(Minghui.org) Cuando la Comisión Ejecutiva del Congreso sobre China (CECC, por sus siglas en inglés), bipartidista y bicameral, publicó su informe anual de 2024 el 10 de mayo, enumeró varios casos de represión contra Falun Dafa en China y expuso la brutalidad.
Representante de los Estados Unidos Christopher Smith (R-NJ), presidente de la CECC.
"El Informe Anual establece el estándar en términos de documentar el incumplimiento de las normas de derechos humanos por parte de la República Popular China y de responsabilizar a Xi Jinping y al Partido Comunista Chino por sus repetidas y sostenidas atrocidades y crímenes de lesa humanidad, hasta e incluyendo la más perniciosa de las violaciones de los derechos humanos, el genocidio", dijo el representante estadounidense Christopher Smith (R-NJ) presidente de la CECC.
"El informe anual continuará guiando al Congreso y a la Administración sobre la política de la República Popular China", explicó. "Por encima de todo, tengo la esperanza de que el sufrido pueblo de la China comunista sepa a través de nuestro informe que no ha sido olvidado, y que ellos, y nosotros, podemos esperar el día en que termine la opresión".
Senador estadounidense Jeff Merkley (D-OR), copresidente de la CECC.
"El pueblo de China merece disfrutar de toda la gama de derechos humanos a los que tiene derecho en virtud del derecho internacional. Como documenta la Comisión Ejecutiva del Congreso sobre China en este informe, el gobierno chino continúa negándoles su capacidad para ejercer estos derechos", agregó el senador estadounidense Jeff Merkley (D-OR), copresidente de la CECC.
El resumen ejecutivo del informe decía: "[La CECC] ha tratado de poner de relieve los abusos cometidos por las autoridades del PCCh y la República Popular China en una serie de temas, incluido el empeoramiento de la persecución de las minorías religiosas, incluidos los musulmanes, los cristianos y los practicantes de Falun Dafa...".
Por ejemplo, el practicante de Falun Dafa y locutor de radio Pang Xun murió después de que las autoridades lo torturaran mientras estaba bajo custodia en diciembre de 2022. Según Minghui, Pang era locutor de radio de la estación de radiodifusión de Sichuan. Debido a que practicaba Falun Dafa y les contó a otros sobre la persecución, fue arrestado en julio de 2020 y sentenciado a cinco años de prisión. Tenía 30 años cuando murió en la Prisión de Jiazhou, en la ciudad de Leshan, el 2 de diciembre de 2022.
El informe de la CECC también enumeró varios casos en los que los practicantes de Falun Dafa fueron maltratados. Las autoridades de la ciudad de Harbin, provincia de Heilongjiang, detuvieron a Niu Xiaona y a su anciana madre Tuo Wenxia en abril de 2021. Aunque la policía los liberó por separado después, los funcionarios volvieron a detener a Niu en marzo de 2022.
Niu es discapacitada y esto le causó graves problemas de movilidad. En septiembre de 2022, un tribunal ferroviario de Harbin la condenó a 15 años de prisión.
La CECC también informó de la persecución del practicante de Falun Dafa Zhou Deyong.
"La policía de Dongying detuvo a Zhou Deyong, un ingeniero de yacimientos petrolíferos, en su casa y confiscó materiales de Falun Dafa que, según se informa, pertenecían a su esposa, una practicante de Falun Dafa que vive en Estados Unidos. Un Tribunal de Dongying lo condenó en abril de 2023 a ocho años de prisión.
"Funcionarios estadounidenses, incluidos el representante de Florida Gus Bilirakis y el senador Marco Rubio, han abogado en su nombre y han pedido su liberación", indicó el informe.
La CECC también formuló varias recomendaciones. Por ejemplo, "el Congreso debería aprobar la Ley para Detener la Sustracción Forzada de Órganos (H.R. 1154 / S. 761) para imponer sanciones y otros castigos a cualquier persona involucrada en la trata de personas con el propósito de extraer órganos y ampliar los informes anuales del Departamento de Estado sobre la práctica en China y en todo el mundo".
Además, la Administración de los Estados Unidos debe poner fin a las operaciones de todas las agencias de seguridad de la RPC en los Estados Unidos, incluido el Ministerio de Seguridad Pública y las ramas subordinadas, para evitar la vigilancia y la intimidación de las comunidades de la diáspora y las actividades de recopilación de inteligencia.
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