(Minghui.org) Cuando la policía del condado de Wen’an en Langfang, provincia de Hebei, trató de presentar cargos contra un practicante de Falun Gong, pensaron que todo marcharía como de costumbre en estos 18 años de persecución a la disciplina. Sin embargo, se quedaron cortos. Al parecer la fiscalía no estuvo dispuesta a inculpar a una persona por ejercitar sus derechos constitucionales, y en lugar de eso, liberaron al practicante sin cargos.

Liu Yingjie y otros ocho practicantes de Falun Gong fueron al mercado del municipio de Daliu el 2 de enero de 2017, a distribuir calendarios con información sobre Falun Gong y sobre la persecución del partido comunista chino (PCCh) a esta disciplina espiritual tradicional. La policía arrestó a los nueve practicantes y los detuvo por 15 días en el centro de detención del condado de Wen’an.

El caso del Sr. Liu fue transferido a la fiscalía de Wen’an en un intento de iniciar procedimientos legales en su contra.

La fiscalía decidió no ratificar el arresto y liberó al Sr. Liu sin ningún cargo.

Puede ser que el personal de la fiscalía de Wen’an entendiera la naturaleza de Falun Gong y supiera que la práctica personal de creencias espirituales no es ilegal, y que de hecho es protegida por la constitución china.

Los casos de practicantes liberados sin ningún cargo parecen ser una tendencia creciente dentro de China, con cada vez más empleados judiciales indispuestos a perseguir a ciudadanos que creen en los principios de Verdad, Benevolencia y Tolerancia de Falun Gong.

Antecedentes

En 1999, Jiang Zemin, como jefe del partido comunista chino, ignoró a otros miembros permanentes del comité del politburó y lanzó la violenta represión a Falun Gong.

La persecución ha llevado a la muerte a muchos practicantes de Falun Gong en los últimos 18 años. Muchos más han sido torturados por su creencia e incluso asesinados por sus órganos. Jiang Zemin es directamente responsable por el comienzo y continuidad de la brutal persecución.

Bajo su dirección personal, el partido comunista chino estableció un órgano ilegal de seguridad, la “oficina 610”, el 10 de junio de 1999. La organización ignora las fuerzas policiales y el sistema judicial al llevar adelante las directivas sobre Falun Gong: arruinar su reputación, cortar sus recursos financieros, y destruirlos físicamente.

La ley china permite a los ciudadanos ser demandantes en causas penales, y muchos practicantes están ahora ejerciendo ese derecho presentando demandas penales contra el exdictador.