(Minghui.org) Una practicante de Falun Gong fue sentenciada a cuatro años por demandar al exlíder del partido comunista chino Jiang Zemin por lanzar la persecución a Falun Gong, causándole gran sufrimiento durante los últimos dieciocho años.
En noviembre de 2015 la policía de la ciudad de Daye arrestó a la señora Zhu Xixia, la interrogó y saqueó su casa. Luego de estar detenida por un mes, el 8 de diciembre de 2015, el fiscal emitió una orden oficial de arresto. La trasladaron a un centro de detención y la obligaron a realizar trabajos forzados.
Las autoridades trataron de evitar que los abogados de la señora Zhu la representen. El juicio, programado para el 6 de mayo de 2016, fue cancelado un día antes, justo cuando el profesional arribó a la ciudad. La corte trató de reprogramarlo para el 6 de julio, pero sus representantes no estaban disponibles. Se realizó el 15 de julio, y solo uno de los defensores pudo asistir.
Dos días antes del proceso, el juez de la corte de la ciudad de Daye llamó al abogado y le hizo saber que le otorgaría la libertad condicional e inmediata si se declaraba culpable.
En marzo de 2017, ocho meses después del juicio, el juez dictó la sentencia de Zhu. Le dieron cuatro años de prisión y una multa de 5.000 yuanes. La mujer apeló, pero la corte intermedia de la ciudad de Huangshi sin escuchar, ratificó el veredicto original. El 13 de julio la transfirieron a la prisión de mujeres de Wuhan sin conocimiento de la familia.
Más tarde los padres se enteraron del paradero, pero el 8 de agosto le negaron una visita familiar.
Antecedentes
En 1999, Jiang Zemin, como jefe del partido comunista chino, ignoró a los miembros del comité permanente del politburó y comenzó una violenta persecución hacia Falun Gong.
La persecución ha provocado la muerte de muchos practicantes de Falun Gong desde hace 18 años. Muchos han sido torturados por sus creencias e incluso asesinados por sus órganos. Jiang Zemin es directamente responsable por el comienzo y la continuación de la brutal persecución.
Bajo su dirección personal, el partido comunista chino estableció un órgano de seguridad ilegal, la “oficina 610”, el 10 de junio de 1999. La organización pasa por alto a las fuerzas policiales y al sistema judicial llevando a cabo las instrucciones de Jiang respecto a los practicantes de Falun Gong: arruinar su reputación, cortar sus ingresos financieros y destruirlos físicamente.
La ley china permite a los ciudadanos ser demandantes en casos criminales, y muchos practicantes están ahora ejerciendo su derecho presentando sus demandas criminales contra el exdictador.
En su “reforma del sistema de registro de opiniones”, la procuraduría suprema en China afirmó que garantizaría el registro y el procedimiento de todas las denuncias presentadas. Esta nueva poliítica debía entrar en vigencia el 1 de mayo de 2015.
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