(Minghui.org) El Sr. Dai Penshun, de 70 años, es residente de la ciudad de Kaiyuan, provincia de Yunnan. Cumplió dos penas de prisión y una de campo de trabajo, en total 12 años, por su fe en Falun Gong, una práctica espiritual de ejercicios y meditación perseguida por el gobierno comunista chino desde 1999.
El Sr. Dai era empleado de la fábrica de fertilizantes Kaiyuan. Fue detenido por primera vez en febrero de 2001, y condenado el 11 de agosto de 2001 a tres años en la Prisión Número 1 de Yunnan. Su lugar de trabajo lo despidió después de su detención.
El 11 de febrero de 2005, la policía registró y saqueó su domicilio. Fue detenido y posteriormente trasladado al Campo de Trabajo Forzado N.º 2 de Yunnan para cumplir una condena de dos años.
Una vez liberado, las autoridades siguieron vigilando estrechamente su teléfono móvil y su paradero. Su familia y sus allegados se vieron implicados y sus carreras afectadas. Donde quiera que el Sr. Dai trabajaba, la policía local acosaba a su empleador. Como resultado, no pudo encontrar un trabajo estable, y se trasladó de un lugar a otro.
Su última detención se produjo el 5 de mayo de 2012, cuando más de una docena de policías de la Oficina de Seguridad Interior del Departamento de Policía de Kaiyuan irrumpieron en su casa y registraron el lugar. Le confiscaron el ordenador, la impresora y los libros de Falun Gong, así como otros objetos personales. Fue llevado a la Estación de Policía de Xichen, donde fue torturado en un banco de tigre durante 14 horas. Al día siguiente fue trasladado al Centro de Detención de Kaiyuan tras un examen físico.
El Sr. Dai fue condenado de nuevo a una pena predeterminada de siete años en la Prisión N.º 1 de Yunnan. Tan pronto como ingresó en la prisión, fue puesto en aislamiento durante un mes. Posteriormente fue trasladado entre diferentes pabellones hasta su liberación en 2019.
Las autoridades lo acosaron ocho veces en los seis meses siguientes. Le suspendieron la pensión y le pidieron que devolviera los 18.000 yuanes que ya había recibido. Las autoridades citaron una nueva política según la cual los practicantes de Falun Gong encarcelados por su fe no tienen derecho a ninguna prestación de jubilación durante sus condenas, a pesar de que las leyes laborales chinas no tienen esa estipulación.
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