Amnistía Internacional - Informe 2006, China

[Minghui Net]

Amnistía Internacional, Informe 2006

Las limitadas reformas legales y judiciales apenas mejoraron la protección de los derechos humanos. Continuó la detención de decenas de miles de personas en violación de sus derechos humanos y con riesgo de sufrir tortura o malos tratos. Miles de personas fueron condenadas a muerte o ejecutadas. Las autoridades recurrieron con frecuencia al uso de la fuerza frente al creciente malestar social. Se reanudó la represión contra los medios de comunicación y se reforzaron los controles sobre Internet. Las autoridades siguieron utilizando la «guerra contra el terror» para reprimir con dureza a la comunidad uigur de la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang. En el Tíbet y otras zonas de etnia tibetana, las libertades de expresión y de religión continuaron gravemente limitadas. Las ventas de armas a Sudán suscitaron la preocupación de que China estuviera contribuyendo con sus actividades a la comisión de violaciones de derechos humanos en otros países. China prosiguió su limitado diálogo sobre derechos humanos con determinados miembros de la comunidad internacional, a pesar de lo cual los defensores y defensoras de los derechos humanos que vivían en el país siguieron siendo objeto de detención arbitraria, y en ocasiones fueron condenados a prisión.

La comunidad internacional

Las exportaciones no controladas de armas por parte de China siguieron contribuyendo a violaciones masivas de derechos humanos en Sudán. El gobierno chino se opuso al reforzamiento del embargo de armas a Sudán por parte del Consejo de Seguridad de la ONU.

La Unión Europea (UE) resistió las presiones del gobierno chino para levantar el embargo de armas a China, impuesto tras la represión de junio de 1989 contra el movimiento a favor de la democracia.

El gobierno siguió participando en los mecanismos de derechos humanos de la ONU, aunque no aplicó muchas de sus recomendaciones. La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y el relator especial de la ONU sobre la cuestión de la tortura visitaron China en agosto y noviembre respectivamente. En septiembre, China y la Federación Rusa encabezaron una iniciativa para bloquear la creación de un nuevo y efectivo Consejo de Derechos Humanos en la ONU.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Los ciudadanos siguieron utilizando el tradicional sistema de presentación de demandas chino, y en ocasiones los tribunales, para intentar conseguir resarcimiento por diversos abusos. Sin embargo, deficiencias básicas en ambos sistemas hicieron que muchas personas no obtuvieran ese resarcimiento, lo que contribuyó a un aumento de las protestas sociales en todo el país. En mayo se introdujeron nuevas normas que se explicaron como un intento de proteger mejor los intereses de los demandantes, pero que al parecer apenas afectaron a la resolución de las denuncias.

Redes no oficiales de defensores de los derechos humanos presionaron públicamente a las autoridades y a la comunidad internacional en relación con diversos abusos. Sin embargo, las autoridades siguieron valiéndose de disposiciones relativas a delitos definidos de forma imprecisa como delitos contra la seguridad nacional para procesar y encarcelar a activistas, entre ellos abogados, personas que utilizaban el sistema de presentación de demandas y defensores del derecho a la vivienda. Siguió aumentando el número y la eficacia de las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, se hicieron más estrictos los controles para restringir las actividades de quienes cuestionaban las políticas oficiales.

• Hou Wenzhuo, directora de la organización no gubernamental Instituto de Habilitación y Derechos, fue objeto de numerosos abusos en relación con sus actividades a favor de los derechos humanos: entre otras cosas, fue desalojada de su hogar y de su oficina en Pekín y fue detenida arbitrariamente por la policía en el sur de China. Su trabajo consistía, entre otras tareas, en investigar informes sobre expropiación ilegal de tierras de granjeros en Foshan, en la provincia de Guangdong. Huyó de China en octubre por temor a una nueva detención arbitraria por parte de la policía.

Periodistas e internautas

Las autoridades se mostraron cada vez más intolerantes con respecto a las informaciones en las que se trataban cuestiones delicadas o se cuestionaba la política gubernamental. Se reanudó la represión contra periodistas y medios de comunicación. Las personas que informaban acerca de cuestiones delicadas o que ponían en tela de juicio el orden establecido corrían peligro de ser despedidas, detenidas arbitrariamente o encarceladas. Se siguió recurriendo a disposiciones sobre delitos definidos de forma imprecisa como «secretos de Estado» para procesar a periodistas. Las restricciones sobre el uso de Internet se hicieron más estrictas y decenas de personas permanecían encarceladas por consultar o difundir en Internet información delicada desde el punto de vista político.

• El periodista Shi Tao fue condenado en abril a 10 años de cárcel por filtrar «secretos de Estado». Había publicado en un sitio web de un país extranjero una directiva del Partido Comunista en la que se indicaba a los periodistas cómo debían tratar la información sobre el decimoquinto aniversario de la represión del movimiento a favor de la democracia de 1989.

