​Mujer discapacitada condenada a ocho años de cárcel por negarse a renunciar a su fe

(Minghui.org) Las autoridades secuestraron a una mujer discapacitada de 54 años de la ciudad de Wuhan por practicar Falun Gong tras irrumpir en su hogar. La policía saqueó su residencia mientras su hija se encontraba sola. No le han permitido ver a su madre por catorce meses, simplemente le notificaron el 17 de julio del 2018, que su madre había sido sentenciada a ocho años de prisión. Su madre, la señora Zhu Ya, ha presentado una apelación.

Falun Gong, también conocida como Falun Dafa, es una disciplina de mente y cuerpo que se encuentra perseguida actualmente en China. Después de comenzar a practicar Falun Gong la Sra. Zhu se recuperó de su enfermedad renal e incluso podía mover su pierna aquejada de discapacidad.

Cargos infundados carentes de pruebas presentados ante la corte

Juzgaron a la Sra. Zhu en el tribunal de distrito de Huangpo, el 15 de junio de 2018, acusándola de "utilizar una organización sectaria para socavar el orden público", el artículo 300 de la ley penal (la imputación estándar usada contra los practicantes de Falun Gong). La acusada argumentó que se veía físicamente incapacitada para menoscabar de alguna forma el orden público y su abogado señaló que no se había presentado ningún hecho que respaldara tal acusación.

La evidencia proveída por el fiscal incluía textos que Zhu había impreso relacionados con Falun Gong, CD y libros de Falun Gong. Al no ser una evidencia directa que vinculara a Zhu con el crimen del cual se le acusaba, su abogado pidió que fuera liberada incondicionalmente.

Como se señaló en la defensa de la Sra. Zhu, China nunca ha promulgado una ley que considere a Falun Gong como una "organización sectaria". El 1 de febrero de 2017 entró en vigencia una nueva interpretación legal que, sin mencionar a Falun Gong, enfatizó que cualquier acusación contra cualquier persona presumiblemente involucrada en una de estas organizaciones debería fundamentarse en bases legales sólidas. Dado que ninguna ley en China califica a Falun Gong como una "secta", la acusación carecía de una base legal.

Una de las evidencias presentadas fue que poseía, leía y distribuía libros de Falun Gong. La policía y los fiscales citaron dos noticias emitidas por la administración de prensa y publicaciones de China, en julio de 1999, en las que se prohibía la publicación de los libros de Falun Gong. Sin embargo, la administración emitió la derogación de la prohibición en 2011 y, desde entonces, es completamente legal que los practicantes posean libros de Falun Gong.

Visitas denegadas durante más de un año

El juicio duró cerca de hora y media, y todo lo que ocurrió en la corte se filmó. El día del juicio fue la primera vez que Zhu y su hija se veían en 411 días. La duración del arresto se ha extralimitado por encima de lo que marca la ley, y al igual que el derecho de la Sra. Zhu a recibir visitas fue pisoteado. La audiencia se suspendió sin dictar veredicto.

Se la declaró culpable y se la sentenció a ocho años de prisión, comenzando a contar desde el próximo mes.

Engañan a la hija para que participe como testigo de la acusación

Después de ser arrestada el 25 de abril de 2017, la encerraron en una celda para criminales peligrosos del centro de detención de la ciudad de Wuhan durante dos semanas, antes de transferirla a una celda ordinaria. El día de su arresto, la policía tomó sus llaves y saqueó su hogar.

Su hija, que se encontraba sola en la casa en aquel momento, estaba tan aterrorizada que no acierta a recordar todo lo que confiscaron. También la arrestaron e interrogaron. La forzaron a firmar y después le hicieron grabar una huella digital en una declaración antes de liberarla. En ningún momento le leyeron sus derechos.

Cuando la hija descubrió que a través de aquellos documentos había aceptado ser testigo de la acusación y testificar en contra de su madre ante el tribunal, escribió una carta al fiscal, al juez y a su abogado explicando cómo la engañaron para que tomara una declaración con la que no coincidía ni tampoco entendía. Argumentó que el funcionario que la interrogó cambió lo que en realidad había dicho, que era: "No sé" por "Son propiedad de mi madre".

Aunque incluyeron a la hija en la lista de los testigos, nunca la llamaron al estrado. El juez la llamó al trabajo el día antes del juicio y la amenazó diciéndole que perdería su puesto si no se presentaba en el juzgado.