(Minghui.org) Diez residentes de la ciudad de Changsha, en la provincia de Hunan, llevan casi un año detenidos por su fe en Falun Gong, una práctica de cuerpo y mente perseguida por el régimen comunista chino desde 1999.
Una persona familiarizada con el caso reveló a algunos familiares de los practicantes que Mei Guodong, vicesecretario del Comité de Asuntos Políticos y Jurídicos (CAPL) local, un organismo extrajudicial encargado de supervisar la persecución, ya ha determinado sus penas de prisión y el Tribunal de Liuyang que lleva el caso de los practicantes solo cumpliría una formalidad en el proceso judicial.
Los practicantes, entre los que se encontraban los Sres. Li Zhigang, y Chen Yang; las Sras. Cao Zhimin, Zhang Furong, Liu Yanping, Yu Hui, y Xia Jingze; el Sr. Meng Kai, y las Sras. Xu Lihua y Wen Jing, fueron arrestados a última hora de la noche del 27 al 28 de octubre de 2020 por cientos de oficiales y miembros del Comité Vecinal. La policía confiscó los libros de Falun Gong, los ordenadores y las impresoras de los practicantes. Revelaron que habían estado vigilando las llamadas telefónicas y las actividades en línea de los practicantes durante mucho tiempo y que seguían órdenes de arriba para arrestarlos.
Desde entonces, los practicantes han estado recluidos en centros de detención locales, incluidos los Centros de Detención Número 1, Número 2 y Número 4 de la ciudad de Changsha.
Después de que se aprobara la detención de los practicantes el 5 de diciembre de 2020, sus abogados fueron al Departamento de Policía de Liuyang y a la Procuraduría de Liuyang para informarse sobre su caso, pero nadie quiso reunirse con ellos. Los centros de detención también les impidieron visitar a los practicantes. Los abogados intentaron entonces presentar quejas contra los organismos que llevaban el caso, pero fue en vano.
Al mismo tiempo, varios abogados fueron presionados por sus bufetes o por las oficinas locales de justicia para que se retiraran del caso.
La Procuraduría de Liuyang devolvió el caso a la policía por falta de pruebas en marzo de 2021 y la policía lo volvió a presentar en abril.
Algunos de los padres ancianos de los practicantes, de entre 70 y 80 años, hicieron viajes de varias horas en autobús para visitar el Departamento de Policía, la procuraduría y el juzgado y pedir justicia para sus hijos, pero fue en vano. Al enterarse de que uno de los padres había presentado una denuncia contra las autoridades, una persona que se identificó como miembro del personal del tribunal se presentó en el domicilio de los padres y los amenazó para que retiraran la denuncia.
La mayoría de los familiares de los practicantes han sido acosados por la policía local en el último año, dejándolos en una profunda angustia. Una mujer falleció tras el duro golpe de la detención de su hija.
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