(Minghui.org) La señora Pan Jing, de la ciudad de Dandong, provincia de Liaoning, estaba celebrando una fiesta de cumpleaños para su madre de 89 años el 3 de septiembre de 2021, cuando la policía irrumpió y la arrestó a ella y a sus cuatro invitados.
La policía reveló más tarde a la familia de Pan que esta había sido denunciada desde hacía un mes por hablar con la gente sobre Falun Dafa, una disciplina espiritual perseguida por el régimen comunista chino desde 1999.
Fue acusada también de haber colocado un código QR de un enlace web sin censura en el coche de un director del Departamento de Policía, el cual presentaba el caso de la Sra. Pan a la Procuraduría del Distrito de Zhen'an. Cuando el procurador la visitó en el centro de detención local el 16 de septiembre, la Sra. Pan dijo que no había violado ninguna ley al practicar Falun Dafa y enfatizó que ninguna ley en China considera a Falun Dafa un crimen.
"Espero que puedan manejar mi caso de acuerdo con la ley. Según la nueva ley de la administración pública, cada uno es responsable de por vida por sus actos". le dijo la señora Pan.
"Lo sé", respondió él.
Al día siguiente, el procurador devolvió el caso de la Sra. Pan a la policía, alegando que no había pruebas suficientes. La Sra. Pan fue puesta en libertad bajo fianza esa misma noche.
En los últimos años, gracias a los esfuerzos pacíficos de los practicantes de Falun Dafa para concienciar sobre la persecución de los últimos 22 años, cada vez más procuradores y jueces han comenzado a distanciarse de los casos de Falun Dafa. Esto incluye que la procuraduría devuelva esos casos a la policía, que los tribunales devuelvan los casos a la procuraduría, o que los tribunales superiores devuelvan los casos a los tribunales inferiores. Algunos de los jueces y procuradores han admitido abiertamente que los practicantes son buenas personas y que no hay base legal para la persecución.
Según la información disponible en Minghui, más de 420 casos de practicantes de Falun Dafa fueron devueltos en diferentes etapas del proceso de enjuiciamiento y varias docenas de casos fueron retirados, lo que resultó en la liberación de los practicantes. Esto incluye: 76 practicantes que fueron liberados o sus casos fueron retirados en 2017; 156 casos que fueron devueltos en 2018 y 10 practicantes que fueron liberados; 186 casos que fueron devueltos en 2019 y 16 practicantes que fueron liberados como no culpables o sus casos fueron retirados; y ocho practicantes que regresaron a casa después de que la procuraduría retirara sus casos en 2020.
En otra situación, en la ciudad de Jimo, provincia de Shandong, después de que la policía presentara el caso de la Sra. Qiu Qinghua a la Procuraduría de la Ciudad de Jimo, tras su detención en 2016, el procurador devolvió el caso a la policía en múltiples ocasiones, alegando que no había pruebas suficientes. Aunque la policía logró presionar al procurador para que acusara a la Sra. Qiu, todos los jueces del Tribunal de la Ciudad de Jimo recusaron su juicio, y la policía tuvo que transferir su caso a otro tribunal.
La caída del sistema de persecución
Cuando el Partido Comunista Chino (PCCh) inició la persecución a Falun Dafa en 1999, Jiang Zemin, entonces líder del PCCh, ordenó a todo el sistema legal que utilizara medidas extremas para tratar a los practicantes de Falun Dafa.
Muchos jueces y procuradores a menudo declaran sin rodeos durante las audiencias: "No me hablen de la ley", "No es necesario seguir los procedimientos legales en los casos de Falun Dafa" y "Los casos de Falun Dafa los decide el Comité de Asuntos Políticos y Jurídicos del PCCh, no la ley". Lo que no se dan cuenta es que nunca ha habido ninguna ley en China que considere a Falun Dafa como un crimen o lo etiquete como una secta.
Al principio de la persecución, muchos de los trabajadores del poder judicial participaron activamente en la condena a los practicantes de Falun Dafa para ganar capital político y avanzar en sus carreras. Pero con el paso del tiempo, se vieron desolados al encontrarse con cáncer u otras enfermedades terminales, y algunos fueron investigados por corrupción, incluso años después de haber sido promovidos a puestos más altos.
Aunque las dolencias físicas o su destitución parecen ser acontecimientos aleatorios, muchas personas que conocen a los represores implicados en la persecución a Falun Dafa creen que se trata de un castigo celestial por su participación en la persecución de personas buenas.
En 2015, el Tribunal Popular Supremo anunció que la ley china permitiría ahora a los ciudadanos ser demandantes en casos penales. Como resultado, muchos practicantes aprovecharon la oportunidad para ejercer sus derechos legales. En pocos meses, cientos de miles de practicantes presentaron demandas contra Jiang Zemin por haber ordenado la persecución. Aunque Jiang no ha sido llevado ante la justicia, se creyó que esta oleada de demandas era una oportunidad excepcional para que los del sistema judicial entendieran los hechos fundamentales de Falun Dafa.
El 1 de marzo de 2016, el PCCh publicó "La norma sobre la seguridad pública y la responsabilidad de la policía por los errores de aplicación de la ley". En ella se estipulaba que "una persona tiene responsabilidad de por vida por los errores de aplicación de la ley debidos a negligencia intencionada o grave, independientemente del cambio de su unidad de trabajo, posición, grado o jubilación".
En 2020, el PCCh llevó a cabo el movimiento "Retroceder 20 años" para investigar los casos de corrupción en el sistema del Comité de Asuntos Políticos y Jurídicos. En junio de 2021, más de 70.000 policías habían sido investigados.
En otra campaña de "Girar el filo hacia adentro", destinada a limpiar el sistema del Comité de Asuntos Políticos y Jurídicos a partir de 2021, solo en la ciudad de Linyi, provincia de Shandong, fueron destituidos al menos 17 funcionarios del poder judicial, entre ellos el secretario del Partido del Comité de Asuntos Políticos y Jurídicos municipal, el jefe de policía, el presidente del tribunal, el presidente de la procuraduría y los jefes de las comisarías.
Fuera de China, las violaciones de los derechos humanos del PCCh están atrayendo cada vez más el escrutinio internacional de los países occidentales. En 2021, Estados Unidos sancionó al Jefe de Policía de la Ciudad de Xiamen, Provincia de Fujian, y al Director de la Oficina 610 de la Ciudad de Chengdu, Provincia de Sichuan, enviando un mensaje de que la comunidad internacional no tolerará la persecución.
El 7 de octubre de 2021, Josef S., un centenario guardia de un campo de concentración nazi, fue juzgado por colaborar en el asesinato de 3.518 prisioneros hace casi 80 años. Esto ciertamente hace eco de la propia norma del PCCh de responsabilizar por el resto de sus vidas a las personas que participaron en la persecución. Antes de que el péndulo de la justicia retroceda por completo, los jueces y procuradores aún tienen la oportunidad de tomar una decisión basada en su conciencia.
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