(Minghui.org) Más de 20 practicantes de Falun Gong fueron detenidos en el condado de Nong'an de la provincia de Jilin el 15 de julio de 2020. Entre ellos, más de 10 fueron condenados arbitrariamente a sentencias que oscilan entre los dos y los diez años. Todos los practicantes condenados fueron también multados con cantidades que van de 5.000 a 20.000 yuanes.

Este incidente pone de manifiesto la persecución económica que el Partido Comunista Chino ( PCCh) ha impuesto a los practicantes, que se ha ido intensificando año tras año desde que comenzó la persecución en 1999.

De la brutalidad a las medidas financieras

En julio de 1999, Jiang Zemin, el líder del PCCh en ese entonces, comenzó a tomar represalias contra Falun Gong. Estableció la Oficina 610 en todos los niveles de gobierno, desde el Comité Central del PCCh hasta los organismos gubernamentales provinciales, municipales y de distrito, en toda China. Las prisiones también tenían sus propias sucursales.

Esto era para asegurar la aplicación exhaustiva de la política de persecución de Jiang a los practicantes de Falun Gong para «arruinar su reputación, arruinarlos económicamente y destruirlos físicamente».

No había delitos de los que acusar a los practicantes, así que los funcionarios tuvieron que inventar acusaciones. Al principio, los practicantes fueron acusados de subversión. Como esta acusación era demasiado absurda, el artículo 300 de la Ley Penal (utilizar una supuesta organización de culto para sabotear la aplicación de la ley) comenzó a aplicarse generalmente como pretexto estándar en todos los casos de Falun Gong.

Más tarde, el Tribunal Supremo y la Procuraduría Suprema presentaron una interpretación judicial del artículo 300 de la Ley Penal. La interpretación era muy detallada y pretendía justificar el maltrato a los practicantes. En 2017, el Tribunal Supremo y la Procuraduría Suprema actualizaron su interpretación judicial sobre el artículo 300 de la Ley Penal. No solo se incluyeron más detalles, sino que cualquier supuesta violación de esta ley también se convirtió en un delito sancionable.

La red 610 incluye el Equipo de Dirección 610 y la Oficina 610. Los directores del Equipo de Liderazgo 610 solían ocupar también el cargo de secretario del Partido del Comité Central de Asuntos Políticos y Jurídicos (PLAC). Luo Gan (2002 - 2007), Zhou Yongkang (2007 - 2012) y Meng Jianzhu (2012 a 2017) fueron tres de estos ejemplos.

El PLAC supervisa a todos los cuerpos de seguridad, incluida la policía. Los secretarios del PLAC Central siempre fueron miembros del Comité Permanente del Politburó, la cúspide del aparato del PCCh. Esto explica por qué la persecución vertical a Falun Gong pudo movilizar a todos los cuerpos de seguridad y abusar de la ley para lograr su objetivo.

Por debajo de la Dirección 610 están las Oficinas 610 individuales. Los directores de las Oficinas 610 suelen ser subsecretarios del Partido del PLAC. Las Oficinas 610 de niveles inferiores suelen estar en la misma división que la Oficina de Seguridad del Estado.

Lanzado inicialmente a partir de los Servicios de Seguridad soviéticos (el predecesor del KGB), el servicio de seguridad estatal chino también tuvo muchos nombres a lo largo del tiempo. Actualmente se conoce como Oficina de Seguridad del Estado en los organismos gubernamentales de nivel inferior, y su función principal es perseguir a los practicantes de Falun Gong -ciudadanos inocentes que quieren ser mejores personas a través de los principios de Verdad-Benevolencia-Tolerancia.

Desde las sentencias relativamente ligeras hasta las más duras, desde las penas de prisión hasta las multas, todas son señales de la escalada sistemática del Partido en la supresión a Falun Gong.

Estudios de los casos

Lo ocurrido a los practicantes de Nong'an al principio de este artículo es solo una de las muchas tragedias que han ocurrido. Aquí hay más ejemplos.

Siete practicantes fueron condenados en el Tribunal de Ranghulu, en la provincia de Heilongjiang, el 17 de noviembre de 2021. El Sr. Li Lizhuang fue condenado a 10 años y ocho meses con una multa de 80.000 yuanes (unos 12.000 dólares). La Sra. Tang Zhuyin, de unos 70 años, fue condenada a nueve años y cuatro meses con una multa de 50.000 yuanes (unos 7.500 dólares).

El Sr. Mu Yadong, practicante de la ciudad de Pingdingshan, en la provincia de Henan, fue condenado por guardar información sobre Falun Gong en su ordenador. Se le impuso una pena de ocho años de prisión y una multa de 100.000 yuanes (uos 15.000 dólares). El Sr. Zhang Tingxiang, de la provincia de Guizhou, fue condenado a 10 años y a una multa de 50.000 yuanes (7.500 dólares). Además, la policía confiscó 80.000 yuanes (12.000 dólares) al saquear su casa. Zhang Wei, también de la provincia de Guizhou, fue condenada a ocho años con una multa de 30.000 yuanes (4.500 dólares).

