(Minghui.org) El 7 de diciembre, el Estado de Texas presentó una demanda en la Corte Suprema de los Estados Unidos contra cuatro estados en disputa en las elecciones, entre ellos: Pensilvania, Georgia, Michigan y Wisconsin. En la demanda se argumenta que los cambios en los procedimientos electorales de esos estados han violado las leyes federales, fueron injustos para los votantes y provocaron un grave fraude al aflojar las medidas vigentes para garantizar la integridad de las elecciones. Por estas razones, Texas pidió al Tribunal Supremo que declarara inconstitucionales los resultados de las elecciones en esos cuatro estados.

Esta demanda ha atraído amplia atención de expertos jurídicos y ciudadanos. El 9 de diciembre, 17 estados se sumaron a la iniciativa, entre ellos: Missouri, Alabama, Arkansas, Florida, Indiana, Kansas, Luisiana, Mississippi, Montana, Nebraska, Dakota del Norte, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Utah y Virginia Occidental.

Redactada por el Fiscal General de Texas Ken Paxton y dos ayudantes, esta demanda de 154 páginas indica que la Cláusula de Electores especificada en el Artículo II, Sección 1, Cláusula 2 de la Constitución de los Estados Unidos fue violada en Pennsylvania, Georgia, Michigan y Wisconsin.

La Cláusula de Electores exige que solo las legislaturas estatales pueden establecer las normas que rigen el nombramiento de los electores y las elecciones. Los cambios en las normas y procedimientos de votación de los tribunales o las decisiones ejecutivas de esos estados no solo violaron los derechos legales de sus legislaturas estatales y socavaron el derecho de voto de sus residentes, sino que también perjudicaron el derecho de voto del demandante (Texas) y de otros estados que son leales a la Constitución.

Además, en esos cuatro estados en disputa, también se modificaron las normas que rigen el procesamiento de las boletas de votación y el procedimiento de votación, con variaciones de un condado a otro, lo que violó la Cláusula de Igual Protección.

Un caso similar ocurrió en 2000 durante la disputa de recuento en la elección presidencial de Florida entre George W. Bush y Al Gore. La Corte Suprema de los Estados Unidos falló basándose en la Cláusula de Igual Protección, permitiendo a Bush ganar la elección.

"La confianza en la integridad de nuestros procesos electorales es sacrosanta y une a nuestra ciudadanía y a los Estados de esta Unión. Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin destruyeron esa confianza y comprometieron la seguridad e integridad de las elecciones de 2020. Los estados violaron los estatutos promulgados por sus legislaturas debidamente elegidas, violando así la Constitución. Al ignorar tanto las leyes estatales como las federales, estos estados no solo han manchado la integridad del voto de sus propios ciudadanos, sino también de Texas y de todos los demás estados que celebraron elecciones legales", dijo Paxton en un comunicado de prensa el 8 de diciembre. "Su incumplimiento del estado de derecho arroja una oscura sombra de duda sobre el resultado de toda la elección. Ahora pedimos que la Corte Suprema intervenga para corregir este atroz error".

"Ciertos funcionarios de los estados demandados presentaron la pandemia como la justificación para ignorar las leyes estatales sobre el voto por correo y en ausencia. Los estados demandados inundaron a su ciudadanía con decenas de millones de solicitudes de boletas de votación y votos en derogación de los controles estatutarios en cuanto a la forma en que son recibidos, evaluados y contados legalmente", declaró la demanda. "Bien intencionados o no, estos actos inconstitucionales tuvieron el mismo efecto uniforme: hicieron que las elecciones de 2020 fueran menos seguras en los estados demandados".

Basándose en las razones anteriores, el demandante solicitó que el Tribunal Supremo permitiera a cada legislatura estatal designar nuevos electores presidenciales. Los votos emitidos por los electores ya nombrados por los demandados (Pennsylvania, Georgia, Michigan y Wisconsin) deberían ser invalidados, ya que violaban la Cláusula de Electores y la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

De acuerdo con la Constitución de los Estados Unidos, las controversias entre dos o más estados pueden ser resueltas por la Corte Suprema. En este caso, se nombró a cuatro estados como demandados y los asuntos en cuestión se encuentran en múltiples jurisdicciones. Por lo tanto, la demanda está dentro de la jurisdicción del Tribunal Supremo.

Varias horas después de aceptar el caso, el Tribunal Supremo hizo una petición el 8 de diciembre para que los estados demandados respondieran antes de las 15.00 horas del 10 de diciembre.