(Minghui.org) Numerosos practicantes de Falun Gong han sido procesados por distribuir material informativo sobre la persecución en nuestra región. A continuación se presenta un caso que detalla el rescate exitoso de un practicante gracias al arduo trabajo de los practicantes locales y los familiares del practicante.

Un día de 2017, los policías irrumpieron en la casa de la practicante sin una orden judicial y confiscaron su ordenador, su impresora, dos unidades USB y algunos folletos de Falun Gong. La practicante no estaba en casa.

La policía detuvo a la practicante un mes después y la llevó a un centro de detención. La practicante dijo a la policía que confiscar sus objetos personales era ilegal. No obstante, los policías tomaron lo que ella dijo como prueba y presentaron el formulario de aprobación de la detención al fiscal. El fiscal lo aprobó en tres días.

Su familia unió sus esfuerzos a los de otros practicantes para rescatarla. Presentaron quejas a varios organismos gubernamentales contra la policía por saquear ilegalmente su casa, robar sus pertenencias y detenerla arbitrariamente.

Como represalia, la policía empezó a reunir "pruebas" contra la practicante y trató de engañar a sus ancianos parientes para que les sirvieran de testigos: dijeron que si los ancianos parientes admitían que los materiales de Falun Gong que la policía había encontrado en otros lugares (no en la casa de la practicante) pertenecían a la practicante, la liberarían. Los familiares del practicante creyeron a la policía y escribieron lo que pedían.

Cuando los demás familiares del practicante se enteraron, aclararon la situación a los familiares y colaboraron con el abogado para retractarse de los falsos testimonios.

Mientras estuvo en el centro de detención, la practicante nunca cooperó con el interrogatorio. De hecho, aprovechó cada interrogatorio para dar a conocer a los policías y al fiscal los hechos relacionados con Falun Gong y persuadirles de que no participaran en la persecución.

Una vez más, los policías intentaron presionar a la practicante mostrándole un puñado de fotos. Le dijeron que si identificaba a otros practicantes en las fotos, cerrarían inmediatamente su caso y la dejarían libre. Sin embargo, la practicante les dijo con calma: "Nada de lo que han traído aquí es relevante para mi caso". Uno de los policías gritó: "¡Si sigue negándose a cooperar, arrestaremos a su hijo!".

"¡Si hacen eso, llamaré a la línea directa 12389 para presentar una denuncia contra ustedes!", contestó la practicante. La policía renunció entonces al interrogatorio.

La practicante también escribió una carta al fiscal en la que afirmaba que nunca admitiría ni se declararía culpable del cargo de "utilizar una organización de culto para socavar el orden público", el cual se ha convertido en el pretexto habitual utilizado por las autoridades comunistas para inculpar a los practicantes de Falun Gong.

Preguntó: "Como mujer mayor de una zona rural, ¿cómo he socavado el orden público? ¿Qué ley he socavado? Creo que sólo los agentes de la ley están haciendo esto. Espero que el fiscal se lo piense dos veces y haga justicia".

Gracias a los esfuerzos combinados de la practicante, sus familiares, sus compañeros de práctica y su abogado, la practicante fue liberada seis meses después sin ser acusada. Su caso tuvo una gran repercusión en la comunidad local, ya que funcionarios de distintos niveles de gobierno estaban convencidos de que la practicante sería condenada a un mínimo de tres años de prisión.