(Minghui.org) En el artículo "China está sustrayendo por la fuerza órganos a prisioneros de conciencia, reglas del tribunal" publicado en el sitio web de la Organización para la Paz Mundial el 10 de diciembre de 2020, el investigador de China Kailey Ouellette dijo que el partido comunista chino está sustrayendo órganos a prisioneros de conciencia vivos, especialmente a practicantes de Falun Dafa, y que la comunidad internacional debe responsabilizar al PCCh e intervenir en su constante represión religiosa.

El artículo decía que, desde 1999, después que el partido comunista chino ordenó la persecución a Falun Dafa, la cantidad de centros de trasplante en China se incrementó en un 300%, y el tiempo de espera para un órgano se redujo significativamente, a pesar de que China no tiene un sistema de donación de órganos establecido.

Aunque el gobierno chino admitió después que había usado órganos de prisioneros ejecutados y anunció en enero de 2015 que había cambiado a un programa de donación voluntaria, la cantidad de prisioneros en la fila de la muerte simplemente no coincidía con la cantidad exponencialmente creciente de trasplantes en China. Aunque sigue siendo un secreto de estado, Amnistía Internacional estimó que "el número está en los miles, más alto que el resto del mundo combinado".

El artículo también señaló: "La Ley de procedimiento penal de China exige que los prisioneros condenados a muerte sean ejecutados en un plazo de siete días, lo que no daría tiempo suficiente para que los órganos se comparen con los donantes potenciales a la velocidad en que lo hacen actualmente".

Según los datos oficiales, China reporta entre 10.000 y 18.000 trasplantes de órganos cada año. Sin embargo, las estimaciones de otras organizaciones de derechos humanos apuntaban a un número mucho más alto, entre 60.000 y 100.000 trasplantes en toda China.

Ouellette dijo que el Dr. Huang Jiefu, ex viceministro de salud de China, presuntamente ordenó dos hígados de reserva para una operación en 2005 que fueron entregados a la mañana siguiente. "Para que esto sea posible, debe haber un grupo de personas sanas a las que se pueda recurrir para obtener órganos compatibles".

Ouellette mencionó que, para verificar la acusación, un grupo de investigadores llamó a varios hospitales en China y pidió específicamente órganos de los practicantes de Falun Dafa poco después de que las atrocidades fueran expuestas al resto del mundo en 2006. Los médicos que respondieron al teléfono prometieron que los órganos frescos de los practicantes de Falun Dafa estarían disponibles en cuestión de semanas o días.

En diciembre de 2018, el Tribunal de China emitió un fallo provisional en el que declaraba que "el exceso de órganos se estaba sustrayendo por la fuerza a los presos de conciencia, en particular de los practicantes de Falun Dafa".

Tras nuevas investigaciones y audiencias, el tribunal emitió el fallo definitivo en 2019 sobre este grave abuso de derechos humanos y declaró que "el gobierno chino estaba, más allá de toda duda razonable, sustrayendo órganos a prisioneros de conciencia".

El tribunal también confirmó que "la sustracción forzada de órganos se ha realizado durante años en toda China a una escala significativa y que los practicantes de Falun Dafa han sido una y probablemente la principal fuente de suministro de órganos".

Ouellette dijo en su informe que "Falun Dafa es una práctica espiritual que se basa en la meditación, enseñanzas espirituales y ejercicios para mejorar la salud de la mente y el cuerpo". Se presentó por primera vez al público por el Sr. Li Hongzhi en mayo de 1992 y fue practicada por más de 100 millones de personas en 1999.

Debido a su creciente popularidad, Jiang Zemin, el exlíder del régimen comunista chino, ordenó la persecución en 1999. También creó la oficina 610 como un grupo de trabajo especial con "poder casi ilimitado" para erradicar el "problema de Falun Dafa".

Dijo que, en la primera semana de la persecución, según un reporte, 50.000 practicantes fueron detenidos. El régimen comunista "diseminó propaganda para catalogar a los practicantes de Falun Dafa como peligrosos, desviados y anormales, y comenzó una campaña nacional para obligar a los practicantes de Falun Dafa a renunciar a sus creencias".

"Los métodos han incluido el secuestro y el encarcelamiento, el trabajo forzado, el uso de drogas psicotrópicas y varios tipos de tortura, como la inanición, electrocución y la privación del sueño".

Ouellette dijo que "estimaciones conservadoras sitúan la cifra de muertos en más de 1.000 practicantes de Falun Dafa durante los primeros cuatro años de persecución, y se estima que otras decenas de miles han sido asesinados para sostener el comercio de órganos".

“Los sobrevivientes también reportaron que los sometieron a múltiples exámenes médicos y les realizaron un análisis de sangre con el resultado percibido de ser aptos para sustraerles sus órganos. Algunas estimaciones estiman que el valor anual del negocio de los trasplantes ilegales supera los mil millones de dólares", añadió.

Para contrarrestar la persecución, los practicantes de Falun Dafa han realizado numerosas manifestaciones pacíficas en China y en todo el mundo, repartiendo folletos, explicando la situación y pidiendo a la gente que firme peticiones. A pesar de las respuestas violentas del gobierno y de los oficiales militares, muchos practicantes dentro de China viajaron a Beijing para apelar poco después de que se iniciara la persecución.

Aunque el régimen chino ha negado repetidamente las acusaciones de la persecución y ha seguido difundiendo propaganda para difamar a Falun Dafa, "múltiples publicaciones y organizaciones de derechos humanos también han llamado la atención sobre la difícil situación de los practicantes de Falun Dafa".

Ouellette dijo que el Tribunal de China le ha "pedido a las Naciones Unidas que siga investigando si la detención y la sustracción de órganos a los practicantes de Falun Dafa y del pueblo uigur constituye un genocidio de acuerdo a la Convención sobre el Genocidio, y que los funcionarios y los represores rindan cuentas y sean juzgados en un tribunal internacional de justicia".

"Israel, Taiwán y España han prohibido el 'turismo de órganos' de China, y se debe presionar a otros países para que hagan lo mismo. China debe rendir cuentas y ser denunciada tanto por la ONU como por otras comunidades internacionales, y se debe proporcionar ayuda e intervención humanitaria a los integrantes de estos grupos religiosos oprimidos".

Haciendo mención al Tribunal de China al final del artículo, Ouellette señaló que cuando los gobiernos y otras instituciones interactúan con la república popular china, "deben reconocer que 'ellos están, en la medida en que se revele [a través de la investigación], interactuando con un estado criminal'".