(Minghui.org) La pensión del Sr. Bai Shizhong ha estado suspendida durante casi 11 años después de que fuera encarcelado en 2010 por practicar Falun Gong, una disciplina espiritual perseguida por el Partido Comunista Chino desde julio de 1999.

Bai, de 77 años y residente en el condado de Keshan, provincia de Heilongjiang, se jubiló de la granja estatal de Keshan en 2007. Su pensión se interrumpió por completo durante sus dos condenas a prisión, que sumaron 8,5 años (2010 a 2015 y 2019 a 2022). Tras cumplir su segunda condena en agosto de 2022, la Oficina de Seguridad Social del condado de Keshan no reanudó el pago de su pensión de inmediato, sino que le ordenó devolver la parte correspondiente al ajuste por coste de la vida [por un total de más de 70.000 yuanes (9.800 dólares)]de las prestaciones de jubilación que se le habían concedido entre sus dos condenas (2016-2019).

La oficina también dijo que incluso después de que el Sr. Bai devolviera la cantidad solicitada, sus beneficios futuros estarían en el nivel de 2010 de alrededor de 1.600 yuanes (224 dólares) al mes. Teniendo en cuenta los años de servicio del Sr. Bai y su historial salarial, tenía derecho a una pensión mensual de más de 3.000 yuanes (420 dólares) en 2022.

Por ley, las pensiones son patrimonio legítimo de los jubilados y no pueden ser confiscadas por ningún organismo público o privado. Las oficinas de seguridad social de China son sólo organismos encargados de gestionar y conceder las prestaciones de jubilación. Por ello, el Sr. Bai recurrió en numerosas ocasiones a la Oficina de Seguridad Social del condado de Keshan, a su organismo supervisor -la Oficina de Seguridad Social de Gestión Agrícola de la Ciudad de Qiqihar-, a la de Keshan y a varias oficinas de apelación para que le restituyeran su pensión, sin éxito.

Cuando el Sr. Bai pidió recibir al menos algunos estipendios mensuales mientras resolvía el asunto de la suspensión de la pensión, la Oficina de Seguridad Social del condado de Keshan le dijo que debía firmar un documento para reconocer que les debía los 70.000 yuanes o más antes mencionados. Se negó a firmar, ya que el dinero que intentaban quitarle era el que tanto le había costado ganar. Por lo tanto, no le dieron un estipendio para cubrir los gastos básicos de subsistencia. Sin pensión ni estipendio, le costaba sobrevivir.

A finales de 2023, Bai y su familia visitaron la Oficina de Seguridad Social de Gestión Agrícola de la provincia de Heilongjiang, que supervisa la Oficina de Seguridad Social de Gestión Agrícola de la ciudad de Qiqihar. Se enteraron de que las diversas oficinas de seguridad social a distintos niveles no aplicaban leyes como la laboral, la de seguridad social y la de Protección de los Derechos e Intereses de las Personas Mayores. En su lugar, todas citaban las Políticas N.º 69 y N.º 14 para justificar sus decisiones.

Cuando el Sr. Bai pidió ver las políticas, le dijeron que eran documentos confidenciales. Los trabajadores de la oficina dijeron que sólo podían explicarle verbalmente de qué trataban. De hecho, todos firmaron un acuerdo de confidencialidad por el que se comprometían a no compartir las políticas por escrito con nadie, de ninguna forma.

También le dijeron que podía iniciar acciones legales si no estaba satisfecho con la decisión de retener su pensión. No está claro si tiene previsto interponer una demanda contra los distintos niveles de las oficinas de la Seguridad Social.

Dos condenas de prisión

La primera condena a prisión del Sr. Bai se produjo tras su detención en mayo de 2010, después de que fuera denunciado por instalar una antena parabólica para que se pudiera acceder a noticias no censuradas. Otros dos practicantes que trabajaban con él en el proyecto de instalación también fueron detenidos al mismo tiempo. La policía confiscó 10 antenas parabólicas y piezas por valor de más de 10.000 yuanes (1400 dólares) entre los tres. También se incautaron del ordenador del Sr. Bai.

Pasaron la noche detenidos en un departamento de policía local antes de ser trasladados al día siguiente al Centro de Detención de Gestión Agrícola de Qiqihar. Cinco meses después, el Sr. Bai fue condenado a cinco años de prisión. Su esposa, que sufrió una recaída de su hipertensión y problemas cardiacos durante la redada policial en su domicilio, murió poco después de su injusta condena.

En abril de 2019 fue detenido nuevamente y su casa fue saqueada. La policía se incautó de objetos de valor por valor de más de 20.000 yuanes (2800 dólares) de su casa, incluidos sus libros de Falun Gong, ordenador, impresora, electrodomésticos y dinero en efectivo. Al día de hoy todavía no se han devuelto algunos de los objetos.

Posteriormente, un tribunal local lo condenó a tres años de prisión y le impuso una multa de 10.000 yuanes. Sus hijos acudieron a varios organismos públicos para presentar denuncias contra el agente que lo detuvo, el procurador y el juez por detenerlo, acusarlo y condenarlo injustamente. El Tribunal Intermedio de Gestión Agrícola de la provincia de Heilongjiang encargó a un tribunal intermedio de rango inferior la investigación del caso. El tribunal inferior afirmó que no había encontrado pruebas de que la policía, el procurador y el juez hubieran infringido los procedimientos legales. Los hijos del Sr. Bai pidieron que se divulgara información, pero el tribunal dijo que el caso se había cerrado. Fueron grabados en vídeo contra su voluntad antes de ser expulsados.