(Minghui.org) El 11 de marzo de 2020, el Departamento de Estado de los EE. UU publicó los Informes del país sobre prácticas de derechos humanos de 2019, que mencionaron en numerosas ocasiones la persecución de Falun Gong y la de abogados de derechos humanos en China.
"Estamos bendecidos de que los derechos inalienables estén seguros aquí en casa. Pero todos sabemos que los derechos de la vida y la libertad y la búsqueda de la felicidad no solo pertenecen a los estadounidenses, sino que pertenecen a todos en todas partes", dijo el Secretario de Estado, Michael Pompeo, durante la conferencia de prensa del 11 de marzo. Luego destacó violaciones de derechos humanos en China, Irán, Venezuela y Cuba.
Michael Pompeo, Secretario de Estado, habló sobre los Informes del país de 2019 sobre prácticas de derechos humanos durante una conferencia de prensa el 11 de marzo de 2020.
Falun Gong, también conocido como Falun Dafa, es un sistema de meditación basado en los principios de Verdad-Benevolencia-Tolerancia. El partido comunista chino (PCCh) ha estado persiguiendo al grupo desde julio de 1999, resultando en una gran cantidad de practicantes detenidos, encarcelados y torturados por sus creencias.
"Algunos activistas y organizaciones continuaron acusando al gobierno de sustraer órganos de presos de conciencia contra su voluntad, especialmente miembros de Falun Gong", describió el informe en la sección relacionada con China.
Citando un estudio sobre estadísticas oficiales de donaciones de órganos por la Universidad Nacional de Australia, el informe dijo que había "evidencia muy convincente" basada en análisis forenses estadísticos de que los datos fueron "falsificados". Además, el trabajo de investigación argumentó que el programa de trasplante de órganos del gobierno incluía donaciones de "donantes no voluntarios que están marcados como "donantes ciudadanos"".
“En junio, el Tribunal Independiente no gubernamental sobre la sustracción forzada de órganos de presos de conciencia en China publicó un informe que encontró 'evidencia directa e indirecta de sustracción forzada de órganos' en China, citando 'tiempos de espera extraordinariamente cortos' y 'desarrollo de infraestructura masiva de instalaciones y personal médico para operaciones de trasplante de órganos'”, escribió el informe.
La detención administrativa a menudo ha sido utilizada por funcionarios chinos para intimidar a defensores políticos y religiosos y para evitar manifestaciones públicas. El informe escribió: "Las formas de detención administrativa incluyeron... centros de "educación legal" para activistas políticos y adherentes religiosos, particularmente practicantes de Falun Gong".
Los practicantes de Falun Gong Bian Lichao y Ma Zhenyu siguen detenidos. Del mismo modo, los abogados de derechos humanos Wang Quanzhang, Gao Zhisheng, Yu Wensheng y Jiang Tianyong permanecen bajo custodia.
Se produjeron numerosos casos en los que los abogados de derechos humanos fueron reprimidos.
"En octubre, la policía secreta de Guangxi detuvo a Qin Yongpei bajo la acusación de "incitar a la subversión del poder estatal" y luego lo arrestó formalmente en diciembre. Permaneció en el Centro de Detención Número 1 de Nanning sin acceso a abogados a fin de año", dijo el informe, y agregó que Qin había trabajado en varios casos de derechos humanos, incluidos los practicantes de Falun Gong y el "incidente 709" (en el que unos cien abogados y defensores de derechos humanos fueron arrestados en China el 9 de julio de 2015). Qin fue expulsado en mayo de 2018 después de practicar la abogacía durante unos 20 años.
El informe dice que el gobierno chino suspendió o revocó las licencias comerciales o las licencias legales de algunos abogados que se ocuparon de casos delicados, como disidentes prodemocráticos, activistas de iglesias en casas o practicantes de Falun Gong. "Las autoridades utilizaron el proceso anual de revisión de licencias administrado por la Asociación de Abogados de China para retener o retrasar la renovación de las licencias de abogados profesionales", menciona el informe.
Un ejemplo es Liu Zhengqing, un abogado en la provincia de Guangdong conocido por defender a activistas y practicantes de Falun Gong. En enero de 2019, el Departamento de Justicia de Guangdong revocó la licencia de Liu y lo acusó de "poner en peligro la seguridad nacional" cuando defendía a sus clientes en los tribunales.
"Otras tácticas gubernamentales para intimidar o presionar a los abogados de derechos humanos incluyeron detenciones ilegales, vagas 'investigaciones' de oficinas legales, inhabilitación, hostigamiento e intimidación física, y la negación del acceso a la evidencia y a los clientes", continuó el informe, "en febrero varios abogados escribieron una carta abierta en protesta por el acoso del gobierno a los abogados que se ocuparon de casos de derechos humanos".
Además de la detención, el informe señaló que "las autoridades frecuentemente sometieron a expresos políticos y sus familias a vigilancia, escuchas telefónicas, registros y otras formas de acoso o amenazas".
El gobierno chino no permite que los practicantes de Falun Gong o los disidentes políticos regresen a China. Del mismo modo, "las familias de los abogados '709' enfrentaron dificultades para solicitar pasaportes o se les prohibió salir del país".
El informe también enumeró muchos otros tipos de maltrato. Por ejemplo, "asesinatos arbitrarios o ilegales por parte del gobierno; desapariciones forzadas por parte del gobierno; tortura por parte del gobierno; detención arbitraria por parte del gobierno; condiciones de prisión y detención severas y potencialmente mortales; prisioneros políticos; interferencia arbitraria con la privacidad; problemas sustanciales con la independencia del poder judicial; ataques físicos y enjuiciamiento penal de periodistas, abogados, escritores, blogueros, disidentes, peticionarios y otros, así como a sus familiares...".