(Minghui.org) Una mujer del condado de Linli, en la provincia de Hunan, ganó su demanda contra la Oficina local de la Seguridad Social por suspender arbitrariamente su pensión, pero la oficina se ha negado a restituirla e incluso ha amenazado con presentar una contrademanda para mantener su decisión.
La Sra. Wu Chuanying, de 68 años, se jubiló de la Cooperativa de Suministros y Comercialización del Condado de Linli en 2005. En septiembre de 2006 fue condenada a 8 años de prisión por practicar Falun Dafa, una disciplina espiritual perseguida por el régimen comunista chino desde 1999.
La Oficina de Recursos Humanos y Seguridad Social de Linli (HRSSB) le suspendió la pensión sin previo aviso en agosto de 2020, seis años después de que saliera de la cárcel. También le ordenaron que devolviera los más de 130.000 yuanes de pensión que le habían pagado desde 2006.
La HRSSB alegó que, según una normativa emitida por el Departamento de Trabajo en 2001 y actualizada posteriormente en 2003, los jubilados que cumplen condena no tienen derecho a ninguna prestación de jubilación. La Sra. Wu argumentó que ninguna ley laboral china contiene tal estipulación. Incluso si la normativa es realmente válida, se preguntó por qué la HRSSB no suspendió su pensión durante su encarcelamiento y por qué exigía la devolución de las prestaciones de jubilación percibidas desde 2006, en lugar de solamente los 8 años de prisión.
La Sra. Wu presentó una solicitud de reconsideración administrativa de la decisión del HRSSB ante la Oficina de Justicia del Condado de Linli el 20 de octubre de 2020. La Oficina de Justicia se negó a aceptar su caso alegando que no había presentado la carta oficial de notificación de suspensión de su pensión por la HRSSB, un documento que la Sra. Wu no tenía.
Pasó meses poniéndose en contacto con la HRSSB, que acordó emitir una notificación formal el 14 de enero de 2021 sobre la decisión de suspender su pensión. Para entonces, ya habían transcurrido seis meses desde la suspensión de su pensión. Con la carta oficial, la Oficina de Justicia aceptó su caso.
Mientras esperaba la resolución de la Oficina de Justicia, la Sra. Wu también escribió al Comité Disciplinario Provincial y a la Dirección de la HRSSB, instándoles a prestar atención a su caso, pero fue en vano.
El 28 de marzo de 2021, la Oficina de Justicia falló en favor de la HRSSB de suspender su "beneficio económico indebido".
La Sra. Wu presentó una demanda administrativa contra la HRSSB ante el Tribunal local el 29 de abril de 2021. El Tribunal aceptó el caso y realizó una audiencia el 15 de junio. La Sra. Wu argumentó que la pensión es su patrimonio legítimo mientras que la HRSSB, que solo actúa como intermediaria en la distribución de su pensión, no tenía autoridad para suspenderla.
El 11 de octubre, el Tribunal emitió una resolución a favor de la Sra. Wu, dictaminando que:
1) era ilegal que la HRSSB le suspendiera la pensión;
2) la HRSSB deberá restituirle la pensión en un plazo de 20 días a partir de la sentencia y anular la decisión de suspenderle la pensión o exigir el reembolso;
3) se invalida la decisión adoptada por la Oficina de Justicia en apoyo de la suspensión de la pensión por parte de la HRSSB;
4) la HRSSB y el gobierno del condado de Linli deberán compartir los 50 yuanes de la tasa de registro del caso.
Han pasado más de dos meses desde la sentencia del Tribunal y la HRSSB sigue negándose a cumplir la orden judicial. Como el anterior director de la HRSSB, Liu Yanju, ha sido trasladado a un nuevo puesto, la Sra. Wu se puso en contacto varias veces con los dos directores adjuntos, Li Qing y Zhang Xinchun, y les instó a que le restablecieran la pensión, pero fue en vano. El 16 de diciembre, la HRSSB también amenazó con presentar una demanda civil contra ella en su intento de "recuperar" los 130.000 yuanes que supuestamente les "debía".
