La Justicia Española investigará el genocidio del Partido Comunista China contra Falun Gong

[Minghui Net]

En la mañana del día 6 de junio de 2006 se celebró la vista pública ante el Tribunal Supremo de España en el caso de Jia Qinglin acusado de genocidio y torturas contra miles de practicantes de Falun Gong en China.

El recurso interpuesto por el Abogado español de las víctimas de Falun Gong, Carlos Iglesias, se basaba en el principio de jurisdicción universal y en la propia Ley Orgánica del Poder Judicial español, y solicitaba la competencia de los tribunales españoles para investigar y perseguir el genocidio que se está cometiendo en China durante los últimos 7 años contra millones de seres humanos inocentes, que sin haber cometido ni un solo delito, ni un solo acto reprochable, están siendo perseguidos hasta la muerte por sus libres creencias personales y espirituales.

La Audiencia Nacional de España había decidido con anterioridad no asumir ni aceptar el caso al considerar que España no era competente por no existir víctimas españolas ni vínculos o intereses nacionales españoles afectados. Ese era el punto de vista legal admitido por el propio Tribunal Supremo en todos los casos anteriores de genocidio planteados en España desde el genocidio del pueblo maya en Guatemala, hasta los casos de las anteriores dictaduras chilena, argentina o las actuales cubana o china.

Sin embargo el Alto Tribunal Constitucional español vino a confirmar en sentencia de 26 de septiembre de 2005 para el caso de Guatemala, que para los casos de genocidio, la competencia española debe ser aceptada aunque no existan víctimas españolas ni intereses o vínculos nacionales, ya que el genocidio "es un delito que atenta no solo contra las víctimas concretas sino contra toda la comunidad internacional", y así lo reflejaba la propia Ley Orgánica del Poder Judicial Español en su artículo 23.4.

EL QUERELLADO JIA QINGLIN

Jia Qinglin fue querellado en España el 2 de septiembre de 2004, en ocasión de una visita oficial que, durante 4 días iba a llevar a cabo en España invitado por el propio Congreso de los Diputados y por otras altas personalidades de la política española. Bajo la apariencia de una visita amparada en la legalidad diplomática del gobierno comunista chino, la realidad es que el número 4 en la jerarquía del partido comunista chino escondía a sus anfitriones españoles su reciente pasado como Secretario del Comité Municipal del Partido Comunista Chino en Pekín, cargo que desempeñó hasta el mes de noviembre de 2002 y desde el que cometió los actos genocidas que se le imputan en la querella, autorizando y coordinando la detención ilegal de centenares de miles de practicantes de Falun Gong que desde toda China llegaban hasta Pekín para apelar pacíficamente por la brutal persecución promovida por el ex presidente Jiang Zemin.

Jia Qinglin es acusado de ser el responsable directo de miles de muertes, asesinatos en serie y torturas en masa, cometidos contra los practicantes de Falun Gong ilegalmente detenidos en Pekín bajo su mandato, colaborando de forma absoluta con la decisión de Jiang Zemin de "eliminar la práctica de Falun Gong, bajo las tres premisas dadas al Polit Buró Chino en el año 1999: difamar, arruinar económicamente y eliminar físicamente a los practicantes de Falun Gong". Este fue el inicio del genocidio en el que participó directamente el acusado Jia.

DECISION DEL TRIBUNAL SUPREMO ESPAÑOL

La vista pública celebrada en el Tribunal Supremo, ante los 15 Magistrados de más alto rango judicial español, estuvo cargada de emotividad. En la Sala estaban presentes junto con los 15 Jueces, el Abogado defensor de las víctimas de Falun Gong, el Fiscal, que representa el interés público del Estado español, y representantes de la Asociación de Falun Dafa en España, acompañados de periodistas españoles.

Durante la media hora en la que el Abogado Carlos Iglesias expuso los detalles de la persecución y las razones legales por las que España debía aceptar este caso se mantuvo la atención de los Magistrados del Tribunal Supremo. La impunidad de casi 7 años de genocidio alegada por el Abogado así como la imposibilidad legal y material de que el caso sea enjuiciado en China, donde no sólo es inexistente la independencia judicial sino que los propios Jueces y Abogados se convierten en colaboradores de la persecución al estar totalmente vinculados al Partido Comunista Chino fueron detalles altamente reveladores de la falta de justicia efectiva en China. "Jueces como ustedes han sido asesinados por practicar Falun Gong" reveló el propio Abogado, quien confirmó que ni siquiera existe en China el delito de genocidio, a pesar de haber ratificado la Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio del año 1948.

