(Minghui.org) Una docente de la ciudad de Jinchang, provincia de Gansu, torturada por la policía y encarcelada durante 11 años por practicar Falun Gong, presentó una denuncia penal contra el ex dictador Jiang Zemin por ordenar la brutal supresión de Falun Gong y por generarle dolor y sufrimiento a ella y a su familia.

Poco después de que la Sra Chong Jinxia comenzara a practicar Falun Gong en 1999, la policía y su comité residencial comenzaron a hostigarla. Los gerentes en su lugar de trabajo intentaron forzarla a que renunciara a su creencia.

La policía arrestó a la Sra. Chong, saqueó su casa en abril del 2003, e incautó sus libros de Falun Gong y otros bienes personales. Su familia estaba sumida ante el miedo.

Los oficiales interrogaron a la Sra. Chong bajo tortura y la alimentaron forzadamente luego de que se sometiera a una huelga de hambre para protestar contra el abuso. Fue condenada a 11 años en prisión el 16 de enero de 2004.

En prisión, los guardias forzaron a su hermano, médico profesional, a alimentarla forzadamente. Su hermano acudió a distintas organizaciones para intentar rescatarla, pero todo sin éxito. Cayó en la depresión y falleció, dejando atrás a una hija de 7 años. La madre de la Sra. Chong, en un duelo doloroso, falleció tres años después.

La Sra. Chang acusa a Jiang de tortura; privación ilegal de libertad y de bienes personales; privación de su libertad constitucional de creencia; abuso de poder; y difamación.

Antecedentes
En 1999, Jiang Zemin, como jefe del partido comunista chino, ignoró a otros miembros permanentes del comité del politburó y lanzó la violenta represión a Falun Gong. 

La persecución ha llevado a la muerte a muchos practicantes de Falun Gong en los últimos 16 años. Muchos más han sido torturados por su creencia e incluso asesinados por sus órganos. Jiang Zemin es directamente responsable por el comienzo y continuidad de la brutal persecución. 

Bajo su dirección personal, el partido comunista chino estableció un órgano extralegal de seguridad, la “oficina 610”, el 10 de junio de 1999. La organización ignora las fuerzas policiales y el sistema judicial al llevar adelante las directivas sobre Falun Gong: arruinar su reputación, cortar sus recursos financieros, y destruirlos físicamente. 

La ley china permite a los ciudadanos ser demandante en causas penales, y muchos practicantes están ahora ejerciendo ese derecho presentando demandas penales contra el ex dictador.