcionarios del gobierno chino responsables de las graves violaciones de libertad religiosa... congelando los activos de esas personas y/o impidiendo su entrada en los Estados Unidos".