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El 6 de junio de 2006, El Tribunal Supremo de España aceptó una querella interpuesta por varios practicantes de Falun Gong, acusando a Jia Qinglin, un alto funcionario chino por genocidio y determinó que la Audiencia Nacional, un tribunal superior de España, podía investigar y llevar el proceso.

El 13 de junio, a la pregunta de un periodista, Jiang Wu, portavoz del Ministro chino de Asuntos Exteriores consideró el proceso como "una campaña de calumnias" y lo calificó de "motivado políticamente". Jiang dijo que las leyes internacionales y las relaciones internacionales de protocolo sugerían que España no tenía ningún derecho a aceptar la investigación de este caso. Jiang dijo también que tal proceso podría deteriorar las relaciones entre China y España, y que "el gobierno español debería tratar esto de manera apropiada".

Las palabras del portavoz del gobierno chino muestran de hecho que la querella de los practicantes de Falun Gong tiene bases legales. La Corte española determinará si el proceso es una "campaña de calumnias" y una "difamación". Si el gobierno chino no tuviera nada que esconder, ¿por qué trata de impedir al tribunal español aceptar y llevar el proceso?

La "advertencia" aparentemente severa del portavoz del gobierno chino es una tentativa de imponer la dictadura del estilo chino a un país democrático occidental. Cuando el Tribunal Supremo de España consideró por primera vez el asunto, el régimen comunista chino se resistió de manera similar, pidiendo interferir al gobierno español. El Vice Presidente de España fue claro respondiendo que España es un país democrático con una rama judicial independiente; el gobierno no tiene ningún derecho a interferir en las decisiones judiciales.

La otra razón que el gobierno chino dio para disuadir al Tribunal de España de aceptar el asunto, son las leyes internacionales y las relaciones internacionales de protocolo. Esto fue todavía más ridículo. De hecho, es tomando como base los principios de la justicia internacional que España aceptó el proceso. Según Avertiser, periódico ubicado en Australia, el 7 de junio la Audiencia Nacional rechazó el proceso sobre la base de que no había sido establecido que Jia Qingling estaba en España. Sin embargo, el Tribunal Supremo determinó que el proceso estaba de hecho bajo la jurisdicción de la justicia española, porque España aceptó los principios de competencia universal en octubre de 2005, lo que significa que las justicia española tiene competencias para aceptar las persecuciones de genocidio y crímenes contra la humanidad, cualquiera que sea el lugar del crimen y la nacionalidad del acusado.

Los que cometieron crímenes contra la humanidad amenazan a la raza humana y a la civilización entera. Cada país tiene el derecho y la responsabilidad de juzgarlos. Es un principio ampliamente aceptado. Estos últimos siete años, ¿quién violó las leyes internacionales, utilizando los órganos y los recursos de un gobierno para cometer genocidio contra los estándares humanos y morales?

El abogado de los derechos humanos Carlos Iglesias, que representa a los practicantes de Falun Gong en este proceso, dijo: "Ya que China no tiene sistema judicial independiente, el gobierno chino impedirá todo proceso contra criminales en el seno del sistema del gobierno. No podemos demandar ante la justicia a estas personas sin utilizar las organizaciones judiciales internacionales".

Iglesias dijo que en julio de 1999, el ex presidente chino Jiang Zemin ordenó reprimir y exterminar a millones de practicantes de Falun Gong, especialmente creando la oficina 610 para perseguir a Falun Gong. Jia Qingling fue una de las personas directamente implicadas. La función de la oficina 610 es similar a la de la Gestapo en la Alemania nazi; su último fin es eliminar a Falun Gong, un grupo basado en la fe, constituido por cien millones de personas inocentes. El simple número de cien millones era absolutamente inaceptable para la dictadura del Partido Comunista Chino. Estimaciones prudentes estiman en 2 millones los practicantes de Falun Gong detenidos en campos de trabajo. Más de 2000 personas han muerto debido a la persecución, incluidas personas de edad, mujeres y niños. Decimos que esta persecución podría ser considerada como el genocidio más grande de la historia reciente.

Desde marzo de 2006, testigos y fuentes confirmaron que en China, el régimen comunista chino utilizaba los campos de trabajo y otros treinta y seis campos de concentración secretos para extraer los órganos de practicantes de Falun Gong vivos para obtener beneficios económicos. Después, los cuerpos eran destruidos para eliminar las pruebas.

Recientemente, las Naciones Unidas pidieron al gobierno chino poner fin a la detención infundada de la Sra. Qiu Minghua. Esto demuestra que la persecución contra Falun Gong por el gobierno chino es ilegal y pisotea los derechos humanos. Teniendo como base las leyes internacionales, el Grupo de Trabajo por la detención arbitraria de las Naciones Unidas, consideró la detención de los practicantes de Falun Gong como "arbitraria, contraviniendo los artículos 9 y 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos" y ha pedido que el gobierno chino "tome las medidas necesarias para remediar la situación de la Sra. Qiu" (http://www.minghui-es.org/articles/5024.html).

Citemos para concluir al abogado de los demandantes. Carlos Iglesias dijo: "Sin duda alguna, es un gran paso adelante para las organizaciones judiciales internacionales. Es también una victoria para las víctimas del espantoso genocidio. Esta etapa histórica tiene como fin extremadamente importante poner fin a los terribles crímenes cometidos con el beneplácito del Partido Comunista Chino". Iglesias continuo: "Espero que esto marque el principio del fin de este genocidio. Todos los autores de los crímenes deberán sin duda alguna hacer frente a la justicia bajo las leyes internacionales".


Fecha de edición: 25/6/2006
Fecha del artículo original: 20/6/2006
Versión en francés: http://fr.clearharmony.net/articles/200606/27238p.html