(Minghui.org) El 22 de marzo de 2021 se lanzó un esfuerzo coordinado para sancionar a varios violadores de los derechos humanos de la provincia China de Xinjiang.
Las listas de sanciones incluyen a Zhu Hailun (vicesecretario del partido en Xinjiang), Chen Mingguo (jefe de la oficina de seguridad pública de Xinjiang), Wang Mingshan (secretario del partido del comité de asuntos políticos y jurídicos de Xinjiang, PLAC) y Wang Junzheng (exsecretario del partido del PLAC en Xinjiang, actual vicesecretario del partido en Xinxjiang).
Es la primera vez que la Unión Europea (UE) y el Reino Unido unen sus fuerzas para sancionar a funcionarios del partido comunista chino (PCCh) por violaciones a los derechos humanos. Tanto la UE como el Reino Unido, al igual que Canadá, decidieron sancionar a los cuatro funcionarios mencionados. Estados Unidos anunció que sancionará a Chen Mingguo y Wang Junzheng.
La sanción incluye prohibirles viajar y congelar sus activos. Esto representa la continuación de las acciones para contrarrestar el abuso a los derechos humanos por parte del PCCh. El 9 de julio de 2020, la anterior administración estadounidense anunció que sancionaría a la oficina de seguridad pública de Xinjiang y a cuatro funcionarios del PCCh, incluido Chen Quanguo, secretario del partido en Xinjiang.
Además de reprimir al grupo minoritario uigur, Chen también dirigió la persecución a Falun Dafa en Xinjiang desde que fue nombrado en el cargo actual en agosto de 2016. Informes anteriores de Minghui muestran que Chen intensificó el abuso de los derechos humanos contra los practicantes de Falun Dafa en Xinjiang en los últimos años.
Historial de violaciones de los derechos humanos
La organización no gubernamental (ONG) Human Rights Watch publicó su Informe Mundial 2021 el 13 de enero de 2021. "El autoritarismo del gobierno chino se expuso en su totalidad en 2020 al enfrentar el mortal brote de coronavirus registrado por primera vez en la provincia de Wuhan. Al principio, las autoridades ocultaron las noticias sobre el virus, y luego adoptaron duras medidas de cuarentena en Wuhan y otras partes de China", dice el reporte. "El gobierno ha rechazado los llamados internacionales para que se realicen investigaciones independientes y sin restricciones sobre el manejo del brote por parte de las autoridades chinas, y ha vigilado y acosado a las familias de quienes murieron a causa del virus".
La represión del PCCh también se observó en otros ámbitos, como la Ley de seguridad nacional forzada en Hong Kong, la detención y el lavado de cerebro de los uigures en Xinjiang y la persecución religiosa en el Tíbet.
Otros organismos gubernamentales, ONG y organizaciones de derechos humanos también han reconocido la brutalidad en China. Por ejemplo, Freedom House publicó su informe Freedom in the World 2000 (Libertad en el mundo 2000) el 4 de marzo del año pasado. De 100 puntos, China solo obtuvo 10 puntos y continúa siendo considerado uno de los países con menos libertad.
Un mes después, la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos (USCIRF) publicó su informe anual. "En 2019 las condiciones de libertad religiosa en China continuaron deteriorándose", dice el informe. Como resultado, por vigésimo primer año consecutivo, China fue designado como "País de Especial Preocupación" (CPC, por sus siglas en inglés).
El 9 de septiembre de 2020, más de 300 ONG presentaron una carta a Antonio Guterres, secretario general de la ONU, y a Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los derechos humanos. La carta pedía una investigación internacional sobre los abusos de los derechos humanos en China y apremiaba a una "acción decisiva".
El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó el Reporte de Derechos Humanos 2019 el 26 de octubre de 2020. "Las cuestiones significativas de derechos humanos incluyeron: asesinatos arbitrarios o ilegales por parte del gobierno; desapariciones forzadas por parte del gobierno; torturas por parte del gobierno; detenciones arbitrarias por parte del gobierno; condiciones penitenciarias y de detención duras y que ponen en peligro la vida; presos políticos; injerencia arbitraria en la privacidad; problemas sustanciales con la independencia del poder judicial; ataques físicos y persecución penal a periodistas, abogados, escritores, blogueros, disidentes, peticionarios y otros, al igual que a sus familiares; censura y bloqueo de páginas web; interferencia con los derechos de reunión pacífica y libertad de asociación, incluyendo leyes excesivamente restrictivas que se aplican a las organizaciones no gubernamentales (ONG) extranjeras y nacionales; severas restricciones a la libertad religiosa; restricciones sustanciales a la libertad de movimiento (para viajar dentro del país y al extranjero)...", dice el reporte.
