(Minghui.org) Seis residentes de la ciudad de Chengdu, provincia de Sichuan, fueron condenados el 25 de julio de 2024 por practicar Falun Gong, disciplina espiritual perseguida por el Partido Comunista Chino desde 1999.
La Sra. Duan Qiongying y el Sr. Li Tao fueron condenados a tres años y seis meses. La Sra. Yu Chuancheng fue condenada a tres años. La Sra. Xu Yueqin y el Sr. Luo Yi fueron condenados a dos años y ocho meses. El Sr. Li Jun fue condenado a dos años y dos meses. A todos ellos se les impusieron también multas de monto desconocido. Todos ellos han apelado contra sus condenas.
Otros dos practicantes, Sun Hao y Wang Wentao, fueron juzgados el mismo día por el mismo Tribunal del distrito de Wenjiang. No está claro si han sido condenados.
Arrestos y detenciones arbitrarias
Los ocho practicantes fueron detenidos el 24 de mayo de 2023. La policía los mantuvo detenidos en el Centro de Lavado de Cerebro de Xinjin y sólo comunicó a sus familias que habían sido puestos bajo arresto domiciliario en un lugar designado por “incitar a la subversión del poder del Estado”, pero sin revelar el lugar específico de detención.
Según la ley, los presuntos sospechosos no pueden ser sometidos a arresto domiciliario en un lugar designado si tienen su propia residencia en la misma ciudad en la que fueron detenidos, a menos que estén implicados en delitos relacionados con atentados terroristas o que pongan en peligro la seguridad nacional. Las familias de los practicantes sospechaban que los agentes acusaban a sus seres queridos de cometer el delito de “subversión” para mantenerlos detenidos.
El Sr. Sun se negó a cooperar con el interrogatorio policial en el centro de lavado de cerebro y posteriormente fue puesto en libertad bajo fianza. Los otros siete practicantes también fueron interrogados. Los agentes de policía engañaron a algunos de ellos para que facilitaran información sobre otros practicantes detenidos diciendo que estos ya habían confesado. Tras obtener la información deseada, los agentes la utilizaron como prueba de acusación para presionar a los practicantes para que renunciaran a Falun Gong.
Los siete practicantes fueron trasladados al Centro de Detención del condado de Pi y al Centro de Detención de Wenjiang después de que sus detenciones fueran aprobadas por el procurador Zheng Bo, de la Procuraduría del distrito de Wenjiang, el 30 de junio de 2023. El “crimen” también fue cambiado de carátula por el de “socavar la aplicación de la ley con una organización de culto”, el pretexto habitual utilizado por el régimen comunista para incriminar a los practicantes de Falun Gong.
Tras el traslado de los practicantes al centro de detención, al principio las autoridades siguieron prohibiendo a sus familiares y abogados que los visitaran, pero cedieron después de que las familias presentaran denuncias contra ellas. Sin embargo, cuando las familias de los practicantes les enviaron libros de derecho a los practicantes para que tuvieran conocimiento de lo legal, los guardias se negaron a entregar los libros a los practicantes.
Los esfuerzos de las familias por buscar justicia para sus seres queridos son bloqueados
Tras autorizarse la detención de los practicantes, los familiares de Xu y Li Jun solicitaron ser sus defensores no abogados, pero el procurador Zheng denegó su petición. Presentaron denuncias contra Zheng, pero fueron en vano.
Varios familiares de otros practicantes también fueron rechazados cuando solicitaron revisar los documentos de sus casos. En mayo de 2024, una familia contrató a un abogado para los practicantes, pero el procurador siguió denegando la solicitud del abogado para revisar los documentos del caso y se negó a proporcionar información actualizada sobre si los practicantes habían sido acusados.
Más tarde, las familias se enteraron de que Zheng ya había acusado a los practicantes el 1 de marzo de 2024 con el cargo de “socavar la aplicación de la ley con una organización de culto” y trasladó el caso al Tribunal del distrito de Wenjiang.
A mediados de mayo de 2024, un miembro de la familia de uno de los practicantes se puso en contacto con Hu Weiwei, la jueza presidente a cargo del caso en conjunto, pero Hu volvió a denegar su solicitud de revisar los documentos del caso. Hu dijo que sólo se permitía a los abogados de los practicantes revisar los documentos del caso y la acusación. Sin embargo, cuando acudió un abogado, Hu sólo le permitió echar un vistazo a los documentos, pero sin tomar fotografías ni fotocopias. También obligó al abogado a firmar un acuerdo de confidencialidad. El abogado presentó una denuncia contra Hu, y se le permitió hacer fotocopias de los documentos, pero no tomar fotos.
Poco después de que el abogado revisara los documentos de los casos de los practicantes, la jueza Hu dividió el caso en conjunto en casos individuales y programó ocho audiencias de una hora para el 25 de julio. Prohibió que el marido de una de las practicantes asistiera a la audiencia porque había ido a la Estación de Policía a recoger su mochila y otros objetos personales, por lo que figuraba como testigo. Hu también prohibió a la hija de otra practicante representarla ante el Tribunal como defensora no abogada, con la excusa de que estaba embarazada.
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