(Minghui.org) El proyecto de ley C-219, que busca reforzar las sanciones contra los extranjeros que cometen actos de corrupción y en la represión transnacional de los derechos humanos, superó su tercera lectura en la Cámara de los Comunes de Canadá el 8 de octubre de 2026. El siguiente paso requiere su aprobación en el Senado y reciba el consentimiento real para que se convierta en ley.
El proyecto de ley C-219 fue presentado en septiembre de 2025 por James Bezan, portavoz de Defensa del Partido Conservador y miembro del Parlamento. Superó la segunda lectura el 5 de octubre de 2025 y actualmente se encuentra en tercera lectura.
James Bezan, portavoz de Defensa del Partido Conservador y miembro del Parlamento (Minghui.org)
Legislación C-219 en el sitio web de la Cámara de los Comunes
La legislación tiene como objetivo fortalecer las sanciones de Canadá y los mecanismos de rendición de cuentas para los represores extranjeros de los derechos humanos y funcionarios corruptos. Las disposiciones clave incluyen: combatir explícitamente la represión transnacional; revisar y renombrar las leyes de sanciones existentes; mejorar la transparencia y los mecanismos de supervisión parlamentaria; y proteger a los prisioneros de conciencia y a los defensores de los derechos humanos.
Como principal defensor de la Ley de Justicia para las Víctimas de Funcionarios Extranjeros Corruptos de 2017 (conocida como la Ley Sergei Magnitsky), Bezan declaró en un comunicado de prensa el 9 de octubre: «Me complace presentar mi proyecto de ley de iniciativa privada para fortalecer el régimen de sanciones de Canadá y alinearlo mejor con los países aliados mediante la imposición de medidas económicas y la prohibición de visados para familiares directos, cambiar el nombre de SEMA y proporcionar un mecanismo para retirar las licencias de radiodifusión a las entidades sancionadas».
Combatir la represión transnacional y reforzar las sanciones
La legislación incorpora formalmente la represión transnacional al sistema de sanciones legales. Enfatiza que el gobierno canadiense tiene derecho a sancionar directamente a los ciudadanos extranjeros que actúen en nombre de gobiernos extranjeros para llevar a cabo o participar en la represión transnacional, incluyendo medidas como la congelación de activos y la prohibición de entrada.
Además de revisar la Ley Magnitsky de 2017, la legislación también modifica la Ley de Medidas Económicas Especiales, incorpora las definiciones de "prisioneros de conciencia" y "represión transnacional" al derecho canadiense y establece plazos para que el gobierno confisque los activos congelados; estos activos podrán utilizarse para compensar a quienes hayan sufrido abusos y amenazas contra los derechos humanos o hayan sido perjudicados por la corrupción.
La legislación modifica la Ley de Justicia para las Víctimas de Funcionarios Extranjeros Corruptos, aclarando y ampliando los criterios para identificar y sancionar a los funcionarios extranjeros que violen gravemente los derechos humanos reconocidos internacionalmente o que participen en actos de corrupción graves. Asimismo, cambia el nombre de la Ley de Medidas Económicas Especiales a Ley de Sanciones Globales y Medidas Económicas Especiales (Ley Sergei Magnitsky n.º 2), unificando así el marco jurídico de Canadá en materia de sanciones internacionales.
La tercera lectura de la legislación refuerza las sanciones previstas en la Ley Magnitsky y la Ley de Medidas Económicas Especiales, armonizando la aplicación de las sanciones entre ambas: una multa máxima de 100.000 dólares canadienses, una pena máxima de prisión de tres años, o ambas.
Protección de los prisioneros de conciencia y los defensores de los derechos humanos
La legislación define y aclara el concepto jurídico de "prisioneros de conciencia": personas que son detenidas o cuya libertad se ve restringida debido a sus creencias (como Falun Gong, el cristianismo, el islam, etc.) o a su identidad.
Esta legislación, por vías legales, cierra las puertas a los funcionarios que encarcelan o persiguen a prisioneros de conciencia y disidentes en el extranjero para transferir bienes o residir en Canadá, impidiendo que Canadá se convierta en un refugio seguro para los violadores de los derechos humanos.
