Legisladores canadienses analizan con expertos sobre el tráfico de órganos humanos

(Minghui.org) Los Senadores de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Cámara Alta escucharon el 23 de mayo por qué Canadá debería tener su propia legislación para combatir el tráfico de órganos, especialmente cuando se trata de países involucrados como China, donde el estado está detrás de la sustracción forzada de órganos.

"El tráfico de órganos humanos se ha convertido en un problema mundial", dijo la senadora Salma Ataullahjan durante la audiencia del Comité sobre el Proyecto de Ley S-240, un proyecto de ley que ella ha promovido.

El proyecto de ley busca reformar el código penal para crear nuevos delitos relacionados con el tráfico de órganos y tejidos humanos. También tiene por objeto modificar la Ley de inmigración y protección de los refugiados para prohibir la entrada en el Canadá a cualquier residente permanente o extranjero que se dedique al tráfico de órganos o tejidos humanos.

Según Ataullahjan, actualmente no existe en Canadá ninguna legislación que prohíba el turismo de trasplantes: la posibilidad de viajar al extranjero con el fin de comprar órganos para trasplantes y luego regresar a Canadá.

"El tráfico de órganos es una forma de explotación que tiene como objetivo a las personas empobrecidas y vulnerables, y es una violación de los principios de equidad, justicia y respeto a la dignidad humana", dijo Ataullahjan.

El ex MP y secretario de Estado para Asia y el Pacífico David Kilgour, que también compareció ante la comisión, destacó la gravedad de la situación en China.

"Uno de los puntos que me llama la atención todo el tiempo es la tragedia de una madre que vende su riñón para que su hijo pueda ir a la universidad. Pero solo hay un país en el mundo, de un total de 196, donde el gobierno dirige este tráfico, y no hay supervivientes y es en China", dijo Kilgour.

"Es importante distinguir entre lo que ocurre en los callejones de alguna ciudad y lo que está ocurriendo en la república popular de China", señaló.

Según las investigaciones de Kilgour y el abogado de derechos humanos de Winnipeg David Matas, China ha estado sustrayendo órganos de prisioneros de conciencia vivos a gran escala -principalmente de practicantes de Falun Dafa- alimentando un negocio multimillonario que beneficia a funcionarios del partido comunista chino (PCCh). Falun Dafa, o Falun Gong, es una pacífica práctica tradicional de meditación espiritual que es fuertemente perseguida en China.

Matas, quien también habló en la audiencia, dijo que el número de trasplantes en China se disparó poco después de que el PCCh iniciara su campaña de persecución contra los practicantes de Falun Dafa en 1999.

Una investigación actualizada realizada por Kilgour, Matas y el periodista de investigación y autor estadounidense Ethan Gutmann en 2016 muestra que al menos 60.000 trasplantes tienen lugar en China cada año, una cifra muy superior a la oficial de 10.000 citada por el régimen chino.

"Si se hace la aritmética, eso significa que unas 150 personas mueren diariamente en China debido a la extracción de sus órganos. Y no hay supervivientes en estas operaciones", dijo Kilgour.

"Muy estremecedor"

El proyecto de ley del Senado es similar al Proyecto de Ley C-350, un proyecto de ley privado propuesto por el parlamentario conservador Garnett Genuis que se está abriendo paso en el Congreso. Los proyectos de ley privados rara vez se convierten en legislación, pero Genuis y Ataullahjan esperan que la existencia de un proyecto de ley del Senado ayude a garantizar su aprobación.

Proyectos de ley similares han sido presentados en el pasado por diputados tanto del grupo de los liberales como del grupo de los conservadores, incluidos dos veces por el diputado liberal Borys Wrzesnewskyj y una vez por el exdiputado liberal y ministro de Justicia Irwin Cotler.

"Cuando miro el número de veces que ha sido llevado a la Cámara de los Comunes, por los liberales y los conservadores, y sin embargo siempre ha sido en vano, uno tiene que preguntarse: `¿Cuándo vamos a tomar realmente una posición y hacer algo?", dijo la senadora Jane Cordy.

Ella agregó "Es un problema mundial y necesita una solución global, y creo que a veces en Canadá nos sentamos y pensamos que no nos afectará, pero cuando escuché que 50 pacientes de un médico de Toronto habían ido a China para recibir trasplantes, eso me resulta muy estremecedor".

Cordy se refería a un ejemplo citado por Matas sobre un médico del Hospital St. Michael's de Toronto que informó que 50 de sus pacientes habían ido a China a hacerse trasplantes de órganos.

Varios países, entre ellos Taiwán, Israel, España, Italia y Noruega, han aprobado leyes que limitan la capacidad de sus ciudadanos para recibir trasplantes de órganos en el extranjero.

Disuasión legal

La senadora Ataullahjan piensa que si el proyecto de ley se aprueba, los posibles turistas de trasplantes a China estarían más conscientes del origen de los órganos.

"Mirarán en lo que se están metiendo... hay mucha agua turbia en este momento y no hay leyes claras y definidas".

Matas dijo que la legislación también actuará como un elemento disuasivo para los profesionales médicos en China que participan en la sustracción forzada de órganos.

"Al partido comunista básicamente no le importa. Su principal preocupación es tener el control, no respetar los derechos humanos. Pero la industria de trasplantes no está tan enfocada en el control del partido comunista como lo está el gobierno", dijo.

"Así que decir que no puedes entrar en [Canadá], o peor aún, que serás procesado si se te permite entrar, significa algo para ellos. ... incluso si el número de personas que van a ser procesadas es pequeño, ya deja claro un mensaje de advertencia".

El senador Thanh Hai Ngo planteó la idea de si los responsables de la sustracción forzada de órganos pueden ser sancionados en virtud de la recientemente aprobada Ley Magnitsky de Canadá, que se aplica a las personas extranjeras responsables de graves violaciones de los derechos humanos.

"Legalmente, están dentro del alcance de esa legislación, pueden ser agregados a la lista", contestó Matas.

La Comisión Permanente de Derechos Humanos del Senado está estudiando el Proyecto de Ley S-240, por el que se modifica el Código Penal y la Ley de inmigración y protección de los refugiados, antes de proceder a su tercera votación en el Senado.