(Minghui.org) Desde enero de este año, más de 5000 ciudadanos chinos de cinco ciudades firmaron la petición para apoyar el procesamiento de Jiang. Muchos condenaron la corrupción de Jiang, su abuso del poder en perseguir a Falun Gong y orquestar la sustracción forzada de órganos de los practicantes mientras aún están vivos.

Los ciudadanos piden que el régimen comunista deje de perseguir a Falun Gong y demandan que la corte suprema y la procuraduría suprema populares lo procesen.

Estos 5000 ciudadanos son de Hengshi, Tangshan, y Dingzhou en la provincia de Hebei, Jiamusi de la provincia de Heilongjiang y Nanchang de la provincia de Jiangzxi.

Las firmas colectadas en Jiamusi, provincia de Heilongjiang.

Las firmas colectadas en Nanchang, provincia de Jiangxi.

Desde mayo de 2015, miles de ciudadanos de Hebei, Sichuan, y Shandong, firmaron la misma petición.

“¡Quiero ser una china recta!”, dijo una mujer mientras firmaba la petición.

Michos chinos ancianos que fueron testigos de los cambios desastrosos que trajo el partido comunista a China en las décadas pasadas, también firmaron la petición.

“Jiang ha hecho tanto daño a nuestro país. Deberíamos unirnos para llevarlo a la justicia”, dijo un hombre de unos 20 años.

Antecedentes

En 1999, Jiang Zemin, como jefe del partido comunista chino, ignoró a otros miembros permanentes del comité del politburó y lanzó la violenta represión a Falun Gong.

La persecución ha llevado a la muerte a muchos practicantes de Falun Gong en los últimos 16 años. Muchos más han sido torturados por su creencia e incluso asesinados por sus órganos. Jiang Zemin es directamente responsable por el comienzo y continuidad de la brutal persecución.

Bajo su dirección personal, el partido comunista chino estableció un órgano extra legal de seguridad, la “oficina 610”, el 10 de junio de 1999. La organización ignora las fuerzas policiales y el sistema judicial al llevar adelante las directivas sobre Falun Gong: arruinar su reputación, cortar sus recursos financieros, y destruirlos físicamente.

La ley china permite a los ciudadanos ser demandantes en causas penales, y muchos practicantes están ahora ejerciendo ese derecho presentando demandas penales contra el ex dictador.