Tras presentar el proyecto de ley C-219 el pasado mes de septiembre, Bezan declaró en una entrevista que dicha legislación era la primera en definir explícitamente la "represión transnacional" en el derecho canadiense. "Esto nos permite sancionar a los extranjeros que cometen delitos transnacionales en Canadá mediante injerencia e intimidación extranjeras", explicó.
La legislación C-219 también permite al gobierno canadiense combatir la vigilancia y las amenazas del Partido Comunista Chino (PCCh) contra los practicantes de Falun Gong, los residentes de Hong Kong, los taiwaneses y otras comunidades de expatriados en los últimos años a través de "comisarías", embajadas, consulados y organizaciones de frente unido ilegales en el extranjero.
“Con este proyecto de ley, definiríamos con mayor claridad qué son los prisioneros de conciencia y los defensores de los derechos humanos, y nos aseguraríamos de que estamos defendiendo y luchando por todos y cada uno de ellos en todo el mundo”, dijo Bezan durante la segunda lectura.
Mejorar la transparencia y los mecanismos de supervisión del Congreso
La implementación de la ley C-219 también aumentará la transparencia y fortalecerá los mecanismos de supervisión del Congreso, como la presentación periódica de informes y documentos. Exige que el gobierno notifique y presente ante ambas cámaras del Parlamento, dentro de un plazo determinado (por ejemplo, 15 días), todas las decisiones sobre sanciones u órdenes ejecutivas emitidas conforme a esta ley. Esto incrementa la eficacia de la aplicación de la ley y la recopilación de pruebas. La ley también modifica las disposiciones sobre la admisibilidad de pruebas, como documentos aduaneros y facturas comerciales, para enjuiciar con mayor eficacia las infracciones penales de las sanciones.
Bezan declaró que espera establecer un mecanismo que permita a los canadienses y a la comunidad de expatriados expresarse en las comisiones parlamentarias de la Cámara de los Comunes y del Senado, y presentar listas específicas de represores y pruebas para definir qué personas deberían ser sancionadas en virtud de la Ley Magnitsky o la Ley de Medidas Económicas Especiales.
En 2024, los practicantes de Falun Gong presentaron listas de represores a 45 países de todo el mundo, solicitando la congelación de activos y la prohibición de entrada para las personas incluidas en dichas listas. En 2021, en nombre de la Asociación Falun Dafa, Bezan presentó una lista de 150 funcionarios del Partido Comunista Chino.
Profesor canadiense: Simbólico y sustantivo a la vez
Maria Cheung, profesora emérita de la Universidad de Manitoba, declaró en una entrevista que la aprobación del proyecto de ley C-219 en su tercera lectura en la Cámara de los Comunes representa un hito y un gran simbolismo para la protección de las personas perseguidas por la represión transnacional. Anteriormente, Canadá no contaba con ninguna legislación que abordara específicamente la represión transnacional.
En diciembre de 2024, el gobierno canadiense impuso sanciones a ocho altos funcionarios del Partido Comunista Chino en virtud de la Ley de Medidas Económicas Especiales, alegando, entre otros motivos, la persecución sistemática a uigures, tibetanos y practicantes de Falun Gong.
La profesora Zhang hizo hincapié en la gran importancia de incluir la Ley de Medidas Económicas Especiales. Explicó que, una vez que la legislación entre en vigor, la aplicación de las sanciones será crucial y citó ejemplos como la protección de las víctimas que no hablan inglés y la provisión de canales para que puedan denunciar de inmediato sus experiencias de persecución.
«El proyecto de ley refuerza el marco de sanciones de Canadá para garantizar que Canadá no sea utilizado como refugio seguro por funcionarios extranjeros corruptos y graves violadores de los derechos humanos», publicó Bezan en las redes sociales el 10 de octubre. «Por primera vez en la legislación canadiense, estamos definiendo a los prisioneros de conciencia y la represión transnacional para ayudar a abordar la creciente injerencia extranjera en nuestro país».
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