Director de la oficina 610 admite que la persecución es ilegal

(Minghui.org) El director de la oficina 610 de Maoming en la provincia de Guangdong y varios agentes viajaron a una reunión de comité de aldea el 4 de septiembre de 2015.

Llamó a dos practicantes de Falun Gong y demandó que vinieran a la reunión. Los amenazó con saquearles sus casas si no venían. Los practicantes se negaron y pidieron que se les dieran detalles de la reunión por escrito, incluyendo los nombres de los organizadores de la reunión.

El director le pidió a un miembro del comité que invitara a los practicantes y que les proveyera de la información. El director y los agentes dijeron que no tenían ninguna mala intención. Así que los practicantes se reunieron con ellos y les aclararon la verdad.

Los agentes les preguntaron si habían demandado a Jiang Zemin, y los practicantes les contestaron que habían enviado sus querellas contra Jiang.

“No demanden a Jiang porque él es un ex líder del régimen comunista chino”, dijo el director.

Los practicantes hablaron sobre las acciones criminales de Jiang contra Falun Gong. El director finalmente admitió que no había leyes que permitieran la persecución a Falun Gong.

Después de 90 minutos los practicantes regresaron a sus casas.

Antecedentes

En 1999, Jiang Zemin, como jefe del partido comunista chino, ignoró a otros miembros permanentes del comité del politburó y lanzó la violenta represión a Falun Gong.

La persecución ha llevado a la muerte a muchos practicantes de Falun Gong en los últimos 16 años. Muchos más han sido torturados por su creencia e incluso asesinados por sus órganos. Jiang Zemin es directamente responsable por el comienzo y continuidad de la brutal persecución.

Bajo su dirección personal, el partido comunista chino estableció un órgano extralegal de seguridad, la “oficina 610”, el 10 de junio de 1999. La organización ignora las fuerzas policiales y el sistema judicial al llevar adelante las directivas sobre Falun Gong: arruinar su reputación, cortar sus recursos financieros, y destruirlos físicamente.

La ley china permite a los ciudadanos ser demandante en causas penales, y muchos practicantes están ahora ejerciendo ese derecho presentando demandas penales contra el ex dictador.