(Minghui.org) En los últimos años, además de ser condenados por defender su fe, muchos ancianos practicantes de Falun Gong también se han enfrentado a otro dilema: que se les suspenda la pensión mientras cumplen su condena en prisión o que se les ordene devolver los beneficios de la pensión que recibieron mientras estaban en prisión.

La Oficina de Seguridad Social a menudo ha citado, como excusa, un aviso del Departamento de Recursos Humanos y Seguridad Social, que prohíbe a los jubilados recibir prestaciones de jubilación mientras cumplen condena, aunque ninguna ley laboral oficial tiene esa estipulación.

En el caso de los practicantes que se negaban a devolver la pensión expedida durante el cumplimiento de su condena en prisión, la Oficina de Seguridad Social con frecuencia suspendía sus futuros pagos de pensión y utilizaba esas cantidades para devolver los fondos "adeudados".

En la ciudad de Fushun, provincia de Liaoning, Xu Yuzhi, profesora jubilada de 71 años, fue demandada por la Oficina de Seguridad Social al negarse a devolver la pensión que recibió mientras cumplía su condena en prisión. Aunque el Tribunal Local de primera instancia falló a favor de la Oficina de Seguridad Social, el Tribunal Superior anuló la sentencia de primera instancia en su apelación.

A pesar de que la Sra. Xu ganó la apelación, la Oficina de Seguridad Social le ordenó a finales de septiembre de 2022 que devolviera los fondos que había recibido anteriormente antes de restituirle su pensión suspendida. Un funcionario le dijo que, aunque sabían que lo que habían hecho era ilegal, tenían que hacerlo.

Suspensión de la pensión

La Sra. Xu, una maestra de escuela primaria galardonada, fue arrestada el 7 de noviembre de 2019 por hablar con la gente sobre Falun Gong. Posteriormente fue condenada a un año y a una multa de 4.000 yuanes. En junio de 2021, siete meses después de ser liberada, la Oficina de Seguridad Social de la ciudad de Fushun suspendió su pensión.

La Oficina de Seguridad Social argumentó que, al revisar las cuentas de jubilación, se dieron cuenta de que la Sra. Xu había recibido un total de 74.630,06 yuanes en pagos de pensiones entre la fecha de su arresto y mayo de 2021.

Alegaron que, de acuerdo con la notificación nº 69 del Departamento de Recursos Humanos y Seguridad Social de 2012, ningún jubilado tendrá derecho a percibir ninguna pensión mientras esté cumpliendo su condena en prisión. Por lo tanto, la pensión que recibió durante y después de su sentencia de prisión fue obtenida mediante "fraude" y fue un "ingreso ilegal" para ella.

Cuando la Sra. Xu se negó a devolver los fondos, la Oficina de Seguridad Social la demandó ante el Tribunal del Distrito de Shuncheng.

La Sra. Xu contrató a un abogado para que la representara. El abogado argumentó que la notificación citada por la Oficina de Seguridad Social era sólo un documento administrativo, sin ningún poder legal vinculante.

El abogado agregó que como profesora jubilada, la Sra. Xu tenía derecho a recibir una pensión de acuerdo con la ley. En la actualidad, ninguna ley ordena la cancelación de las prestaciones de pensión de los jubilados, salvo en caso de fallecimiento. Subrayó que no existe ninguna disposición clara que prohíba a los jubilados condenados a prisión seguir recibiendo la pensión mientras cumplen condena.

El abogado además, señaló que la Oficina de Seguridad Social no tenía base legal ni pruebas para acusar a la Sra. Xu de cometer fraude y fabricar pruebas para obtener su pensión. Se jubiló legalmente y cumple todas las condiciones para recibir las prestaciones que tanto le costó ganar.

A pesar del argumento del abogado, el 7 de abril de 2022 el Tribunal del Distrito de Shuncheng falló a favor de la Oficina de Seguridad Social y ordenó a la Sra. Xu a devolver los pagos de la pensión especificados.

El Tribunal de Apelación falla a favor de la Sra. Xu

La Sra. Xu recurrió ante el Tribunal Intermedio de la ciudad de Fushun, que emitió una sentencia el 16 de junio en la que afirmaba que había revisado cuidadosamente los documentos presentados por ambas partes y que estaba de acuerdo con la Sra. Xu en que la notificación nº 69 era ilegal. Como el documento en sí sólo tenía una vigencia de dos años, al no presentarse una versión actualizada, la versión existente quedaba automáticamente invalidada.

El tribunal superior también dijo que es una acción administrativa para la Oficina de Seguridad Social emitir pagos de pensiones a la Sra. Xu como una agencia gubernamental. La Oficina de Seguridad Social y la Sra. Xu no eran entidades civiles, y el caso no debía resolverse mediante un litigio civil ni aceptarse como un caso civil.

Por ello, el Tribunal Superior decidió revocar el veredicto del Tribunal Inferior y desestimar la demanda presentada por la Oficina de Seguridad Social. El tribunal también ordenó que se le devolvieran los 1.666 yuanes que la Sra. Xu había pagado por el litigio.

Tras la sentencia del Tribunal Superior, la Sra. Xu visitó la escuela en la que trabajaba, la Oficina de Educación y la Oficina de Seguridad Social para informar sobre su caso. La mayoría de los supervisores la apoyaron y dijeron que intentarían ayudarla a empezar a recibir su pensión lo más pronto posible.

Sin embargo, a finales de septiembre, la Sra. Xu recibió una carta de la Brigada de Inspección Laboral de Xinbin, una unidad dependiente de la Oficina de Seguridad Social, en la que se le seguía ordenando que devolviera la pensión. Cuando discutió con ellos, le respondieron: "No tenemos otra opción. Sabemos que esta petición es ilegal, pero aun así tenemos que hacerlo".

La señora Xu respondió a la Brigada de Inspección de Trabajo de Xinbin el 2 de octubre. Subrayó que la pensión le corresponde por derecho, y que ningún organismo gubernamental o particular tiene derecho a privarla. Añadió que, como organización administrativa, la Brigada de Inspección de Trabajo de Xinbin no tenía ningún poder legal para exigirle la devolución de la pensión. Dijo que seguiría buscando justicia por las vías legales.

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