(Minghui.org) Al menos 17 residentes del condado de Shenze, en la provincia de Hebei, fueron detenidos entre las 12 y las 2 de la madrugada del 11 de enero de 2022 por su fe en Falun Gong, una práctica cuerpo-mente perseguida por el Partido Comunista Chino desde julio de 1999. La policía no mostró ninguna identificación ni orden de registro durante el operativo.

A la mayoría de estos practicantes les colocaron capuchas negras sobre la cabeza y los llevaron a un hotel, donde los retuvieron e interrogaron hasta 16 días antes de trasladarlos a diversos centros de detención locales. El hotel no era un centro de detención oficial, pero la policía informó a las familias de los practicantes de que sus seres queridos habían sido puestos bajo arresto domiciliario en el hotel, un acto contra la ley.

El sitio web Minghui.org ha confirmado anteriormente que nueve de los practicantes fueron sentenciados a prisión el 9 de junio de 2023, tras una vista judicial celebrada a principios de año, el 4 de abril.

La Sra. He Hongyan fue condenada a cinco años y a pagar una multa de 40.000 yuanes;
Las Sras. Liu Xiaomiao, de 76 años, Jiao Yaqin y el Sr. Du Guofang, de 52, fueron sentenciados cada uno a tres años y a pagar una multa de 30.000 yuanes;
La Sra. Liu Yuru, de 55 años, fue sentenciada a dos años y medio y a pagar una multa de 25.000 yuanes;
La Sra. Tian Xuan fue sentenciada a dos años y a pagar una multa de 20.000 yuanes;
La Sra. Ma Tongxin y el Sr. Liu Chengwu fueron sentenciados a un año y diez meses cada uno, con una multa de 15.000 yuanes.
La sentencia de prisión exacta de la Sra. Zhang Huixin, de 71 años, sigue siendo objeto de investigación.

Recientemente se ha sabido que las Sras. He, Liu Chengwu, Jiao, y Liu Yuru y el Sr. Du apelaron sus condenas injustas poco después de ser sentenciados. El Tribunal Intermedio de la ciudad de Shijiazhuang aceptó formalmente sus apelaciones el 10 de julio. Los abogados de los cinco practicantes y los defensores contratados por sus familias revisaron los documentos de sus casos el 10 de agosto. Por ley, el Tribunal Intermedio debe dictar sentencia en el plazo de dos meses desde el registro del caso, lo que significa que tiene hasta el 10 de septiembre para tomar una decisión.

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