Violaciones en el contexto de la reforma económica

Los desalojos forzosos en las zonas urbanas y la requisa de tierras y los altos impuestos en las zonas rurales centraron cada vez más las protestas locales y el malestar social. Los disturbios se reprimían a menudo con medios violentos, en ocasiones mediante bandas de delincuentes, al parecer respaldadas o contratadas por empresas o autoridades locales.

A pesar de las reformas que se estaban realizando en el Sistema de Registro de Residencia (Hukou), las personas migrantes procedentes de zonas rurales que llegaban a zonas urbanas seguían estando expuestas a sufrir discriminación en las ciudades, como no poder acceder a la atención a la salud y otros servicios sociales.

Las condiciones laborales generales en las fábricas, minas y otras empresas siguieron siendo deficientes. Los derechos a las libertades de expresión y asociación de los representantes de los trabajadores siguieron estando gravemente limitados, y los sindicatos independientes continuaron siendo ilegales.

• Xu Zhengqing, activista que había hecho campaña contra los desalojos y la apropiación de tierras en Shanghai, fue condenado en octubre a tres años de cárcel por «alteración del orden público» cuando viajaba a Pekín en enero para asistir a un acto en memoria del ex primer ministro fallecido Zhao Ziyang.

Violencia contra las mujeres

A pesar de las leyes que prohibían estas prácticas, numerosas mujeres siguieron sufriendo esterilización y abortos forzados por parte de autoridades locales que intentaban cumplir con las estrictas normas de planificación familiar.

La prohibición de la identificación del sexo de los fetos apenas afectó a la desproporción que existía entre hombres y mujeres. Se siguieron recibiendo informes de trata de mujeres y menores, especialmente niñas.

Algunas provincias aprobaron normas destinadas a impedir la violencia doméstica, pero, según los informes, siguió habiendo muchos abusos.

Las mujeres encarceladas seguían corriendo peligro de sufrir abusos sexuales y otras formas de tortura y malos tratos.

En agosto, las autoridades modificaron la Ley de Protección de los Derechos e Intereses de las Mujeres para prohibir específicamente el acoso sexual a éstas y reforzar sus derechos a presentar denuncias.

• En septiembre, Chen Guangcheng, invidente y abogado autodidacta, fue acosado, golpeado y detenido arbitrariamente en su domicilio tras intentar emprender acciones legales contra las autoridades de la ciudad de Linyi, provincia de Shandong, por practicar esterilizaciones y abortos forzados a fin de conseguir las cuotas de natalidad. Al finalizar el año permanecía recluido.

Represión de grupos espirituales y religiosos

Las prácticas religiosas al margen de los canales oficiales siguieron muy limitadas. En marzo, las autoridades promulgaron una nueva Normativa sobre Asuntos Religiosos destinada a reforzar los controles oficiales sobre las actividades religiosas.

En abril se reanudó la represión contra el movimiento espiritual Falun Gong. Un alto funcionario de Pekín aclaró que, dado que el grupo había sido prohibido por considerarlo una «organización herética», todas las actividades ligadas a Falun Gong eran ilegales. Según los informes, numerosos seguidores de este movimiento espiritual permanecían recluidos y corrían grave peligro de sufrir tortura y malos tratos.

Integrantes de grupos católicos y protestantes no autorizados vinculados a «casas iglesia» no oficiales también fueron hostigados, detenidos arbitrariamente y encarcelados.

• En noviembre, el destacado abogado Gao Zhi¬sheng fue obligado a cerrar su bufete durante un año tras negarse a retirar una carta abierta dirigida al presidente y al primer ministro en la que pedía a las autoridades que respetasen la libertad de cultos y pusiesen fin a la «brutal» persecución de Falun Gong. La orden de cierre llegó al poco tiempo de haber presentado Gao Zhisheng un recurso en nombre del pastor protestante Cai Zhuohua, que se encontraba en la clandestinidad y había sido condenado a tres años de cárcel por imprimir ejemplares de la Biblia de forma ilegal.

Pena de muerte

La pena capital continuó utilizándose de forma amplia y arbitraria, en ocasiones como consecuencia de injerencias políticas. Se llevaron a cabo ejecuciones por delitos no violentos, como el fraude fiscal y la malversación de fondos, y por delitos violentos y relacionados con las drogas. Basándose en informes públicos existentes, Amnistía Internacional calculaba que al menos 1.770 personas habían sido ejecutadas y al menos 3.900 condenadas a muerte a lo largo del año, aunque se creía que las cifras reales eran muy superiores.

