(Minghui.org) Dos residentes de la ciudad de Tengzhou fueron sentenciados a prisión por demandar al ex dictador chino Jiang Zemin por ordenar la persecución a Falun Gong que resultó en su detención previa.

Poco después que la Sra. Zhang Jinlin enviara por correo su demanda en contra de Jiang a finales del año 2015, la detuvieron por una semana. Ella protestó su detención ilegal al gobierno muchas veces, pero nadie recibió sus quejas. La policía la arrestó nuevamente poco después.

La juzgaron el 28 de diciembre de 2016, en la corte de la ciudad de Tengzhou. Su abogado dijo que no hay ley en China que criminalice Falun Gong, así que tenía todo el derecho de pedir que se haga justicia con Jiang por violar su derecho constitucional a la libertad de credo.

Pan dijo: "Siempre le damos fuertes sentencias a los de Falun Gong. Puedo sentenciarlos como quiera".

Sentenció a la Sra. Zhang a 3 años y medio.

La misma corte también sentenció a la Sra. Zhao Hongxia a prisión. La Sra. Zhao fue arrestada el 3 de noviembre de 2015, por demandar a Jiang. También fue juzgada el 4 de julio de 2016, y sentenciada a 4 años el 2 de noviembre. Se encuentra apelando el veredicto. El oficial en su caso fue Zhang Furong, pero todavía se investigan los detalles sobre los jueces.

Trasfondo

En 1999, Jiang Zemin, como jefe del partido comunista chino, ignoró a los miembros del comité permanente del politburó y comenzó una violenta persecución hacia Falun Gong.

La persecución ha provocado la muerte de muchos practicantes de Falun Gong desde hace 17 años. Muchos más han sido torturados por sus creencias e incluso asesinados por sus órganos. Jiang Zemin es directamente responsable por el comienzo y la continuidad de la brutal persecución.

Bajo su dirección personal, el partido comunista chino estableció un órgano de seguridad ilegal, la “oficina 610”, el 10 de junio de 1999. La organización está por encima de las fuerzas policiales y el sistema judicial, e implementa las instrucciones de Jiang respecto a Falun Gong: arruinar su reputación, cortar sus ingresos financieros y destruirles físicamente.

La ley china permite a los ciudadanos ser demandantes en casos criminales, y muchos practicantes están ahora ejerciendo su derecho para presentar demandas penales contra el ex dictador.