(Minghui.org) Los ciudadanos chinos están ahora haciendo ejercicio de su derecho legal a responsabilizar al ex dictador Jiang Zemin de la persecución a Falun Gong.

Una nueva política que entró en vigor a partir del 1° de mayo de 2015 declaró que la corte suprema popular garantizará el registro y proceso de todas las querellas penales y civiles. La policía alentó a miles de practicantes de Falun Gong y a varios de sus familiares a presentar demandas, a pesar de la persecución actual en China.

El derecho de demandar a cualquier organismo o funcionario por actos penales y negligencia de sus actos está protegido por la constitución china. Privar a los ciudadanos de su derecho representa una violación de la ley.

No obstante, Minghui ha recibido varios reportes de ciudadanos que son ilegalmente arrestados por ejercer este derecho.

Por ejemplo, el 13 de junio de 2015, oficiales de varias comisarías en Lianyugang, provincia de Jiangsu, arrestaron a seis practicantes de Falun Gong que habían presentado sus demandas penales contra Jiang Zemin: Zhong Chongbin (仲崇斌), Yuan Chunli (袁春丽), Zhong Jinjun (仲进军), Yao Xingying (姚兴英), Xu Ruhua (徐如花), and Xu Longbiao (徐龙彪). Los últimos tres practicantes habían sido liberados al momento de escribir este artículo.

Los practicantes de Falun Gong adhieren a los principios de Verdad, Benevolencia, Tolerancia. Informan a la gente sobre la persecución en China, que de otro modo queda completamente encubierta por la propaganda de su propio perpetrador: el régimen comunista.

No hay nada malo con que los ciudadanos ejerzan su derecho de libertad de expresión. Aun así, han sido sujetos a la brutal persecución y tortura bajo la dirección de Jiang y sus séquitos por 16 años. Miles de practicantes han sido torturados, y muchos asesinados. El uso de la violencia contra los practicantes tiene el único propósito de obligarlos a abandonar su creencia.

Los practicantes están usando las demandas como otro medio pacífico para resistir la persecución. Están demandando a Jiang por sus crímenes de tortura y genocidio. La policía de Lianyungang debería liberar de inmediato a los tres practicantes que siguen arrestados.

Las cortes supremas deben adherir a la nueva política de registrar todos los casos, imputar a Jiang Zemin, y condenarlo justamente bajo las leyes chinas e internacionales.