Para salvaguardar sus derechos legales y evitar que los funcionarios sigan actuando mal, la Sra. Wu envió la siguiente carta abierta a los funcionarios del gobierno y personal relacionado.
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Violación de la Constitución y demás leyes
Según la Constitución china, la Ley Laboral y la Ley de Seguridad Social, la Sra. Wu seguía teniendo derecho a su pensión incluso cuando estaba en prisión. Es decir, la HRSSB no tiene autoridad para exigir la devolución de las prestaciones de pensión asignadas durante su estancia en prisión. De hecho, el artículo 44 de la Constitución establece que "el Estado aplica el sistema de jubilación a los trabajadores y al personal de las empresas e instituciones y a los funcionarios de los órganos del Estado de acuerdo con la ley. El sustento de los jubilados está garantizado por el Estado y la sociedad".
Además, el artículo 72 de la Ley Laboral dice: "El empleador y los trabajadores individuales participarán en la seguridad social de acuerdo con la ley y pagarán los costes de la seguridad social". El artículo 73 de la Ley Laboral dice: "Las condiciones y normas sobre el derecho de los trabajadores a ser beneficiarios de la seguridad social serán estipuladas por las leyes y reglamentos. Los fondos de la seguridad social para los trabajadores se pagarán a tiempo y en su totalidad".
Esto demuestra que las prestaciones de las pensiones solo pueden ser determinadas por las leyes y reglamentos pertinentes y que ninguna política emitida por los gobiernos locales u organismos podrá anularlas. Además, el importe de la pensión debe pagarse íntegramente sin deducción alguna.
Además, el artículo 10 de la Ley de Seguridad Social dice: "Cada trabajador deberá inscribirse en el sistema de seguro básico de vejez; y el empresario y el trabajador cotizarán conjuntamente al seguro básico de vejez". El artículo 16 aclara que "el afiliado al seguro básico de vejez recibirá la pensión básica de vejez con carácter mensual si el tiempo acumulado de cotización del afiliado no es inferior a quince años al alcanzar la edad legal de jubilación. Si la duración acumulada del pago de las cotizaciones de un afiliado al seguro básico de vejez es inferior a quince años al cumplir la edad legal de jubilación, el afiliado podrá percibir el seguro básico de vejez con carácter mensual una vez que complete el pago de las cotizaciones hasta alcanzar los quince años exigidos".
En resumen, ninguna de las leyes citadas anteriormente prohíbe percibir una pensión siempre que se cumplan los requisitos de jubilación.
Violación de la ley
El artículo 80 de la Ley de Legislación dice: "El efecto de las regulaciones locales es superior al de las reglas de los gobiernos locales del nivel correspondiente o inferiores. El efecto de las reglas formuladas por los gobiernos populares de las provincias o regiones autónomas es superior al de las reglas formuladas por los gobiernos populares de las ciudades comparativamente más grandes dentro de las áreas administrativas de las provincias y regiones autónomas".
Dado que la pensión está especificada en la Constitución, la Ley del Trabajo y la Ley de Seguridad Social, y que ninguna ley revoca su asignación, es ilegal privar a un ciudadano de su pensión. Es cierto que el Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social emitió en 2019 una política titulada "Procedimiento de gestión del seguro médico básico para residentes urbanos y rurales (URRBMI)" con el número de documento 2019 - 84. Esta política citó otra política del Departamento de Trabajo y Seguridad Social en 2001 (nº 2001- 44) y una tercera política en 2003, aunque ninguna de ellas tiene efecto legal. Por lo tanto, la utilización por parte de la HRSSB de esas normativas como base legal para suspender la pensión de la Sra. Wu es ilegal.
La pensión es una posesión legal del demandante
La pensión se basa en la relación contractual entre el empresario y el trabajador. Ambos están obligados a realizar aportaciones al fondo de pensiones, que forma parte del paquete de remuneración total del empleado (que incluye tanto el salario regular como las prestaciones complementarias legales, como la pensión y el seguro médico). Una vez que el empleado alcanza la edad de jubilación, el fondo de pensiones se convierte en un activo privado para el empleado y está protegido por la Constitución.
