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"Histórica sentencia del Tribunal Constitucional Español reconociendo la justicia universal y la competencia de España para investigar y enjuiciar a los culpables de cualquier genocidio".

El 5 de octubre se ha hecho público que el Tribunal Constitucional de España, el más alto Tribunal en materia de derechos fundamentales en España, ha anulado el criterio que había mantenido el Tribunal Supremo y ha declarado que los Juzgados y Tribunales españoles son competentes para investigar y enjuiciar a los culpables de los delitos de genocidio ocurran donde ocurran y con independencia de la nacionalidad de los culpables o de las víctimas.

Todas las Asociaciones Defensoras de los Derechos Humanos en España, Abogados e Instituciones de diversa índole han celebrado con enorme alegría este día histórico para España y para la comunidad internacional, al haberse dado un paso adelante en la defensa de los valores más profundos del ser humano que se encuentran recogidos en las diferentes Convenciones y en los Tratados Internacionales.

La sentencia histórica ha sido dictada por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional compuesta por 4 magistrados españoles dando contestación al Recurso de Amparo interpuesto por distintas personas, encabezadas por la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú así como Asociaciones y Abogados defendiendo la denuncia interpuesta en el año 1999 ante la Audiencia Nacional de España por el genocidio étnico en Guatemala contra el pueblo maya, durante los años 1978 y 1986.

Tanto La Audiencia inicialmente como el propio Tribunal Supremo denegaron la competencia de España para investigar y enjuiciar los delitos de genocidio, exigiendo como requisito para poder intervenir, la existencia de víctimas españolas en el genocidio o que los intereses nacionales españoles estuvieran involucrados o se vieran afectados. Se interpreta de forma equivocada la Ley Española, concretamente el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que reconoce de forma clara el principio de jurisdicción universal, declarando que los Juzgados españoles son competentes para investigar y enjuiciar los delitos de genocidio con independencia tanto del lugar en el que se producen como de la nacionalidad de las víctimas, acogiendo de esta forma la justicia universal para los delitos más graves contra la comunidad internacional y que repugnan la conciencia humana, como son los casos del genocidio y las torturas, y actuando de acuerdo con el espíritu de la Convención para la prevención y castigo del Delito de Genocidio de 9 de diciembre de 1948.

Sin embargo en esta sentencia histórica el más Alto Tribunal Español, El Tribunal Constitucional, definitivamente asume la interpretación de la Ley de acuerdo con su verdadero espíritu y con la finalidad de evitar que los más altos crímenes de Derecho Internacional y que afectan a toda la Comunidad Internacional, como es el caso de genocidio, queden impunes y que sus culpables queden sin castigo. Así de esta forma permite que los Tribunales de España puedan investigar los hechos que sean denunciados como genocidio y castigar a los culpables aunque no sean españoles ni las víctimas tampoco lo sean, acogiendo por tanto la justicia universal como principio de actuación de los Tribunales de España, que desde este momento podrán convertirse en garantes de los derechos de las víctimas de cualquier genocidios que se cometan en el mundo.

La sentencia que sienta un precedente verdaderamente histórico, se convierte en un ejemplo para todo el mundo en la defensa de los valores y los derechos esenciales del ser humano, así como de sus valores éticos y morales.

El Tribunal Constitucional entiende que cuando se comete un genocidio no sólo afecta al país donde se producen los hechos sino que afirma que debe ser perseguido "como delito de derecho internacional y de evitación de impunidad de un crimen tan grave". "Siendo compromiso común de todos los Estados la persecución de tan atroces crímenes por afectar a la Comunidad Internacional", y por tanto resulta indiferente que los genocidas o culpables sean de una u otra nacionalidad y las víctimas tengan o no la nacionalidad española, ya que estamos ante un delito que conmueve a todos los ciudadanos del mundo. Cuando se comete genocidio en cualquier lugar éste debe ser perseguido a través del principio de justicia universal, ya que su gravedad "trasciende a las propias víctimas y alcanza a la Comunidad Internacional en su conjunto y su persecución y sanción constituyen, no sólo un compromiso, sino también un interés compartido de todos los Estados".

La consecuencia directa de esta sentencia es que cualquier persona que sea querellada en España por el delito de genocidio será objeto de investigación y podrá ordenarse si es culpable su detención si se encuentra en España o en cualquiera de los numerosos países del mundo con los que España tenga suscrito Tratado de Extradición.

Esta sentencia que es firme y definitiva y no puede ser recurrida cambiará el concepto de justicia y será un referente para la historia futura, en la que ningún responsable de tan horribles crímenes contra la humanidad podrá quedar sin castigo por el hecho de estar amparado bajo cualquier poder dictatorial.

La Gran Época en España ha podido conocer de fuentes jurídicas contrastadas que todos los genocidios pendientes de resolución en los Juzgados de España se verán beneficiados por esta sentencia, entre ellos el más grave genocidio cometido en la historia reciente de la humanidad en la persecución lanzada por el Partido Comunista Chino contra el movimiento espiritual y ético Falun Gong, donde se estiman que casi 100 millones de personas están siendo objeto de este genocidio, con decenas de miles de personas asesinadas bajo las más horribles torturas en un sangriento exterminio ideado por el expresidente chino Jiang Zemin, que ha sido acusado en España junto al Coordinador de la Oficina de Exterminio 6/10 Luo Gan, El Presidente del Comité Nacional del Consejo Consultivo Político del Pueblo Chino Jia Qinglin y otros responsables de la Oficina 6/10 en varias querellas por los delitos de genocidio y torturas.

El abogado de los querellantes en el genocidio de Falun Gong ha manifestado en entrevista concedida para La Gran Época que "Desea transmitir a los miembros del Dictadura del Partido Comunista Chino que están directamente involucrados en este genocidio que tengan muy claro que la Justicia de España ha despertado a la defensa de las víctimas y que se desplegarán todas las acciones judiciales para que los asesinos , sean quienes sean, respondan de sus horribles crímenes ante la Justicia y ante la Historia. La hora de la Justicia está llegando para los crímenes del Partido Comunista".

La sentencia del Tribunal Constitucional de España abre las puertas a la esperanza de millones de personas que sufren en silencio los horribles crímenes en los países del mundo y aporta la rectitud y la salvaguarda que las leyes deben ofrecer a lo más valioso que tenemos: la verdadera esencia del ser humano y sus derechos y valores esenciales y fundamentales.

Periodista de La Gran Época en España.

Fecha de edición: 23/10/2005
Fecha del artículo original: 19/10/2005
Categoría: Medios de difusión