2024 Personas más firman peticiones de apoyo contra Jiang Zemin

(Minghui.org) Desde mayo de 2015, más de 200.000 practicantes de Falun Gong han ejercido sus derechos legales para presentar sus demandas criminales contra Jiang Zemin. Acusan al anterior dictador chino de lanzar la persecución contra Falun Gong, lo cual ha provocado un daño irreparable para ellos durante los últimos 17 años.

Muchos no-practicantes han expresado su apoyo a las demandas firmando peticiones preparadas por los practicantes.

De acuerdo con la información reunida por el sitio web de Minghui, se confirma que un total de 2034 personas más han firmado peticiones apoyando la acusación de Jiang Zemin.

Se incluye: 505 personas en Nanchong, provincia de Sichuan; 1260 en Yishui, provincia de Shandong; y 259 en el condado de Wanzai, provincia de Jiangxi. Estos incluyen trabajadores de hotel, hombres de negocios, jefes de supermercados, y oficiales del gobierno retirados y activos.

Estas demandas y peticiones son enviadas o presentadas a través de Internet en el tribunal supremo del pueblo y en la fiscalía suprema del pueblo.

Antecedentes

En 1999, Jiang Zemin, como jefe del partido comunista chino, ignoró a los miembros del comité permanente del politburó y comenzó una violenta persecución hacia Falun Gong.

La persecución ha provocado la muerte de muchos practicantes de Falun Gong desde hace 17 años. Muchos han sido torturados por sus creencias e incluso asesinados por sus órganos. Jiang Zemin es directamente responsable por el comienzo y la continuación de la brutal persecución.

Bajo su dirección personal, el partido comunista chino estableció un órgano de seguridad ilegal, la “oficina 610”, el 10 de junio de 1999. La organización ignoró a las fuerzas policiales y al sistema judicial llevando a cabo las instrucciones de Jiang respecto a Falun Gong; para arruinar su reputación, cortar sus ingresos financieros y destruirles físicamente.

La ley china permite a los ciudadanos ser demandantes en casos criminales, y muchos practicantes están ahora ejerciendo su derecho para presentar demandas criminales contra el anterior dictador.