Por lo tanto, el empresario debe tener claro que, por ley, la pensión siempre pertenece al trabajador, aunque éste ayude a realizar las aportaciones. Después de la jubilación del empleado, su cuenta de pensiones se transfiere a su oficina local de la seguridad social, cuya única función es servir de fiduciario para gestionar y distribuir los fondos de pensiones. En otras palabras, el jubilado sigue siendo legalmente el propietario de la pensión, no las oficinas de la seguridad social.
Por ello, el pago de la pensión es una obligación legal de las oficinas de la seguridad social, no un favor que le conceden al jubilado. En el caso de la Sra. Wu, la HRSSB no tiene autoridad para suspender su pensión o solicitar la devolución de las prestaciones ya abonadas. Además, según leyes como la Ley de Matrimonio y la Ley de Sucesiones, la pensión también se considera un bien común que pertenece a ambos cónyuges y que puede utilizarse para mantener económicamente a los ancianos y a los niños de la familia. Por lo tanto, la privación de la pensión es ilegal e inhumana porque podría poner en peligro a toda la familia o a varias familias.
Leyes de responsabilidad civil, administrativa y penal contradictorias
La suspensión de la pensión de cualquier persona también es incorrecta desde el punto de vista de la responsabilidad civil, administrativa y penal.
En lo que respecta a la responsabilidad civil, no existe ningún conflicto civil entre la demandante (Sra. Wu) y la demandada (HRSSB). La demandante no tenía ninguna deuda con la demandada, por lo que éste no tenía motivos legales para solicitar la devolución de las prestaciones de pensión ya abonadas. En algunas regiones, las oficinas locales de la seguridad social, al igual que la HRSSB en el caso de la Sra. Wu, consideraron que las prestaciones de pensión ya abonadas eran un "enriquecimiento injusto" y presentaron demandas civiles contra los jubilados. Estas demandas constituyen una violación del Derecho Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ya que el "enriquecimiento injusto" solo se aplica a los litigios civiles entre dos partes privadas, no a los casos presentados por un organismo público contra un ciudadano privado.
En cuanto a la responsabilidad administrativa, aunque la HRSSB es un organismo público, su papel se limita a su función fiduciaria de gestionar los fondos de pensiones de los jubilados. Además de recaudar las cotizaciones del empresario y del trabajador, no tiene ninguna autoridad para tomar posesión de los fondos de pensiones. De hecho, no existe ninguna ley ni procedimiento para que la HRSSB imponga una sanción administrativa a la Sra. Wu según la Ley de Sanciones Administrativas. Aunque la Sra. Wu recibió la pena de prisión, no fue una sanción administrativa, y la entidad que decidió y aplicó la prisión tampoco fue la HRSSB.
Desde el punto de vista de la responsabilidad penal, la suspensión de la pensión no es un castigo que se aplique a las personas consideradas penalmente responsables. Según el derecho penal chino, las sanciones penales incluyen la privación de libertad (como la pena de muerte, la cadena perpetua, la prisión de duración determinada, la detención penal, el control), la privación de los derechos políticos y la sanción económica (multas o confiscación de bienes). Además, estas penas deben estar especificadas en las sentencias penales dictadas por los tribunales y aplicadas por los organismos oficiales. En el caso de la Sra. Wu, la HRSSB no tenía base legal ni sentencias judiciales para suspender su pensión. Además, aunque se le imponga una sanción económica por orden judicial, no puede implicar la privación de la pensión al mismo tiempo; de lo contrario, se violaría el principio de "no hay dos castigos para un solo delito". Además, la pensión no se obtiene ilegalmente y no puede ser objeto de confiscación.
Violación de la ley penitenciaria
El artículo 38 de la Ley de Prisiones dice: "La persona liberada tras cumplir su condena gozará de los mismos derechos que los demás ciudadanos de acuerdo con la ley".
