(Minghui.org) El 16 de mayo de 2018, 8 residentes en el condado de Fuyu fueron arrestados por presentar denuncias penales contra el exdictador chino Jiang Zemin por iniciar la persecución a Falun Gong que resultó en detenciones pasadas.

Falun Gong, también conocido como Falun Dafa, es una práctica mente-cuerpo basada en los principios de Verdad-Benevolencia-Tolerancia.

Fan Jingtao, Fan Lijuan, Hong Li y Wang Dianmin, todos ellos trabajadores por cuenta propia, fueron secuestrados momentos después de que abrieron sus negocios. Poco antes de arrestar a Wang, la policía local había ido al hospital local para acosar a la madre de Wang, que estaba siendo tratada por un ataque de apoplejía y alta presión arterial.

Pan Honghua, Xiaohong (cuyo apellido aún no se ha investigado), Zuo Dexiu (un maestro de 60 años) y Zhou Minglei fueron los otros 4 practicantes de Falun Gong arrestados el mismo día.

El sexo de estos practicantes es desconocido al momento de escribir. Les dieron entre 5 y 10 días de detención.

Trasfondo

En 1999, Jiang Zemin, como jefe del partido comunista chino, superó a otros miembros del comité permanente del politburó y lanzó la represión violenta de Falun Gong.

La persecución ha llevado a la muerte de muchos practicantes de Falun Gong en los últimos 19 años. Más han sido torturados por sus creencias e incluso asesinados por sus órganos. Jiang Zemin es directamente responsable del inicio y la continuación de la brutal persecución.

Bajo su dirección personal, el partido comunista chino estableció un órgano de seguridad extralegal, la “oficina 610”, el 10 de junio de 1999. La organización anula las fuerzas policiales y el sistema judicial al cumplir la directiva de Jiang con respecto a Falun Gong: arruinar su reputación, cortar sus recursos financieros y destruirlos físicamente.

La ley china permite que los ciudadanos sean demandantes en casos criminales, y muchos practicantes ahora ejercen ese derecho a presentar denuncias penales contra el exdictador.

En sus “opiniones de reforma del sistema de registro”, el tribunal popular supremo de China afirmó que garantizaría el registro y el procesamiento de todas las quejas presentadas. Esta nueva política entró en vigencia el 1 de mayo de 2015.