2000 en Cangzhou firman peticiones exigiendo el enjuiciamiento de Jiang Zemin

(Minghui.org) Desde comienzos de 2016, 2000 residentes de la ciudad de Cangzhou, provincia de Hebei, firmaron y/o colocaron la huella digital exigiendo el enjuiciamiento del ex líder chino Jiang Zemin por iniciar la persecución de Falun Gong.

Bajo la campaña que Jiang comenzó en 1999, los practicantes a nivel nacional fueron arrestados, torturados e inclusive asesinados por negarse a renunciar a su fe.

En la petición aparecen los delitos de Jiang como crímenes contra la humanidad.

Breve descripción de la persecución

En 1999, Jiang lanzó la persecución contra Falun Gong y estableció la oficina 610, una agencia extralegal encargada exclusivamente de la erradicación de Falun Gong.

Jiang hizo uso de las fuerzas armadas, la policía y el sistema legal;y asignó grandes sumas de dinero del gobierno para llevar a cabo la campaña de represión. Su directiva era "arruinar la reputación de los practicantes, cortarles los recursos financieros, y destruirlos físicamente".

Ésta utilizaba los medios de comunicación controlados por el estado para incitar el odio contra los practicantes de Falun Gong.

Como resultado, innumerables practicantes sufrieron tortura mental y física a manos del régimen comunista. Según el sitio web Minghui, miles murieron como resultado de la persecución. El número exacto se desconoce, debido a la censura de las autoridades chinas.

Antecedentes

En 1999, Jiang Zemin, como jefe del partido comunista chino, ignoró a otros miembros permanentes del comité del politburó y lanzó la violenta represión a Falun Gong.

La persecución ha llevado a la muerte a muchos practicantes de Falun Gong en los últimos 16 años. Muchos más han sido torturados por su creencia e incluso asesinados por sus órganos. Jiang Zemin es directamente responsable por el comienzo y continuidad de la brutal persecución.

Bajo su dirección personal, el partido comunista chino estableció un órgano ilegal de seguridad, la “oficina 610”, el 10 de junio de 1999. La organización ignora las fuerzas policiales y el sistema judicial al llevar adelante las directivas sobre Falun Gong: arruinar su reputación, cortar sus recursos financieros, y destruirlos físicamente.

La ley china permite a los ciudadanos ser demandantes en causas penales, y muchos practicantes están ahora ejerciendo ese derecho presentando demandas penales contra el ex dictador.