Sin notificarlo, la HRSSB suspendió la pensión de la Sra. Wu en agosto de 2020 y no la ha restablecido en el momento de escribir este artículo. Para Wu. Esto ha violado la Constitución y la Ley de Prisiones. Como se indicó anteriormente, la HRSSB citó como base legal las políticas emitidas por el Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social, así como el Departamento de Recursos Humanos y Seguridad Social. Pero esas políticas contradicen la Constitución y varias leyes. En consecuencia, la HRSSB debería restablecer la pensión de la Sra. Wu y devolverle la paga, incluido el ajuste por el coste de la vida.
Violación de la Ley de Seguridad Social
Según el artículo 7 de la Ley de Seguridad Social, "el departamento administrativo de la seguridad social del gobierno popular local a nivel de condado o superior se encargará de la administración de la seguridad social en su región administrativa. Cualquier otro departamento pertinente del gobierno popular local a nivel de condado o superior se encargará de los asuntos de la seguridad social dentro de su jurisdicción de responsabilidad".
El artículo 89 de esta legislación establece que "cuando un organismo de la seguridad social y su personal cometan una infracción incluida en la siguiente lista, el departamento administrativo de la seguridad social ordenará su rectificación. Cuando se haya producido un daño a los fondos de la seguridad social, a un empresario o a un particular, la responsabilidad por los daños será asumida por la persona o personas responsables de acuerdo con la ley. Los directivos que tengan responsabilidades directas y demás personas con responsabilidades directas serán sancionados por la ley.
(1) No cumplir con las funciones estatutarias de la seguridad social;
(2) No depositar los fondos de la seguridad social en cuentas financieras específicas;
(3) No pagar o negarse a pagar a tiempo las obligaciones de las prestaciones de la seguridad social;
"Además, el artículo 93 dice: "Los funcionarios públicos que abusen de su poder, descuiden sus funciones o realicen actos fraudulentos para obtener beneficios personales serán sancionados conforme a la ley".
Asimismo, el artículo 60 de la Ley de funcionarios revisada que entró en vigor el 1 de junio de 2019, especificó que los funcionarios que ejecutaron decisiones u órdenes que son claramente ilegales deben asumir las responsabilidades correspondientes.
Ayudando a las personas rectas
Además de los aspectos legales mencionados anteriormente, la Sra. Wu también compartió cómo Falun Dafa le dio buena salud y le ahorró dinero a su empleador y al gobierno en gastos médicos. Siguiendo los principios de Verdad-Benevolencia-Tolerancia, también se convirtió en una persona amable y considerada con los demás. Pero el encarcelamiento injusto no solo la privó de 10 años de libertad -8 años en prisión y 2 años en un centro de detención-, sino que también le costó enormes pérdidas económicas.
Aunque la política de persecución provino del exlíder del Partido Comunista Chino (PCCh), Jiang Zemin, los funcionarios del PCCh que la siguen ciegamente también se enfrentarán a las consecuencias, tanto en los tribunales como desde el punto de vista moral.
Desde la antigüedad, la cultura tradicional china enfatiza que "el bien es recompensado con el bien, y el mal retribuido con el mal". En otras palabras, los que apoyan a los rectos e inocentes recibirán bendiciones, mientras que los que ayudaron a esos malvados que dañan a los ciudadanos tendrán que rendir cuentas. Hay muchos ejemplos similares de criminales de guerra en la Segunda Guerra Mundial.
En China también se dieron situaciones similares. Después de cada campaña política, como la Revolución Cultural, el PCCh a menudo ejecutaba a algunos responsables destacados para calmar la ira del público y mantener su poder. Esto también puede ocurrir con quien persigue a Falun Dafa hoy en día. Además, un gran número de funcionarios implicados en la persecución, como Zhao Chuanjun y Zhu Zufeng, exjefes del departamento de policía del condado de Linli, ya se han enfrentado a las consecuencias.
Esperamos sinceramente que todos tengan una vida segura y saludable. Al actuar de acuerdo con nuestra conciencia, podremos lograr un futuro mejor para nosotros y nuestras familias.
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