Varios errores judiciales en casos de pena de muerte que se publicaron en la prensa china durante la primera mitad del año causaron una considerable inquietud en la sociedad y sirvieron de impulso para avanzar hacia la reforma. En septiembre, una alta funcionaria del Tribunal Supremo anunció que se iban a crear tres tribunales dependientes del primero para revisar las condenas a muerte. Anteriormente, este tema se había delegado en tribunales inferiores, lo que reducía las salvaguardias contra juicios sin las debidas garantías. Las autoridades preveían que la reforma reduciría las ejecuciones en un 30 por ciento. Sin embargo, las estadísticas nacionales sobre condenas a muerte y ejecuciones siguieron clasificadas como secreto de Estado, lo que hacía que el análisis y la vigilancia de la aplicación de la pena de muerte resultasen difíciles.

• En junio, Wang Binyu, trabajador migrante procedente de Gansu, fue condenado a muerte en Ningxia por matar a puñaladas a su capataz y a otras tres personas durante una violenta disputa sobre salarios impagados. Según los informes, necesitaba el dinero para pagar una intervención quirúrgica a su padre. Fue ejecutado en octubre, pese a las peticiones de clemencia realizadas en medios de comunicación chinos por intelectuales y ciudadanos de a pie.

Tortura, detención arbitraria y juicios injustos

Se siguieron recibiendo informes de tortura y malos tratos en instituciones oficiales muy diversas. Los métodos habituales incluían dar a la víctima patadas y golpes, aplicarle descargas eléctricas, colgarla por los brazos, mantenerla con grilletes en posturas dolorosas e impedirle dormir y comer. Las restricciones en el acceso de los detenidos al mundo exterior y el hecho de que no se creasen mecanismos efectivos de presentación de denuncias e investigación siguieron siendo factores clave que permitieron que esta práctica prosperase.

En mayo, las autoridades anunciaron un proyecto piloto que permitía en tres regiones el interrogatorio policial de los presuntos delincuentes ante cámaras de vídeo y abogados. En julio, las autoridades anunciaron que estaban acelerando su campaña de procesamiento de los policías que obte¬nían confesiones mediante tortura, y añadieron que 1.924 funcionarios habían sido procesados desde el inicio de la campaña, en mayo de 2004.

• Gao Rongrong, seguidora de Falun Gong, murió en junio bajo custodia tras permanecer recluida en el Centro de Reeducación por el Trabajo de Longshan, en Shenyang, provincia de Liaoning. Según los informes, tras encontrarla leyendo material de Falun Gong en el centro, en 2004 había sido golpeada por funcionarios que le aplicaron descargas con porras eléctricas en cara y cuello, causándole graves quemaduras y problemas de visión.

Según los informes, los legisladores debatieron la propuesta de una nueva Ley de Rectificación de Comportamientos Ilegales que sustituiría a la reeducación por el trabajo, un sistema de detención administrativa que se utilizaba para recluir a cientos de miles de personas durante hasta cuatro años sin cargos ni juicio. Las autoridades señalaron que la nueva ley probablemente reduciría los periodos de reclusión. Sin embargo, los elementos que infringían las normas internacionales sobre juicios con las debidas garantías probablemente permanecerían inalterables.

Se inició una campaña destinada a mejorar la conducta de la policía y a erradicar la tortura, pero apenas se tomaron medidas para introducir las reformas legales e institucionales básicas necesarias para impedir esos abusos en la práctica.

Se siguió negando el debido procedimiento legal a personas acusadas tanto de delitos políticos como de delitos comunes. Persistieron las severas restricciones en el acceso de los detenidos a abogados y familiares, y los juicios distaron mucho de cumplir las normas internacionales de justicia procesal. A las personas acusadas de delitos relacionados con secretos de Estado o terrorismo se les restringían sus derechos legales y se las juzgaba a puerta cerrada.

Solicitantes de asilo de Corea del Norte

Continuaron llegando a China personas que escapaban de la grave escasez de alimentos en Corea del Norte y huían de su país cruzando la frontera. Cientos, posiblemente miles de norcoreanos fueron detenidos y devueltos a su país por las autoridades chinas, que los consideraban migrantes económicos y les negaban el acceso a cualquier procedimiento de determinación de la condición de refugiado, lo que infringía la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados. Informes sin confirmar indicaban que al menos cinco ciudadanos de Corea del Sur de origen norcoreano fueron secuestrados en China y devueltos a Corea del Norte.

Región Autónoma Uigur del Sin-kiang

Las autoridades siguieron utilizando la «guerra contra el terror» internacional para justificar la severa represión en el Sin-kiang, que produjo graves violaciones de derechos humanos contra la comunidad de etnia uigur.