El derecho de veto que ostenta China en la ONU como miembro permanente del Consejo de Seguridad ha imposibilitado que se lleve adelante cualquier intento de investigación de los miles de casos documentados en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. ¿Qué más pueden pedir las víctimas? ¿Podemos mirar para otro lado ignorando la impunidad de casi 7 años de un genocidio sin precedentes en la historia de la humanidad? Fueron preguntas lanzadas en la Sala ante el silencio atento de los Magistrados. El abogado acabó su alegato pidiendo a los jueces que miren dentro de su corazón y que busquen allí por encima de las leyes y de las normas, la posibilidad de ofrecer justicia a las víctimas que sufren en silencio en China.

El Alegato del Fiscal fue contrario a que España asumiera este caso, argumentando que España no podía convertirse en el justiciero de todas las desgracias del mundo y aún admitiendo el respeto a la práctica de Falun Gong y el rechazo a los horribles crímenes detallados en la querella, sostenía que España no podía enjuiciar casos de países lejanos y sin vínculos, como es China con el que nos unían "lazos puramente exóticos", negando la competencia española para investigar estos delitos.

Finalizada la vista pública, los 15 Magistrados estuvieron deliberando y finalmente por una mayoría de 10 votos contra 5 decidieron aceptar el caso y ordenar a la Audiencia Nacional de España que investigue este genocidio contra Falun Gong.

REPERCUSION EN LOS MEDIOS Y REACCIONES DEL GOBIERNO COMUNISTA CHINO

Los medios de toda España acogieron la noticia y un gran interés se ha suscitado en toda España, ya que son 2 los casos aceptados contra los dirigentes comunistas chinos, puesto que además del caso de Falun Gong, la justicia española también investigará el genocidio y los crímenes cometidos por Jiang Zemin y altos dirigentes comunistas chinos contra el pueblo tibetano.

La reacción del Gobierno Comunista Chino no se ha hecho esperar y ha manifestado su protesta formal al Gobierno español, llegando incluso a requerir la presencia de un representante diplomático español de la Embajada en Pekín para formalizar la protesta del régimen comunista.

Este tipo de presiones realizadas desde un país dictatorial hacia un país democrático en el que impera la separación de poderes y la independencia judicial, forman parte de la estrategia seguida por el gobierno comunista chino para intentar evitar, de manera diplomática y bajo la amenaza velada de los acuerdos comerciales que interesan a los países occidentales, la aplicación de la justicia internacional ante la constante y reiterada violación de los derechos humanos más esenciales.

Olvida el régimen de Pekín que España es un país donde impera el estado de derecho y donde el Gobierno carece de competencias para interferir en asuntos judiciales, algo que resulta inexistente en China desde la llegada al poder del Partido Comunista. A pesar de las alegaciones formuladas por los representantes del gobierno chino de "tratarse de asuntos internos que no deben ser interferidos por España", la respuesta del Gobierno español ha ratificado la imposibilidad de intervenir en las decisiones adoptadas por órganos judiciales independientes.

EFECTOS DE LA DECISION JUDICIAL

Los efectos inmediatos que se derivan de la decisión del Tribunal Supremo serán los encaminados a investigar este genocidio sobre la base de las siguientes peticiones que se llevarán a cabo por la defensa de las víctimas:
1.- Declaración ante el Juez de las víctimas, bien directamente en España bien en sus países de origen mediante la petición de auxilio judicial a través de comisiones rogatorias.
2.- Petición de informes a la ONU, Comisión de Derechos Humanos y organismos internacionales sobre esta persecución a los practicantes de Falun Gong.
3.- Petición de orden de detención internacional para el supuesto de visita de los responsables de este genocidio a países con los que España tenga suscrito Acuerdos de Extradición.
4.- Petición de embargo y retenciones de cuentas bancarias y bienes conocidos que los querellados tengan en otros países distintos de China.

5.- Petición formal de investigación de estos delitos a las autoridades de China.

6.- Otras medidas legales confidenciales que seguirán el curso judicial.

El cerco judicial y la justicia universal se estrecha cada vez más ante las autoridades chinas involucradas en delitos de genocidio contra seres inocentes. El caso de la persecución a Falun Gong se une a la investigación del genocidio del pueblo tibetano y cada vez más personas en todo el mundo conocen la verdad acerca de la actuación oscura del régimen comunista chino en sus terribles violaciones de derechos humanos. Es el momento de la justicia.