Una investigación concluye que el PCCh realiza sustracción forzada de órganos para trasplantes ilegales

(Minghui.org) La revista Nature publicó recientemente su lista de los diez científicos más influyentes del año. Uno de ellos es Wendy Rogers, profesora de ética clínica de la universidad Macquarie de Australia.

La profesora Rogers comenzó a seguir la cuestión de la ética en los trasplantes luego de ver el documental Hard to Believe (Difícil de creer). Al año siguiente, fue nombrada presidenta de una organización sin fines de lucro, la Coalición Internacional para Acabar con el Abuso de Trasplantes en China (ETAC por sus siglas en inglés)

Dirigió un equipo de investigación para analizar trabajos publicados por médicos chinos especialistas en trasplantes. Ella consideraba que los hallazgos del equipo, que fueron publicados en febrero de 2019, pondrían un freno a la sustracción forzada de órganos en China.

Nature menciona que un grupo de expertos internacionales ha llegado a la misma conclusión que la profesora Rogers. El equipo liderado por Sir Geoffrey Nice, un abogado especializado en procesos judiciales a criminales de guerra, publicó un trabajo que ponía en tela de juicio la cantidad de trasplantes informados por el régimen comunista chino y concluyó que un número mayor de prisioneros de conciencia fueron sometidos a sustracción forzada de órganos vitales, y que estos crímenes muy probablemente continúan ocurriendo.

Bajo el liderazgo del exjefe del partido Jiang Zemin, el partido comunista chino (PCCh) lanzó una persecución a Falun Gong a nivel nacional en julio de 1999. Se estableció la oficina 610, una institución clandestina cuya única función era erradicar Falun Gong, bajo las directivas de “Arruinar su reputación [de los practicantes], quebrarlos financieramente y destruirlos físicamente”.

Desde entonces, se ha confirmado la muerte de más de 4.300 practicantes como resultado directo de la persecución, y un número no revelado ha sido encarcelado, sometido a lavado de cerebro y a trabajo forzado e, incluso han sido víctimas de la sustracción forzada de órganos que fueron vendidos para trasplantes.

El régimen comunista utilizó todas las agencias del estado para perseguir a Falun Gong e implementó una política de “[registrar] todas las muertes de practicantes de Falun Gong como suicidios” y “cremar sus cuerpos sin documentar sus identidades”.

A muchos practicantes encarcelados les realizaban frecuentes análisis de sangre y otro tipo de exámenes físicos en las prisiones y en los campos de trabajo forzado. Asimismo, un gran número de practicantes desapareció.

El régimen chino ha negado constantemente la sustracción forzada de órganos a prisioneros de conciencia y aseguró haber establecido un sistema de donación de órganos. Sin embargo, la revista Forbes citó un artículo de BMC Medical Ethics, publicado el 16 de noviembre de 2016, en el que se informa que el régimen comunista cuidadosamente falsificó información en el Sistema de Respuesta de Trasplante de Órganos de China (COTRS por sus siglas en inglés) para cubrir los asesinatos en masa.

Todos estos trabajos llegaron a la misma conclusión.

La prensa internacional se refirió por primera vez al carácter criminal de la sustracción de órganos aprobada por el Estado chino a principios de marzo del 2006. Según los informes, más de 36 campos de concentración, incluyendo Sujiatun, realizaban la sustracción forzada de órganos a practicantes de Falun Gong estando aún vivos.

En febrero de 2012, el exjefe de policía de la ciudad de Chongqing, Wang Lijun, solicitó asilo en el consulado de Estados Unidos en Chongqing. Hizo entrega al Gobierno de los Estados Unidos de numerosos documentos que incluían posibles pruebas de los crímenes por sustracción de órganos en China.

El abogado canadiense especializado en derechos humanos David Matas calificó a la sustracción forzada de órganos como una “maldad sin precedentes en este planeta”. El primer ministro de Canadá Borys Wrzesnewskyj también la describió como “el crimen más oscuro de esta era”.

Además de condenar al régimen chino, algunos países, tales como Israel, España, Italia, Noruega, Bélgica y Taiwán, han establecido leyes para impedir que sus ciudadanos reciban trasplantes de órganos en China.