Aunque la intensidad de la última campaña china de «mano dura» contra la delincuencia había disminuido en la mayor parte del país, en mayo se renovó oficialmente en el Sin-kiang, para erradicar «el terrorismo, el separatismo y el extremismo religioso». La represión se tradujo en el cierre de mezquitas no oficiales y la detención de imanes.

Continuaron las detenciones y los encarcelamientos de nacionalistas uigures, incluidos activistas pacíficos. Los acusados de delitos graves de «separatismo» o «terrorismo» corrían peligro de ser condenados a largos periodos de prisión o de ser ejecutados. Quienes intentaban enviar al extranjero información sobre el alcance de la represión se veían expuestos a ser detenidos arbitrariamente y encarcelados.

Las autoridades continuaron acusando de terrorismo a activistas uigures sin presentar pruebas creíbles para sustentar tales acusaciones.

• Rebiya Kadeer, presa de conciencia excarcelada en marzo, se convirtió en un objetivo clave en un evidente intento de contrarrestar su influencia como activista uigur en el extranjero.
• En febrero, el escritor Nurmuhemmet Yasin fue condenado a 12 años de cárcel en un juicio a puerta cerrada, tras publicar una narración breve titulada Yawa Kepter (Pichón salvaje) sobre un ave que se suicida tras ser atrapada y enjaulada por humanos; al parecer, las autoridades consideraron la obra una alegoría de los uigures que vivían en China.

Región Autónoma del Tíbet y otras zonas de etnia tibetana

Las libertades de religión, expresión y asociación siguieron sufriendo graves restricciones, y continuaron las detenciones arbitrarias y los juicios sin las debidas garantías. Algunos presos de conciencia fueron excarcelados al cumplir sus condenas, pero decenas más, entre los que había monjes y monjas budistas, continuaron encarcelados y co¬rrían peligro de sufrir tortura y malos tratos.

• En febrero, Tashi Gyaltsen y otros cuatro monjes fueron condenados a pasar entre dos y tres años en el Centro de Reeducación por el Trabajo de Xiling, provincia de Qinghai, por publicar un boletín con poemas y artículos considerados delicados desde el punto de vista político.

Región Administrativa Especial de Hong Kong

En abril, el Tribunal de Última Instancia de Hong Kong anuló todas las condenas pendientes dictadas contra ocho seguidores de Falun Gong por obstrucción y agresión a la policía durante una manifestación celebrada en marzo de 2002. Algunos cargos contra ellos ya habían sido anulados en 2004, tras la presentación de un recurso.

En septiembre, el veredicto del tribunal del pesquisidor sobre la muerte de Kim Shuk-ying y sus dos hijas a manos de su esposo aceleró el proceso de revisión de la Ordenanza sobre Violencia en el Hogar, en la que la violencia doméstica se define de forma limitada como violencia física entre miembros de una pareja.

Activistas en favor de los derechos humanos protestaron ante la decisión de las autoridades de Hong Kong de encargar la formación de maestros y profesores en el área de derechos humanos y no discriminación a la Sociedad para la Verdad y la Luz, un grupo cristiano conservador que se oponía a los derechos de los gays y al «uso excesivo» de los derechos humanos.

Los observadores de derechos humanos acusaron a la policía de uso excesivo de la fuerza por utilizar aerosoles de pimienta, gases lacrimógenos y proyectiles de poliestireno contra las personas que se manifestaron durante las reuniones ministeriales que la Organización Mundial del Comercio celebró en diciembre. Más de 1.000 manifestantes fueron detenidos y varios denunciaron haber sido sometidos a malos tratos mientras estaban bajo custodia policial. Todos quedaron en libertad posteriormente, pero 14 fueron acusados de reunión ilegal y puestos en libertad bajo fianza. Al finalizar el año aún no habían sido juzgados.

• William Leung, un joven gay de 20 años, recusó con éxito una ley que prohíbe las relaciones sexuales entre hombres menores de 21 años con consentimiento de ambos. Un tribunal de primera instancia resolvió que la ley era discriminatoria y violaba los derechos humanos. Las autoridades de Hong Kong afirmaron que recurrirían el fallo, pero al finalizar el año aún no se había visto el recurso.

Visitas de Amnistía Internacional

Una delegación de Amnistía Internacional asistió en junio al Seminario UE/China sobre Derechos Humanos y en agosto al seminario del programa marco de la ONU sobre cooperación regional para la protección y promoción de los derechos humanos en Asia, celebrados ambos en Pekín. La secretaria general de Amnistía Internacional y otros dos delegados asistieron en noviembre a una reunión del Pacto Mundial de la ONU, una red voluntaria internacional sobre responsabilidad corporativa, que se celebró en Shanghai.

Fuente: http://web.amnesty.org/report2006/chn-summary-esl

Fecha de edición: 28/5/2006Fecha del artículo original: 28/5/2006