(Minghui.org) A mediados de noviembre de 2017, la oficina de trabajo de Yingkou, provincia de Liaoning, solicitó al tribunal del distrito de Xishi que confiscara las pensiones de las practicantes de Falun Dafa: Sras. Li Huifang, Ni Xiuhua y Wang Yig, mientras permanecían detenidas ilegalmente.

Arrestaron a la Sra. Li en noviembre de 2014 cuando hablaba a la gente sobre Falun Dafa. La condenaron a 2 años de cárcel y la liberaron en noviembre de 2016. Como el departamento de la seguridad social de Yingkou le había suspendido la pensión a mediados de 2016, fue a hablar con ellos. Los directivos, después de dar muchos rodeos, le explicaron que no podían hacer nada, que tenía que ir a la oficina de apelaciones.

Condenaron a la Sra. Ni, de Guizhou, a cuatro años de cárcel. La liberaron en diciembre de 2016. A la Sra. Wang también la condenaron a cuatro años y salió en libertad en julio de 2016.

A finales de 2017, todas notificaron que no habían recibido sus pensiones mientras habían permanecido encarceladas ilegalmente. Cuando se presentaron en la oficina de trabajo de Gaizhou para reclamar, los trabajadores solo les mostraron algunos documentos. Entonces fueron a ver al director de la oficina. Este les enseñó un documento del 2001, e insistió en que sus pensiones habían sido suspendidas definitivamente.

Para legalizar la privación de las pensiones, el departamento de la seguridad social del Yingkou interpuso denuncias contra las tres practicantes en diciembre de 2017.

Los practicantes de Falun Gong no han cometido ningún crimen y son ciudadanos legítimos. La oficina de la seguridad social retuvo sus pensiones; cortó sus fuentes de ingresos para que no pudieran sobrevivir. Esto constituye una violación flagrante de la constitución china.