(Minghui.org) Siete días después de que la Sra. Zheng Jinping fuera liberada de cumplir una condena injusta por practicar Falun Gong, se le dijo que debía devolver la pensión de 50.000 yuanes que había recibido durante su condena.
La Sra. Zheng, residente de 62 años en la ciudad de Jixi, provincia de Heilongjiang, fue detenida el 30 de agosto de 2017 por colgar pancartas en una carretera principal el 18 de agosto sobre Falun Gong, una disciplina espiritual perseguida por el régimen comunista chino desde 1999. Su detención supuso un duro golpe para su padre, que falleció tres días después.
El Tribunal del Condado de Jidong celebró una audiencia secreta el 28 de marzo de 2018 y condenó a la Sra. Zheng a cuatro años y cuatro meses con una multa de 50.000 yuanes el 17 de abril de 2018.
La Sra. Zheng ingresó en la Prisión de Mujeres de la provincia de Heilongjiang el 16 de mayo de 2018, a pesar de que se le encontraron imágenes preocupantes en la radiografía de tórax y una presión arterial extremadamente alta.
Los guardias la obligaron a sentarse en un pequeño taburete sin moverse durante largas horas y la golpearon en la cara. Para obligarla a renunciar a Falun Gong, la obligaron a ver vídeos de propaganda y la llevaron a la sala para que los viera, cuando ella se negó a obedecer.
En septiembre de 2018, dos funcionarios del Tribunal visitaron a la Sra. Zheng en la prisión y le ordenaron que pagara la multa de 50.000 yuanes. Amenazaron con imponer más multas si no la pagaba y con prohibirle realizar "gastos elevados", como reservar un hotel o comprar billetes de tren o de avión. Posteriormente, el Tribunal retiró por la fuerza 50.000 yuanes de su cuenta bancaria.
La Sra. Zheng fue puesta en libertad el 29 de diciembre de 2021. Cuando fue a su banco a tramitar su pensión, le dijeron que debía devolver los 50.000 yuanes de pensión que había recibido durante su condena. Ahora está devolviendo casi 700 yuanes cada mes y le quedan 1.000 yuanes de ingresos mensuales para cubrir su coste de vida básico. El pago está previsto que finalice en 2028. Aunque la Oficina de la División de Seguridad Social afirmó que una nueva política impide a las personas que cumplen condena recibir cualquier prestación de jubilación, no existe tal estipulación en la legislación laboral china.
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