La situación de los derechos humanos en China ha sido ampliamente criticada en las últimas décadas por organizaciones como las Naciones Unidas, el Departamento de Estado de Estados Unidos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras. La violación a los derechos humanos en China siempre ha sido un punto de atención. Sin embargo, el PCCh los ignora y no muestra ninguna intención de mejorar.
Sanciones contra los represores de los derechos humanos
La protección de los derechos humanos básicos es un consenso entre las naciones democráticas. En 2016, Estados Unidos aprobó la Ley Global Magnitsky para castigar a los violadores de los derechos humanos y a los funcionarios corruptos. El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un comunicado de prensa el 20 de diciembre de 2019 para anunciar que volvió a designar a China y a varios otros países como "Países de especial preocupación" en virtud de la Ley de Libertad Religiosa Internacional de 1998 por haber participado o tolerado "violaciones sistemáticas, continuas [y] atroces de la libertad religiosa".
Los funcionarios del Departamento de Estado han hecho progresos constantes. "En octubre, impusimos restricciones de visas a funcionarios del gobierno chino y del partido comunista" por violaciones de los derechos humanos. En diciembre, "el gobierno de Estados Unidos anunció la designación de 68 personas y entidades en nueve países por corrupción y abusos de los derechos humanos en virtud de la Ley Global Magnitsky".
Después de la publicación de un anuncio de Minghui en mayo de 2019, más de 100,000 personas han sido incluidas en la lista de represores involucrados en la persecución a Falun Dafa en China. El gobierno de Estados Unidos aclaró que la lista de nombres se puede proporcionar a los funcionarios de Estados Unidos siempre que haya casos de persecución. Incluso si los violadores de los derechos humanos y sus familiares entraron a Estados Unidos, se podrían tomar medidas para revocar sus visas o deportarlos. Estas medidas impedirían a los represores de derechos humanos entrar en EE.UU. como refugio para sus crímenes.
El Consejo Europeo adoptó una decisión y un reglamento por el que se establece un régimen global de sanciones en materia de derechos humanos el 7 de diciembre de 2020. "El marco de medidas restrictivas selectivas se aplica a actos como genocidio, los crímenes contra la humanidad y otras violaciones o abusos graves a los derechos humanos (por ejemplo, tortura, esclavitud, ejecuciones extrajudiciales, arrestos o detenciones arbitrarias)", dice un comunicado de prensa en el sitio web del Consejo Europeo.
"Dichas medidas restrictivas proveerán la prohibición de viajar que se aplica a los individuos, y la congelación de fondos que se aplica tanto a los individuos como a las entidades. Además, se prohibirá a las personas y entidades de la UE que pongan fondos a disposición de las personas incluidas en la lista, ya sea directa o indirectamente", continúa el comunicado.
Con base en esto, a principios de diciembre de 2020 los practicantes de Falun Dafa presentaron una lista de represores de derechos humanos a 29 gobiernos, pidiéndoles que tomaran medidas contra la persecución a Falun Dafa en China. Estos países incluyen los Cinco Ojos (Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido, Estados Unidos), 18 naciones de la Unión Europea (Alemania, Francia, Italia, España, Países Bajos, Polonia, Bélgica, Suecia, Austria, Irlanda, Dinamarca, Finlandia, República Checa, Rumanía, Portugal, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia), y 6 naciones más (Japón, Corea del Sur, Suiza, Noruega, Liechtenstein, México).
Los practicantes de Falun Dafa en Canadá también iniciaron una petición para que el gobierno canadiense sancione a los funcionarios chinos basándose en la Ley Magnitsky. Se obtuvieron más de 20.000 firmas en un mes. En julio de 2020, los practicantes canadienses también presentaron una lista al Ministro de Asuntos Exteriores. Este documento de 300 páginas enumeraba a 14 individuos implicados en el delito de lesa humanidad, entre los que se encontraban Jiang Zemin (exlíder del PCCh que inició la persecución a Falun Gong en 1999), Luo Gan (exsecretario del partido del comité de asuntos políticos y legales), Liu Jing (exjefe de la oficina central 610) y Zhou Yongkang (exministro de seguridad pública).
En todo el mundo, 28 países han aplicado o tienen previsto introducir leyes similares a la Ley Magnitsky. Esto incluye prohibir la entrada a los violadores de los derechos humanos y congelar sus activos.
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