(Minghui.org) El 23 de marzo, una pareja de ancianos de la ciudad de Shantou estaba disfrutando de una cena con su nieto, cuando la policía irrumpió en su departamento y los arrestó. Mientras los policías revolvían todo y hacían amenazas, el niño de 7 años estaba aterrorizado y no podía parar de llorar.

De acuerdo con los policías presentes, el Sr. Zheng Minghui y su esposa, la Sra. Peng Peishan, fueron blancos del arresto debido a que enviaron una demanda penal en contra de Jiang Zeming. La pareja acusaba al ex dictador chino de iniciar la persecución a Falun Gong violando su derecho constitucional de libertad de creencia y esta fue la causa de que los detuvieran en el pasado.

Fueron llevados a la comisaría de Shipaotai, donde se los interrogó toda la noche. Los ataron a una silla y los golpearon severamente, también les extrajeron sangre en contra de su voluntad.

Un día después, fueron transferidos al centro de detención de la ciudad de Shantou. Allí fueron otra vez interrogados el 1 de abril, esta vez por agentes de la oficina de seguridad nacional.

El 3 de abril, el Sr. Zhang y la Sra. Peng, se enteraron que su estado cambió de detención administrativa a detención criminal, lo que significa que ahora enfrentarán acusaciones y un juicio.

Sus dos abogados planean defender su inocencia. Mientras tanto, la Sra. Peng está en huelga de hambre desde que ella y su marido fueron llevados al centro de detención el 24 de marzo.

Antecedentes

En 1999, Jiang Zemin, como jefe del partido comunista chino, ignoró a otros miembros permanentes del comité del politburó y lanzó la violenta represión a Falun Gong.

La persecución ha llevado a la muerte a muchos practicantes de Falun Gong en los últimos 16 años. Muchos más han sido torturados por su creencia e incluso asesinados por sus órganos. Jiang Zemin es directamente responsable por el comienzo y continuidad de la brutal persecución.

Bajo su dirección personal, el partido comunista chino estableció un órgano ilegal de seguridad, la “oficina 610”, el 10 de junio de 1999. La organización ignora las fuerzas policiales y el sistema judicial al llevar adelante las directivas sobre Falun Gong: arruinar su reputación, cortar sus recursos financieros, y destruirlos físicamente.

La ley china permite a los ciudadanos ser demandantes en causas penales, y muchos practicantes están ahora ejerciendo ese derecho presentando demandas penales contra el ex dictador.