Estas cuantiosas multas pueden ser impuestas por cualquier motivo. Tras repartir información sobre Falun Gong entre los vecinos, la señora Ma Junting, de 82 años, de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Shandong, fue condenada a cuatro años de prisión. El juez le impuso una multa de 30.000 yuanes (4.500 dólares) y la policía le impuso una multa de 40.000 yuanes (6.000 dólares). Asimismo, tras repartir calendarios con información sobre Falun Gong, Yuan Lixin, de la provincia de Heilongjiang, fue detenida durante 15 días y multada con 50.000 yuanes (7.500 dólares).

Las estadísticas de Minghui mostraron que los funcionarios chinos extorsionaron con 711.400 yuanes (107.420 dólares) a 63 practicantes condenados en noviembre de 2021 en 17 provincias. De los 711.400 yuanes, 343.000 (51.800 dólares) procedían de multas judiciales y los 368.400 (55.630 dólares) restantes de extorsiones policiales.

En los últimos 23 años desde que comenzó la persecución, los practicantes de Falun Gong han sufrido pérdidas incalculables.

Diversas formas de persecución

Además de las multas, la persecución económica a los practicantes de Falun Gong también incluye otras formas, como el despido forzoso y la denegación de pensiones. Cuando los practicantes eran despedidos de sus trabajos y buscaban nuevas oportunidades, los funcionarios amenazaban a los posibles empleadores que querían contratarlos.

Como resultado, muchos practicantes sufrían dificultades económicas. Muchos practicantes se quedaron con familias destruidas; no podían permitirse cuidar a sus ancianos o mantener a sus hijos, y a menudo los niños quedaban desatendidos mientras sus padres trataban de ganarse la vida.

Además de las multas, los funcionarios también congelaban las cuentas bancarias de los practicantes y confiscaban el dinero. Al saquear las casas, la policía incautaba todo el dinero que encontraba, desde decenas de yuanes hasta más de 100.000 yuanes (15.100 dólares). Incluso se llevaban las joyas que veían. Todas estas confiscaciones se llevaron a cabo sin ningún tipo de comprobante o registro.

Cuando los practicantes de las zonas rurales eran detenidos, las autoridades dejaban abandonadas por completo las granjas de estos practicantes, lo que eliminaba su principal fuente de ingresos. Sin ingresos y con fuertes multas, estos practicantes se vieron en una situación desesperada. Muchos se vieron obligados a divorciarse, y no podían permitirse cuidar de sus hijos o de los ancianos.

Una familia sumida en la miseria

En una carta dirigida a la Oficina de Seguridad Social (SSB) de su localidad en 2021, la Sra. Wang Guixia, residente en Jinzhou, provincia de Liaoning, describió la miseria de su familia después de que se le retirara su correspondiente pensión en agosto de 2020.

Después de que la Sra. Wang fuera detenida y condenada a cuatro años de prisión, su familia se derrumbó. Su suegra quedó destrozada y murió a los cinco días. Su marido sufrió un ataque al corazón y fue hospitalizado. Sus dos hijos estaban tan preocupados que su pelo se volvió gris de la noche a la mañana.

La Sra. Wang y su marido habían estado viviendo con la familia de su hijo. Desde que su marido falleció hace dos años, la pensión de la señora Wang se convirtió en el único ingreso de la familia. Su nieto era epiléptico. Además de las alucinaciones auditivas, estaba muy débil y no podía trabajar.

La nuera de la Sra. Wang tenía numerosas enfermedades y tampoco podía trabajar. El hijo de la Sra. Wang sufrió un derrame cerebral y también tuvo que ser operado por un nódulo pulmonar.

«Por ello, mi familia tuvo que pedir prestados más de 60.000 (9.060 dólares) yuanes para cubrir sus gastos médicos», escribió la señora Wang.

«Después de recibir el alta del hospital, su lugar de trabajo planeó algunos despidos. Tuvo que volver a trabajar a pesar de su mal estado de salud», continuó. «En el último año, los únicos ingresos de toda nuestra familia provienen de mi hijo, que se ve obligado a trabajar a pesar de estar muy enfermo».

Éstas son solo algunas de las desgarradoras historias de China en las que los practicantes han sido detenidos y torturados, humillados y traumatizados incluso mientras son perseguidos económicamente. Esperamos sinceramente que la gente del mundo pueda ayudar a poner fin a esta atrocidad para que los practicantes de China puedan practicar su creencia libremente sin temor a las represalias.

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